La fuga masiva de presos de un penal santafesino a partir de una maniobra cinematográfica puso en aprietos al gobernador Omar Perotti en un área sensible y permeable a críticas como la seguridad, justo cuando había podido serenar las aguas luego de la salida del exministro Marcelo Sain. No habrá purga de funcionarios y se descarta complicidad penitenciaria, lo que evidencia una profundización del arrojo de las bandas delictivas, que se animan a todo. “Esto marca un antes y un después” y “estamos tocando fondo" fueron los primeros análisis del gobierno provincial al que se le activa otro fenómeno en el marco de la inseguridad.
Ocho internos prófugos y un muerto fue el resultado de la fuga de este domingo por la tarde en la cárcel provincial de Piñero, ubicada a 30 kilómetros de Rosario, que contó con apoyo desde el exterior de personas que dispararon con ametralladoras a los guardias y cortaron el cerco perimetral con amoladoras a batería. Las imágenes grabadas por otros internos desde sus celulares le dieron una impronta más dantesca aún a la situación.
El episodio tuvo una fuerte repercusión, lo que obligó al gobierno provincial a activar los escudos y dar explicaciones sobre un hecho protagonizado por un grupo comando que se dispuso a sacar a presos un domingo por la tarde y lo logró sin más que cortar dos alambrados. Una de las reacciones fue el anuncio de la construcción de un muro de seguridad.
El ministro de Gobierno y Justicia, Roberto Sukerman, de quien depende del área de Asuntos Penitenciarios, atribuyó la fuga a las condiciones de infraestructura, puntualmente a la "superpoblación" de presos federales en unidades provinciales. En conferencia de prensa, responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri de no avanzar en su momento con la construcción de una prisión para descomprimir esa situación.
El diputado radical Juan Cruz Cándido, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara baja provincial, que se reunióde urgencia este mediodía, también atribuyó la cuestión a un problema de infraestructura, pero lo cargó a la cuenta de Perotti. “Hace un año y medio que no se agrega una plaza, se paralizó la obra pública penitenciaria. Además, se relajaron los controles, sobre todo en alto perfil. Esto es la consecuencia”, dijo a Letra P. En el gobierno recuerdan que se licitó la primera etapa de la nueva Unidad Penitenciaria N°12 en la zona oeste de Rosario, pero que el problema son los 500 presos federales y aquellos de alto perfil.
El director del Servicio Penitenciario provincial, Jorge Bortolozzi, sintetizó lo que significa este episodio en una lectura de fondo. “Los delincuentes siempre van más adelante”, dijo. “Esta enseñanza y este fondo que estamos tocando tienen que permitirnos acelerar la puesta en marcha de todo lo que proyectamos en estos cuatro meses”, agregó a El Litoral.
“Es un hecho que marca un antes y un después. No es un hecho como el que sucedió dos semanas atrás”, dijo Sukerman. Se refiere a la fuga del mes pasado de dos presos de la misma unidad penitenciaria sacados por su familia dentro de dos cajas de alimentos. Las unidades penales han tomado un protagonismo elocuente en los últimos años, no sólo por las fugas, sino porque se convirtieron en un punto neurálgico desde donde operan las bandas encarceladas sin ningún control.
Al margen de los factores materiales, no es un simple escape de presos sino un fenómeno que pone en discusión el real abordaje entre la seguridad, la política y los asuntos penitenciarios, un triángulo que parece tener lados desconectados.
Según Cándido, uno de los problemas es que se disoció el servicio penitenciario al quitarlo de la cartera de Seguridad y poniéndolo en la órbita de Gobierno. Esta es una de las primeras esquirlas que le pegan al gobierno provincial. En tanto, Sukerman también criticó a la oposición. "Veía en redes sociales a algunos políticos hacer leña del árbol caído de esta situación para generar un clima que uno lamenta", dijo al referirse a dirigentes que le recordaban con ironía el eslogan "Paz y orden" que el gobernador usó en campaña en contraste con la gestión socialista.
Luego lanzó una indirecta a la gestión del Frente Progresista. “No puede verse aislada esta situación. Tuvimos la casa del gobernador (Antonio Bonfatti) baleada, también al Centro de Justicia Penal, a casas de jueces”, recordó. Por último, pidió por las tres leyes del Ejecutivo provincial vinculadas a la reforma de seguridad “que todavía ni siquiera empezaron a ser debatidas”.
