12|4|2021

Comunicación 2020: las medidas en la coronacrisis

31 de diciembre de 2020

31 de diciembre de 2020

La resolución sobre las tarifas de los servicios de telecomunicaciones anuncia una disputa que apenas comienza. Pauta oficial, educación y megaplataformas.

Como casi todos los diciembres, el año cierra con novedades regulatorias para el sistema de medios. La Resolución 1466 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) vino a completar el DNU 690, aquel con el que el Presidente declaró a las telecomunicaciones “servicio público en competencia” y abrió un frente de conflicto. En este mercado, que es tan concentrado como resulta posible, juegan actores poderosos que inciden en la vida cotidiana de la mayoría de las personas.

 

Esta acción, decidida en un contexto particular y condicionada por múltiples razones, se definió en dos momentos. El primero, en agosto, incluyó la definición que habilita al Estado a regular tarifas y establecer criterios de prestaciones y exigencias de calidades, velocidades y servicios. El segundo llegó luego de un arduo trabajo técnico y político. No estuvo ajeno a la presión y el lobby de grandes y medianos jugadores que lo hicieron con voz propia y mediante las cámaras que los nuclean.

 

La normativa trabaja en tres ejes fundamentales. En primer lugar, define la puesta en marcha de la prestación básica universal obligatoria (PBUO). Esto implica una serie de paquetes que los operadores deberán ofrecer para telefonía móvil, telefonía fija, internet y TV paga. Se presentó como la posibilidad de que de las personas de más bajos recursos accedan al servicio móvil por $150 mensuales y alcanzaría a unos diez millones de personas, aquellas que muestren ingresos menores a dos salarios mínimos. En segundo término, prohíbe el desarrollo de prácticas anticompetitivas entre operadores de TV paga. Estos deberán comercializar las señales por unidades y no por paquetes.

 

En tercer lugar, se estableció un tope a los aumentos a implementar a partir del 1 de enero de 2021 que va del 5% para los con más de 100.000 clientes y del 8% para para los que tienen menos de esa cifra. El DNU 690 había suspendido los incrementos de las tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020 y las empresas demandaban un aumento cercano al 20%.  Este fue el punto más criticado por el mercado.

 

Las reacciones negativas por parte de los grandes jugadores del sistema no se hicieron esperar. Telefónica expresó que el aumento no alcanza para lo que necesitan. "Resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector" divulgó en un comunicado. Criticó la medida, además, al contraponer los datos de inflación del INDEC y lo que se les permite aumentar desde el mes que viene  

 

Mientras tanto, el Grupo Clarín hizo saber que el Gobierno “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”. Las críticas alcanzaron también a organizaciones que nuclean a pequeños operadores de Internet, con un discurso muy directo.

 

Más allá de las reacciones del sector corporativo, esperables, se percibe que este es un conflicto que acaba de comenzar. La decisión tiene un impacto clave en la relación gobierno-empresas. La potestad de aumentar tarifas ya no corresponde a las empresas.

 

En otro orden de cosas.

Así cierra el primero de cuatro años de gestión de Alberto Fernández. El balance demanda contemplar la incidencia de la pandemia por coronavirus y las medidas de aislamiento a la hora del análisis. Se consolidó la idea de que el gobierno de coalición de líneas “internas” del peronismo compartimentó la gestión también en esta área. Así, el massismo es representado por Daniel Ambrosini como presidente del Enacom, pero secundado por Gustavo López en la vicepresidencia, una figura propia del sector de CFK.  

 

2020 apenas permitió a la nueva gestión delinear sus proyectos. Luego, a partir de marzo, tocó “gestionar la pandemia”. Así sucedió con Francisco Meritello como secretario de Medios y Comunicación Pública; Claudio Martínez en la Gestión Operativa de Medios Públicos, Bernarda Llorente como presidenta del Directorio de la Agencia Nacional de Noticias Télam y Rosario Lufrano como titular de Radio y Televisión Argentina (RTA).

 

Una cuestión relevante fue la rápida reacción y adaptación al contexto que permitió el programa “Seguimos Educando”. Desde mediados de marzo, los recursos disponibles en TV y Radio se optimizaron para mantener el contacto con la escuela, con los conocimientos, con la tarea y, sobre todo, con el aprendizaje a partir de los medios. Eso se complementó con producción de cientos de horas a lo largo del año lectivo que cerró el viernes 18. Para ello, resultaron clave las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Contar, todas en la órbita de Jésica Tritten, gerenta General de Contenidos Públicos S.E.).

 

En materia de Publicidad Oficial, la gestión continuó la baja en el gasto que había comenzado con Mauricio Macri y no usó esa herramienta para sostener a los medios en la corona-crisis. El apoyo llegó vía el Programa ATP, que sostuvo a una lista muy significativa de empresas, como demostró una investigación de Agustín Espada.

 

Varios son los pendientes en la materia. Más temprano que tarde, el Gobierno deberá resolver sobre la posición dominante de Disney en el país. Hay críticas y dudas sobre la gestión Puenzo en el INCAA. Crece la necesidad de regular a los operadores de servicios audiovisuales en Internet (Netflix, Disney Plus, Amazon, entre otros), gigantes extranjeros que capturan tiempo de atención y renta sin aportar al sistema, pero la pregunta más relevante será la que indaga si hay/habrá una política de comunicación. Es temprano para saberlo.