HERENCIA VERDE

Los proyectos renovables tensan la cuerda entre Martínez y Cammesa

La administradora del mercado eléctrico se niega a poner la firma para penalizar incumplimientos contractuales. Hay en juego garantías por hasta u$s500.000.

La resolución de los problemas planteados con los contratos de generación eléctrica renovable que se encuentran atrasados o en condiciones de ser rescindidos va camino a convertirse en un nuevo motivo de tensión entre los funcionarios del área energética. El motivo central de las discrepancias pasa por quién se hace cargo del costo político de firmar las resoluciones de fondo para mantener en pie o dar de baja los contratos más problemáticos que podrían dar lugar a la presentación de demandas contra el Estado. En medio de la disputa está en juego la ejecución de las garantías presentadas por los adjudicatarios, que en algunos casos llegan al medio millón de dólares.

 

 

En tanto, para los directores privados y los letrados de Cammesa, esas medidas de fondo requieren una “autorización expresa y concreta” que deben emitir las autoridades del área energética que son las responsables de haber llevado adelante las distintas rondas de licitaciones y adjudicaciones del programa RenovAR.

 

El contrapunto legal por los proyectos renovables se da en medio de una curiosa situación. Cammesa es una compañía privada sin fines de lucro que tiene a su cargo las tareas públicas de ordenar la operación del sistema y administrar las transacciones económicas de los agentes del mercado eléctrico. La empresa está fondeada por el Estado y las distribuidoras de energía eléctrica le adeudan unos 150 mil millones de pesos.

 

El 80% del paquete accionario está en manos de las entidades privadas que representan a las generadoras, transportistas, distribuidoras y grandes usuarios. El 20% restante pertenece al Estado y está en cabeza de la Secretaría de Energía, cuyo titular –según el estatuto societario– es el que ejerce la presidencia de la compañía. Pese a que ocupa el sillón principal, Martínez no puede comandar Cammesa en forma arbitraria y para cada medida que se adopta necesita el apoyo mayoritario de los restantes accionistas privados del directorio. 

 

Caso por caso

Tras haber sido uno de las pocas iniciativas emblemáticas que se pusieron en marcha durante la gestión de Mauricio Macri, los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables llegaron al cambio de gobierno, en diciembre de 2019, en distintas instancias contractuales.

 

Las cinco rondas licitatorias efectuadas entre 2016 y 2019 derivaron en la adjudicación de 191 proyectos eólicos, solares, fotovoltaicos, biogás, biomasa, biogás de relleno sanitario y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. De ese total, hoy se encuentran habilitados y en funcionamiento 81 contratos que aportan 2.700 MW al sistema nacional.

 

La administración de Alberto Fernández heredó más de 100 contratos que arrastraban diversos incumplimientos y numerosos atrasos en los cierres financieros, el inicio de las construcciones, la llegada de los equipos y las fechas programadas para las habilitaciones comerciales de los nuevos equipos y parques de generación.

 

Tras haber concedido dos prórrogas durante 2020 para que las empresas adjudicatarias normalizaran las situaciones planteadas con los retrasos en las obras, la Secretaría de Energía dispuso a principios de marzo dos medidas relevantes destinadas a  ordenar y regularizar los contratos.

 

Por un lado, habilitó una nueva prórroga de manera excepcional por 88 días corridos para aquellos proyectos que se vieron afectados por el cepo y las restricciones cambiarias que habían sido establecidas por la administración macrista en los últimos meses de 2019. En tanto, por otro lado, resolvió que se proceda a ejecutar las garantías y a dejar sin efecto los proyectos más estancados del RenovAR 3 que no llegaron a firmar los contratos de provisión de energía con Cammesa.

 

La denominada Ronda 3 del programa RenovAR fue la última que llevaron adelante los funcionarios macristas y estuvo destinada a emprendimientos de baja escala. En agosto de 2019 se adjudicaron 38 proyectos que debían aportar unos 239 MW al sistema eléctrico nacional por medio de nuevos parques renovables localizados en las provincias Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.

 

Del paquete total que fue aprobado, hay 15 proyectos que se encuentran a un paso de ser dados de bajo y de perder las garantías que habían presentado por valores que oscilan entre los 200 y los 500 mil dólares.

 

Rescisiones y demoras

En cuanto a los pasos a seguir con los proyectos atrasados de las otras rondas licitatorias de RenovAR, los responsables de la gerencia general de Cammesa, Javier Gallo Mendoza y Esteban Kiper, decidieron pasarle la pelota a Energía. Kiper había sido designado en la gerencia general por el ministro Matías Kulfas  cuando el área energética dependía de la cartera de Desarrollo Productivo. Cuando Energía pasó a Economía, Martínez lo ubicó en la subgerencia y designó en su lugar a Gallo Mendoza, un histórico que ingresó en la empresa en 1997.

 

Por medio de una nota dirigida a Martínez, los gerentes destacaron que actualmente “existen 46 proyectos con causales de rescisión contractual por un total de 1.340 MW de potencia contratada”. Agregaron que también hay “otros 32 proyectos no habilitados con incumplimientos de las fechas programadas de habilitación comercial, de los cuales 16 tienen más de 180 días de demora, destacándose que en 12 casos no se registran avances de obras”.

 

Por último, los ejecutivos de Cammesa abrieron el paraguas y advirtieron que las demoras que arrastra Energía en la resolución de los numerosos planteos de “fuerza mayor” que han presentado las empresas impiden la aplicación de las penalidades previstas para los proyectos renovables que han incumplido con los plazos estipulados para las obras y la entrada en servicio de los equipos generadores.

 

Automeme de Javier Milei. 
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