Más allá de su obsesión por normalizar gradualmente la economía, el ministro Martín Guzmán tiene, en el corto plazo que media hasta las elecciones, un mandato político claro: que la inflación no se desmadre y que no agrave una pobreza ya empinada por la crisis permanente y la pandemia. La motivación política de esa exigencia es clara ya que sectores, sobre todo los que habitan en el conurbano bonaerense, componen el corazón de la base electoral del Frente de Todos. Sin embargo, hasta ahora los precios no han dado tregua y las remarcaciones han sido especialmente severas en el rubro “alimentos y bebidas”, lo que tensa las posturas en el oficialismo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo alcanzó al 4,8%, 0,2 punto porcentual superior a la de la comida. En este último sector hicieron punta las subas registradas en productos lácteos, aceites, carne y verduras, en tanto que la baja de las frutas terminó por mejorar el número final.
Sin embargo, los alimentos se han encarecido 13,8% desde el comienzo del año, 0,8 punto por encima del índice general, y 44,8% con relación a marzo de 2020 –el mes del aterrizaje de la pandemia en el país–, 2,2 puntos más que el promedio.
De acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina, “partiendo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares que publicó INDEC para el período 2017-2018, podemos afirmar que la inflación tiene un carácter un poco más regresivo en la actualidad que en la segunda mitad de 2019”, esto es antes de que el covid-19 comenzara a incidir en diversos indicadores y cuando comenzaba el principio del fin del gobierno de Juntos por el Cambio. “Mientras que entre octubre de 2020 y marzo de 2021 la suba de precios del decil más bajo acumuló 25,6%, la del decil más alto alcanzó 25,2%. En cambio, estos valores fueron de 24,6% y 26,6% en la segunda mitad de 2019. Por lo tanto, aunque a nivel agregado no se encuentran grandes diferencias, sí se observan disimilitudes relevantes al analizar el impacto a lo largo de la pirámide de ingresos”, continuó.
“Esta dinámica obedeció a qué rubros motorizaron el índice en cada caso. Mientras que en la actualidad ‘alimentos y bebidas’ está casi al tope del ránking, ‘equipamiento y mantenimiento del hogar, salud y comunicaciones y esparcimiento’ también habían marcado subas importantes al cierre de la gestión de Cambiemos. Considerando esta diferencia, entonces, el impacto económico de la inflación en cada momento será distinto no solo entre hogares, sino también entre variables económicas”, avanzó Ecolatina.
Para Guzmán, el desafío es el mismo que a principio de año, cuando –Presupuesto 2021 mediante– definió una meta oficial de inflación del 29 al 33% para el año. Sin embargo, dada la evolución de los precios del primer trimestre, dicha proyección queda ya en severo entredicho.
Ante eso, el ministro se justifica en base a dos factores que complican la política de precios: el empuje de los precios internacionales de los alimentos –algo positivo en términos de exportaciones y recaudación vía retenciones, pero con efectos nocivos sobre el consumo– y la influencia de expectativas del mercado de un IPC del orden del 45% para el año, muy superiores a la meta oficial.
Con todo, Guzmán sostiene que marzo será el mes de mayor inflación y que, en lo sucesivo, esta marcará una trayectoria a la baja. De hecho, las consultoras privadas esperan un número algo inferior al mencionado 4,8% este mes, pero insuficiente para que la trayectoria de los precios termine de encuadrarse en las expectativas del Gobierno.
Aquel doble diagnóstico refleja el enfoque oficial sobre la inflación de aquí a las elecciones: atención a la relación entre exportaciones y mercado interno y controles crecientes.
En ese camino, sin embargo, se dirimen diferencias de criterio considerables en el Gobierno. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lleva adelante una política de precios demasiado tibia para el paladar del sector que responde a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en tanto que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, intenta hacer de bisagra entre esos dos mundos.
De hecho, la funcionaria preocupó al sector agroalimentario la semana pasada al señalar que “el aumento de las retenciones está en análisis”, algo que presentó como una herramienta para, justamente, “desacoplar los precios de exportación del precio doméstico”. Otras son, añadió, los cupos de exportación y las declaraciones juradas.
La alícuota que se aplica a las ventas externas de porotos de soja –cuyos precios vuelan– está ya en el límite que el Congreso le facultó al Poder Ejecutivo. Otros granos y productos, en cambio, todavía tienen algo de margen.
La reacción del sector fue volcánica y dividió aguas entre quienes se toman la advertencia en serio y quienes piensan que el Gobierno no está en condiciones políticas de ir a fondo con ella. Según esta última lectura, lo que intenta es mostrar los dientes para forzar posturas más concesivas de los empresarios en las mesas de diálogo.
Como sea, el Frente de Todos se juega mucho en ese partido, uno que se ve alterado de nuevo por la segunda ola del nuevo coronavirus, que ya obligó a limitar la actividad y podría hacerlo en mayor medida en lo inmediato. Si así fuera, acaso los precios también desacelerarían, pero no por ello su incidencia sería menor en términos de pobreza, tal como se constató el año pasado.
La nueva tendencia de una inflación rebelde, más lesiva que lo conocido para el consumo de los sectores ubicados en la base de la pirámide de ingresos, le impone el Gobierno un desafío extra ante las próximas elecciones. Kulfas, Guzmán y, en última instancia, Alberto Fernández arriesgan mucho, tanto de cara a las urnas como en la interna de la alianza oficial.
