Cuando Omar Perotti salió a defender su política de obra pública tras la polémica que instaló el socialismo rosarino, no mencionó el que quizás sea el más grande desarrollo de infraestructura pública en la principal ciudad de la provincia. Se trata de una iniciativa por 18 millones de dólares que involucra la construcción de 250 viviendas y la apertura de calles en una histórica barriada de la zona sur rosarina. Con marcado bajo perfil, los trabajos prevén finalizar este año y llevan el sello de pesos pesados del sector privado, entre ellos, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekián.
¿Por qué el mandatario rafaelino no incluyó esta intervención en el largo listado de obras que salieron a defender el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, y su par de Infraestructura, Silvina Frana? La respuesta precisa la tiene solo el jefe de la Casa Gris, pero hay dos factores que contribuyen: por un lado, que se trate de una inédita experiencia de PPP gestada por el Frente Progresista; por otro, la directa participación de un constructor rosarino que Perotti suele mirar con recelo.
Los trabajos que hoy se desarrollan son el resultado de un proceso iniciado en la gestión de Antonio Bonfatti. Por esos años, se hizo una licitación que, en trazos gruesos, puede catalogarse como el único modelo exitoso de participación público privada concretado en el país, mediante el cual el Estado logró ejecutar infraestructura pública sin aportar financiamiento directo. En 2015, la UTE conformada por las firmas Petersen, Thiele & Cruz, Helport y Pecam ganó el derecho de levantar un emprendimiento inmobiliario en un sector del ex-Batallón 121 -un gran pulmón verde en la zona sur rosarina-, sobre terrenos originalmente públicos pero que terminaron siendo aportados a un fideicomiso creado ad hoc. Como contrapartida, los privados se comprometieron a realizar una fuerte inversión en infraestructura para el “Cordón Ayacucho”, un histórico asentamiento que según el Registro de Barrios Populares habitan 630 familias.
Como la obra pública tenía plazos más estrechos que el desarrollo privado, rápidamente la cosa empezó a rodar. A comienzos de 2016, las firmas integrantes de la UTE conformaron Desarrollo Integral del Sur SA, compañía que tiene a su cargo, entre otras tareas, la construcción de más de 250 viviendas para la relocalización de familias. Según información provista por la Intendencia rosarina, la mitad de las casas ya se entregaron y la parte restante culminará este mismo año. En paralelo, la empresa avanza con la apertura de seis calles y la correspondiente provisión de infraestructura (agua, cloacas y energía, entre otros servicios) en el asentamiento.
Fuentes que siguen de cerca el tema confirmaron a Letra P que la inversión realizada por la UTE alcanza los 18 millones de dólares. A pesar de la continuidad que viene registrando la obra y el nulo esfuerzo fiscal que la misma involucra, ningún dirigente del oficialismo provincial se fotografió en el lugar. La semana pasada, para replicar un informe del socialismo rosarino que hablaba de discriminación en el reparto de fondos, Frana no incluyó la intervención en un largo listado de obras en marcha. ¿Por qué?
Poca onda
La relación de Perotti con los constructores -en particular, con los de Rosario- no es buena. Quedó demostrado incluso en la campaña previa a las elecciones de 2019, cuando el rafaelino fue el único de los candidatos que no participó del foro organizado por la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción. Más que un encono particular, en realidad se trata de un estilo propio del gobernador santafesino: no le gusta que le marquen la cancha.
El lobby del ladrillo presiona en estas semanas para que la provincia adhiera al blanqueo promovido por la Ley 27.613. “Lo estamos analizando”, se limitó a decir una fuente segura del Ministerio de Hacienda, de las pocas que suelen atender el teléfono en la Casa Gris. Como contó oportunamente Letra P, viene encabezando el pedido, entre otros, el titular de Pecam, Ricardo Griot.
Aunque no lo dirán jamás en la esfera pública, Perotti y su entorno están convencidos de que Griot forma parte de los empresarios favorecidos por el socialismo, una historia que se decidió dejar atrás a partir del 10 de diciembre de 2019. Un caso paradigmático es el del Aeropuerto Internacional de Rosario, donde el constructor formó parte de la UTE que se quedó con la licitación para construir una nueva terminal, una obra que prometía ser faraónica pero quedó reducida a la nada. A mediados de 2019, el socialista había encabezado un acto público para comprometer la continuidad de los trabajos más allá del resultado del comicio. Por supuesto, el rafaelino no acudió a la cita.
El emprendimiento inmobiliario que el referente de la Cámara de la Construcción prevé levantar junto a Eskenazi y Eurnekian en la zona sur rosarina debe comenzar antes de 2025. Para iniciar las tareas -el anteproyecto hablaba de unos 1.400 departamentos- se requerirá una serie de trámites provinciales que, en función de los antecedentes, no aparenta ser un escollo sencillo.
