21|7|2021

Ya no es noticia que aumentan la pobreza y el desempleo, y que la pandemia profundizó las desigualdades. La novedad es que la recaudación fiscal mejoró por los aumentos de precios (que engrosan el IVA), por la mayor cotización de las commodities, y por el cobro del impuesto a las grandes fortunas. 

 

¿Y entonces? Es evidente que el Gobierno nacional decide dar la espalda a una amplia franja de pobres e informales. Aquellos a quienes el año pasado "descubrió" al tener que ampliar y destinar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Tampoco mejora la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios, y demora los pagos para insumos y herramientas del Potenciar Trabajo.

 

Este ajuste pega duro en los barrios populares. Ante una segunda ola más extendida que obliga a aislarse, la encrucijada es enfermarse por covid o directamente no comer. Hay que elegir y no es justo. Las familias llegan a nuestros comedores, pidiendo un plato de comida y un trabajo. 

 

Los trabajadores de comedores y merenderos somos esenciales y el Ministerio de Salud de la Nación determinó que debemos recibir la vacuna contra el covid. Sin embargo, solo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a ejecutar esa indicación. Mientras tanto, el gobierno bonaerense manifestó explícitamente a medios que desconocerán esa prioridad. Por el momento, hay más de 70.000 trabajadores y trabajadoras de comedores registrados para recibir la vacuna, y no hay un horizonte claro sobre el tema. 

 

En Argentina el hambre nunca se fue, la pobreza crece, y desde el inicio de la pandemia nuestros comedores y merenderos estuvieron al frente, sin bajar las cortinas, llevando siempre una copa de leche y un plato de comida a quien lo necesitara. ¿Justamente la provincia de Buenos Aires, donde más comedores y merenderos hay por las enormes inequidades existentes se arroga la atribución de incumplir la vacunación a trabajadores esenciales?

 

Otro de nuestros reclamos prioritarios e importantes desde el inicio de la pandemia es por la conectividad y los dispositivos. Desde marzo del 2020, el covid-19 puso de manifiesto la crisis del sistema educativo, ampliando la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos. El rol del gobierno de Alberto Fernández es garantizar el derecho a la comunicación y a la educación. 

 

Venimos de semanas donde la clase política demuestra día a día que viven en otra sintonía. Desde un expresidente que confesó cortar su jornada laboral a las 19 para ver series, hasta una diputada del oficialismo quejándose abiertamente al decir que tienen las dietas más bajas de la región. 

 

Unas 900 mil personas en todo el país cobran el Plan Potenciar Trabajo, lo que significa unos $12.200 mensuales para cada beneficiario, por una contraprestación de 20 horas semanales en proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios. La mitad de un salario mínimo, vital y móvil, que ya de por sí es trágico. Mientras se realizan reuniones parlamentarias para aumentos de sueldos de la dirigencia política, nosotros simplemente venimos a pedirle al Gobierno nacional el derecho a toda la clase trabajadora, incluido el Potenciar Trabajo, a recibir el aguinaldo. El bono recientemente anunciado por el ministro Daniel Arroyo, de carácter "extraordinario", dista mucho de serlo.

 

Somos conscientes de la situación sanitaria por la que el país está atravesando, y no nos hace felices ni mucho menos salir a las calles, pero nos vemos obligados ya que las respuestas ante todas estas necesidades sigue siendo nula. La brecha de desigualdad e inequidad crece día a día. Somos una organización que trabaja hace más de 20 años por los que menos tienen, y muchos de los pedidos siguen siendo los mismos. La clase política le debe muchísimas respuestas a la sociedad. 

 

Hay bronca y dolor, pero también hay dignidad. El Gobierno debería tomar nota de que la situación es muy grave, dejar de fabricar peleas y decidir si va a continuar emprolijando planillas de cálculo a pedido del FMI, o va a asistir a los sectores más castigados.