Este jueves se producirá la primera reunión formal entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y las delegaciones locales de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Si bien hay promesa de anuncios que permitan movilizar el sector -la inversión en gastos de capital viene de sufrir fuertes ajustes-, el escenario no parece ser el ideal: el Ejecutivo provincial anunció días atrás la decisión de habilitar a las cooperativas para participar de la obra pública, lo que generó sospechas entre referentes de la patria contratista que, en un zoom interno celebrado a principios de semana, prometieron “dar batalla” .
Las empresas no ocultan su enojo con las autoridades provinciales. Aseguran no encontrar interlocutores válidos, afirman sentirse ninguneadas y aún les cuesta procesar que, incluso antes de asumir, Perotti haya mandado a frenar todas las licitaciones, entorpeciendo procesos que aún hoy no están del todo aceitados. En el medio, el gobierno les refinanció la deuda a través de bonos y cheques de pago diferido. La novedad de las cooperativas las tomó por sorpresa. “Queremos conocer la letra chica, porque no estamos en igualdad de condiciones”, confió a Letra P uno de los constructores que pisa fuerte en la ciudad de Santa Fe.
Este portal ya contó la “poca onda” que existe entre el mandatario rafaelino y la CAC. La novedad, que describe a las claras esta relación, es una cena concretada a principios de abril entre Miguel Lifschitz y tres popes locales del rubro: Sergio Winkelmann (Winkelman SRL), Roberto Pilatti (Constructora Pilatti S.A.) y Renato Franzoni (Mundo Construcciones S.A.). Los empresarios le transmitieron al exgobernador, que fallecería un mes después, su preocupación por la falta de diálogo con el gabinete del gobernador.
"Estábamos acostumbrados a otro tipo de diálogo totalmente distinto", se quejó uno de los asistentes al encuentro celebrado en las afueras de la capital provincial, quien luego admitió que "la relación no es que sea mala, pero no es muy intensa. Nos cuesta muchísimo entrar". Del convite participó también el exministro de Infraestructura y actual diputado provincial José León Garibay.
La patria contratista no tiene partido, pero mira los números y saca conclusiones. Según los datos oficiales, durante el primer trimestre de 2021, la provincia ejecutó gastos de capital por $4.838 millones, una cifra que, si bien es el doble respecto de la del año pasado, es significativamente menor que los $6.466 millones del mismo período de 2019. La comparación es más evidente si se considera que se trata de valores constantes que no tienen en cuenta el efecto inflacionario.
Hacia adelante, los referentes locales de la CAC observan que no se avecina una avalancha de obra pública, sino que, por el contrario, las licitaciones se encuentran muy demoradas. Si bien comprenden los argumentos oficiales sobre las dificultades impuestas por la pandemia, plantean las complejidades que genera una superestructura como la que tiene a cargo la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana.
En el entorno de Frana sostienen que se viene acelerando el ritmo de salida de nuevos proyectos -lo que es fácilmente verificable en la sección de licitaciones del portal web del gobierno-, pero para los constructores tiene sabor a poco. “Había cierta expectativa al inicio del año, pero sigue habiendo subejecución de las partidas”, indicó uno de los empresarios que participará de la reunión virtual a realizarse este jueves por la tarde. “Va a haber anuncios importantes”, prometieron voceros de la provincia.
Más leña al fuego
Con este escenario, el gobierno anunció la semana pasada su decisión de habilitar a las cooperativas para participar en la obra pública. En una primera etapa, el plan se limita a las licitaciones vinculadas a trabajos en edificios públicos, pero en la Cámara de la Construcción prenden las alarmas.
"No es nuestra intención sacarle trabajo a las empresas, sino que el gobierno tiene que gobernar para todos los santafesinos y las santafesinas. La idea es abrir la obra pública a la economía social y solidaria”, explicó a Letra P la directora provincial de Auditoría y Control de Gestión, Ileana Rossi.
No deja de llamar la atención el timming de la Casa Gris. El comunicado oficial sobre la iniciativa se difundió el jueves pasado, una semana antes del que será el primer encuentro formal con los constructores, pero la normativa que le dio impulso lleva varios meses corriendo: la Resolución 517 del Ministerio de Infraestructura fue rubricada el 20 de agosto de 2020.
Según explica la norma, el fundamento principal para facilitar el ingreso de las cooperativas es "la realidad socioeconómica del país, donde el trabajador de la construcción (...) ha quedado relegado o apartado del mercado laboral y busca reinsertarse a través de la reformulación de nuevas formas de trabajo".
La resolución flexibiliza los requisitos para que las cooperativas formen parte del Registro de Licitadores, pero, además, brinda facilidades financieras. Se establece un adelanto del 30% (generalmente es del 15%) y se define un cronograma de pago "más acotado". En base a estos lineamientos, el gobierno provincial confía en elevar el número de cooperativas inscriptas: hoy, son solo tres sobre un total de 260 empresas habilitadas.
En un zoom celebrado a principios de semana, los constructores prometieron “dar batalla” a la iniciativa oficial. Consideran que la jugada abrió la puerta a una competencia que no los encuentra peleando en igualdad de condiciones por los beneficios fiscales que tienen las firmas de la economía social.
