Un mes después de haber presentado su renuncia como legislador, Martín Soria volvió a la Cámara de Diputados calzado en el traje de ministro de Justicia. La instancia de estreno elegida fue el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, el lugar donde están frenadas las reformas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal (MPF) que aprobó el Senado a fines del año pasado. El flamante ministro tiene la misión de destrabar su tratamiento como parte de la batalla que se librará en el Congreso sobre el rol de la Justicia. Según los números que manejan en el oficialismo, cuentan con 122 voluntades, frente a 127 en contra y seis indecisos.
Con esa ecuación el oficialismo no llega al quórum ni siquiera sumando esas seis voluntades que todavía no tienen una definición. Por el contrario, el interbloque de Juntos por el Cambio, que eligió no estar presente en el plenario, podría llegar al quórum necesario con esos seis votos, con la fuerza suficiente para impedir cualquier reforma en materia judicial. Para sortear esa frontera, hasta ahora infranqueable, Soria trabaja en silencio desde que el presidente Alberto Fernández lo convocó para reemplazar a su amiga Marcela Losardo, cuestionada en el Frente de Todos, y especialmente por la vicepresidenta CFK, de no haberse puesto al frente de los dos proyectos que había enviado al Senado.
Soria llegó este lunes a protagonizar la reunión informativa de las dos comisiones clave para el proyecto para revertir esa imagen y no dejar dudas sobre el rol que tendrá de ahora en adelante. Los dos encargados de conducir el trámite legislativo y de abrir nuevos puentes de negociación son Rodolfo Tailhade (Comisión de Justicia) y Hernán Pérez Araujo (Asuntos Constitucionales). El interbloque opositor decidió desconocer el estreno y pegar el faltazo. Según un comunicado difundido pocas horas antes, el interbloque de JxC sostuvo que "no será funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos" y aseguró que "reformar el Ministerio Público Fiscal, aprobando la sanción que viene del Senado, implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo". En el texto aseguraron que "el objetivo de la reforma es terminar con la independencia de todos los fiscales y desplazar al Procurador Interino, Eduardo Casal, quien ocupa el cargo en nombre de la ley y lo ejerce con independencia".
La iniciativa para cambiar la ley orgánica del MPF tiene como puntos centrales cambiar el requisito de designarlo en el Senado por dos tercios de los presentes, sino por mayoría absoluta. Actualmente requiere 48 votos y la iniciativa propone que sea con 37. También busca establecer un plazo de cinco años al mandato del futuro jefe de los fiscales y que solo puede ser removido por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”.
Soria no entró en detalles sobre cuáles son los ejes que podría suavizar para abrir alguna negociación con JxC. En su lugar, cuestionó el portazo premeditado. "Sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre", se lamentó Soria. "Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso. Hoy vuelvo a verlo pero desde otro rol", sostuvo el ministro. "Llama la atención que los mismos que querían modificar esta ley ahora no quieran participar de esta reunión", cuestionó el ministro, pero en uno de los tramos de su presentación aclaró: “Nosotros alcanzamos consensos aunque eso signifique modificar el proyecto que viene del Senado”.
Apenas arrancó su exposición, castigó a Casal, uno de los objetivos del oficialismo. Soria considera que su remoción es el punto de partida para dotar de legitimidad a la jefatura del MPF. Quizás por eso se concentró en la decisión que tomó el funcionario la semana pasada cuando les llamó la atención a las 13 fiscalas que se habían reunido con Soria y que habían sido denunciadas por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y la futura candidata Florencia Arietto. Casal archivó el planteo pero consideró necesario "recomendar a las señoras fiscales (...) que, en lo sucesivo, canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinentes", es decir, que si tienen cosas para decir, que se lo hagan saber antes porque se trata de una estructura jerárquica vertical.
Soria cuestionó la medida de Casal y lo acusó de tener una doble vara porque no dijo nada sobre los fiscales que visitaron al expresidente Mauricio Macri en Olivos (como Carlos Stornelli) y castiga a fiscalas que promueven una agenda de género. "No se puede tener un procurador interino que les guste o no les guste, nadie eligió y no tuvo el acuerdo del Senado, no tuvo el aval de la participación popular, de la gente, de esa casa del pueblo que es el Senado de la Nación”, recordó el ministro.
Para Soria el futuro interinato no podrá extenderse por más de seis meses y ese cargo, ante la ausencia del procurador titular, deberá ser elegido por el Ejecutivo a partir de una terna realizada por la Comisión Bicameral de Seguimiento del MPF, que si el proyecto prospera tendrá intervención para resolver los traslados de fiscales y una mayor presencia en el Tribunal de Enjuiciamiento. Las menciones fueron parte de los cambios que Soria viene preparando a partir de las consultas con fiscales y fiscalas, tal como contó Letra P. Uno de esos encuentros fue con las funcionarias que Casal buscó disciplinar y otro con el fiscal Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF, que ventiló su desacuerdo con el correctivo del Procurador a las 13 fiscalas.
Las diputadas y diputados de JxC no participaron del plenario que comenzó a las 18 y concluyó pasadas las 20.30, pero según pudo reconstruir este portal siguieron cada detalle de la exposición de Soria. Según explicaron en ese espacio, la intención es mantener la inasistencia en las próximas reuniones informativas, aunque el oficialismo prepara una batería de visitas de fiscales y fiscalas para ahondar sobre los cambios que, en este round, no pudo exponer ante sus principales críticos.
