A principios de marzo, 450 días después de asumir en sus cargos, las autoridades del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) lograron renovar el sitio web institucional. Este hito bien puede graficar lo que viene siendo la gestión del ente que explota la que fue en 2020 la cuarta terminal portuaria del país -según volumen de granos despachados-: mucho músculo dedicado a sepultar las anteriores administraciones y pocas acciones concretas en materia de política portuaria.
El que avisa no traiciona: desde un primer momento, los funcionarios designados por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, advirtieron que su tarea inicial se focalizaría en revisar papeles y ordenar la administración, como paso necesario para recuperar capacidad de control de las concesiones. En la otra esquina del ring se ubican verdaderos peces gordos, entre ellos Terminal Puerto Rosario (TPR), sociedad conformada por la agroexportadora Vicentin y la chilena Ultramar, y Servicios Portuarios, un holding con presencia en cuatro terminales e intereses en los rubros inmobiliario, agropecuario y logístico.
El rafaelino designó a cargo del Enapro a Guillermo Miguel, un abogado especializado en derecho administrativo que venía desarrollando su carrera en el ámbito privado. Su mayor acercamiento con la política pasaba por su vinculación con la Fundación del Padre Ignacio, una entidad que trabaja para la popular iglesia del carismático cura nacido en Sri Lanka y afincado en Rosario desde hace varias décadas, a quien muchos dirigentes le piden su bendición. Para suplir esa carencia, se designó como director de Asuntos Jurídicos a Marcelo Terenzio, responsable de Medio Ambiente en tiempos del exgobernador peronista Jorge Obeid.
Miguel y Terenzio se encargaron de difundir en los medios las serias desprolijidades que dejó la gestión del radical Ángel Elías, quien había llegado al cargo en 2008. Antes de dejarlo el 10 de diciembre de 2019, dispuso un masivo pase a planta, que incluyó a su mano derecha Nolasco Salazar, también boina blanca.
Además del incumplimiento sistemático de brindar información al Ejecutivo, entre las irregularidades que encontró el dúo se destacaron algunas perlitas, como el pago de un instructor de esquí en Ushuaia y un abono de Netflix a través de la tarjeta de crédito corporativa.
“En 2019 se gastaron unos 34 millones de pesos en gastos superfluos, mientras que este año se utilizaron 7,9 millones”, dijo Miguel en diciembre pasado. Entre otros, se refirió a los egresos en materia de viajes, un rubro siempre polémico. En octubre de 2019, a semanas de dejar el cargo, Elías viajó a Virginia (Estados Unidos) y celebró su designación como chairman elect en el marco de la convención anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. El radical contestó que este tipo de erogaciones eran “acciones estratégicas” para promocionar la terminal rosarina.
Orden y ¿progreso?
Más allá de esos contrapuntos, lo más destacado que hizo el actual titular del Enapro fue dejar sin efecto los últimos acuerdos que selló su antecesor con dos de sus concesionarios. El más relevante preveía la extensión por 25 años (hasta 2057) de la terminal multipropósito a TPR, un entendimiento que se hizo siguiendo un estudio que pagó el Estado pero que solo se manejó entre la consultora internacional Grummitt y la firma que entre otros comanda Gustavo Nardelli, quien otrora fuera medido para ser candidato a gobernador del PRO. Como el convenio sólo fue firmado por Elías -y no por el Consejo Directivo-, cayó en saco roto a los pocos meses.
“Un concesionario no puede guiar el futuro del puerto”, dijo Miguel en declaraciones periodísticas en las que, increíblemente, coincidió con los planteos del socialismo: en varias ocasiones el exministro de Infraestructura José Garibay objetó el accionar de Elías por darle prioridad a los lineamientos empresariales antes que a los intereses públicos.
La actual administración convocó a dos consultoras internacionales para elaborar un nuevo Plan Maestro que defina la política portuaria de los próximos 30 años. Según el cronograma de trabajo, debe estar listo durante el segundo semestre, momento en el que se podría actualizar la actual hoja de ruta, que data de la década de 1990, cuando los puertos se transfirieron a las provincias.
Amén de esas buenas intenciones, la gestión de Miguel y Terenzio es objeto de críticas no solo por la falta de acciones concretas sino también por algunas actitudes que por ahora no encuentran razón. ¿Por qué el puerto de Rosario abandonó en 2020 el Consejo Portuario Argentino, que es el órgano que agrupa a las terminales públicas? ¿Por qué no convocó a los referentes locales del ámbito portuario para armar el plan maestro? ¿Por qué no salió a plantear públicamente su posición en el debate por la Hidrovía? ¿Por qué no se conoce qué se quiere hacer con la ex zona franca paraguaya, un predio de seis hectáreas que la Provincia recuperó en 2019? Demasiadas preguntas que por ahora siguen sin respuestas.
Un tema Capital
Lo que también permanece como interrogante es qué proyecta el gobierno santafesino para los terrenos más “urbanos” del puerto, ubicados frente al Monumento a la Bandera. La concesión de ese espacio vencía en 2020, pero fue prorrogada hasta 2022, nuevamente por un acuerdo exprés hecho a sola firma por Elías y la empresa Caprile SA. En diciembre pasado, Guillermo Miguel le hizo saber a la sociedad la nulidad de ese acto administrativo, en el marco de una nota que ofició como respuesta a la notificación de un contrato que Caprile firmó con el diario La Capital.
"Hicieron una jugada y nos enteramos después", dijeron en el entorno de Perotti, entendiendo que la movida del concesionario (que rubricó un contrato de alquiler para permitir la mudanza de la redacción del Decano, que a su vez se encargó de publicar la noticia en su web) fue un mero apriete para negociar su continuidad.
Mientras continúa el intercambio epistolar, las autoridades provinciales trabajan en el pliego para la nueva concesión del predio, en el marco de una mesa de la que participan, entre otros, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, y el ministro de Cultura, Jorge Llonch. El intendente Pablo Javkin también quiere tener injerencia, a través de una propuesta más ambiciosa que pasa por convertir a la zona en una futura Ruta N, el centro de innovación y negocios que funciona en Medellín. Por ahora, lo único cierto es que no hay nada definitivo.
