A finales del mes de enero, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intimó a Cablevisión/Fibertel para que devolviera parte del aumento cobrado en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20%, cuatro veces por encima de lo permitido. El organismo regulador abrió además un sumario para aplicar sanciones a la principal prestataria de internet y televisión de pago. La empresa controlada por Clarín y Telecom no volvió atrás y, junto con otras afectadas, lleva adelante acciones ante la Justicia para bloquear el decreto 690/2020, que declaró a las TICs servicios públicos esenciales. Una de las cartas jugadas fue una presentación de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que fue desestimada el 29 de enero; otra es la cautelar que otorgó el Juzgado Federal I de Córdoba a una cablera de Villa del Rosario, que las grandes empresas entienden que debe favorecerlas. La confrontación anticipa varios capítulos.
El DNU 690/2020 suspendió los aumentos tarifarios hasta el 31 de diciembre de 2020 y definió a su vez que los precios por dichos servicios serán regulados por el Enacom.
La reglamentación del decreto derivó en incrementos asimétricos que diferencian entre prestadores según la cantidad de accesos: para aquellos con más de 100 mil autorizó una suba de 5%, mientras que para los más pequeños los incrementos fueron del 8% y 7% (resoluciones 1466/2020 y 27/2021). Por su parte, el Plan Básico Universal (PBU), que el Gobierno impulsa para sectores de menores recursos, contempla precios más bajos y prestaciones básicas de conectividad y telefonía. La medida despertó reacciones negativas esperables de parte de los grandes jugadores, mientras que las entidades intermedias que representan a las cooperativas se desmarcaron de las posturas más beligerantes.
Calidad y precios, según donde estés
Telecom, el principal prestador de conectividad del país, utiliza la potencia de su marca y posición dominante para adecuar su oferta comercial según el contexto. La estructura de costos y las expectativas de lucro de la empresa encuentran en la mayor competencia de algunas zonas un dique de contención a las subas excesivas.
Considerando el servicio de banda ancha de 50 MB con tecnología cablemódem que Telecom (Cablevisión-Fibertel) presta en 18 capitales de provincia, se observa una amplia dispersión de precios, que oscilan entre $1.650 hasta $2.418 finales, según la ciudad. A su vez, hacia el interior de cada provincia es habitual que las prestaciones de mejor calidad no estén disponibles.
En las localidades más pequeñas y apartadas de las capitales, Telecom ofrece su servicio "Lite" de 20 MB por $2.115. Es decir, mientras más apartado se encuentra el usuario final de los grandes centros urbanos la oferta de servicios de alta velocidad disminuye y el valor por mega contratado aumenta significativamente.
En estos lugares asumen un rol central las pymes y, fundamentalmente, las cooperativas de telecomunicaciones, encargadas de llevar servicios asequibles y de mejor calidad. Solo a modo de ejemplo, en Del Viso (Buenos Aires), a 44 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la cooperativa local TelViso ofrece 100 MB a $2.223, es decir, un promedio de $22 por mega contra $48 de la oferta de Telecom para esa ciudad. En Pinamar, la cooperativa Telpin cotiza su servicio de fibra óptica al hogar de 100 MB a $1.685. En Villa del Rosario (Córdoba), donde una pyme obtuvo la reciente medida cautelar que suspende la aplicación del DNU 690 y resoluciones derivadas, la cooperativa Coovilros ofrece su servicio de fibra óptica 50 MB por $2,052. Las cooperativas que operan en zonas comercialmente menos atractivas lo hacen a precios inferiores y con un tipo de tecnología superior a la del prestador dominante a nivel nacional.
En lugares como La Rioja, Telecom se enfrenta a Internet para Todos (La Rioja Telecomunicaciones SAPEM), que ofrece el acceso de 50 MB para residentes en la ciudad de La Rioja a $1.410 finales. Un caso similar se verifica en Santa Rosa (La Pampa), donde la Cooperativa Popular Eléctrica, una de las únicas cooperativas de telecomunicaciones que opera en una capital de provincia, ofrece su servicio de fibra óptica 50 MB por $1.242 a nuevos clientes.
A lo anterior debe sumarse que Cablevisión actúa como operador casi monopólico de internet en ciudades como Córdoba y Rosario. En la primera, la empresa Claro ofrece el servicio pero bajo ciertas condiciones (piso de abonados, ubicación geográfica, etc). Otros operadores residuales de Arnet como Universo Net y otros como IPTEL ofrecen paquetes y velocidades básicas pero sólo en contados lugares habilitados del Gran Córdoba. En Rosario, la situación es similar, aunque debe sumarse a la empresa Telecentro.
Sin defensa para los usuarios
A la imposibilidad de elegir con quién contratar, se suman otros problemas para los usuarios, en tanto el rubro telecomunicaciones encabeza desde hace años la lista de reclamos ante Defensa del Consumidor. Los relevamientos muestran que tanto la telefonía fija y móvil como los servicios de internet configuran siempre un segmento de “alta conflictividad”. De acuerdo a datos de la Secretaría de Comercio Interior, durante el primer semestre de 2020 reunieron el 20% del total de las denuncias recabadas. Muchas de las consultas canalizadas allí tienen que ver con las promociones que Cablevisión incumple, ya sea en paquetes de servicios o por separado. Sucede que, además de la dispersión retratada, la actualización constante de precios atenta contra una tarifa fija o de referencia. Los descuentos aplicados se corren en sus valores, lo que lleva a las amenazas de “baja”, que la empresa tramita con soluciones rápidas y parciales
El mercado de la TV paga y banda ancha fija en la Argentina se caracteriza por una gran dispersión de oferentes y, al mismo tiempo, por una marcada concentración de los usuarios y los ingresos en manos de unos pocos jugadores. Las empresas privadas que dominan el sector infocomunicacional controlan recursos clave, no sólo en relación a la información que manejan, sino, también, en términos económicos. A esto se suma que prestan un tipo de servicio particular, a partir de la provisión de un bien público global: el acceso a internet, definido en la jurisprudencia internacional como la plataforma para el cumplimiento de otros derechos humanos.
