10|4|2021

Revés judicial para Telecom en la pelea contra el DNU que reguló tarifas

29 de enero de 2021

29 de enero de 2021

Un juez rechazó un amparo de la empresa, que buscaba blindarse luego de que usuarios denunciaran aumentos superiores al 5% estipulado por el Gobierno.

Un juez de primera instancia rechazó otorgarle una cautelar a Telecom contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 690, que declaró a las telecomunicaciones como servicio esencial. La empresa esperaba blindarse judicialmente contra la medida que estableció la Prestación Básica Universal (PBU) y a partir de la que el Gobierno definió un aumento del 5 por ciento a partir de enero.

 

El holding que capitanea Héctor Magnetto había pedido una cautelar por considerar que distintos artículos del DNU eran "nulos de nulidad absoluta". Argumentó, para la suspensión de la medida, que "afecta de manera palmaria sus derechos constitucionales a la propiedad, la libertad de prensa, a ejercer libremente el comercio y toda actividad lícita, a la seguridad jurídica y al principio de razonabilidad de las leyes (...), sin que exista ninguna razón de necesidad y urgencia que justifique eludir el proceso legislativo".

 

El juez federal Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado de Feria en primera instancia en lo Contencioso Administrativo, rechazó el recurso. El magistrado consideró que, por un lado, la situación de pandemia le da margen al Gobierno para dictar medidas de emergencia por decreto y que, además, la Comisión Bicameral del Congreso que debe opinar sobre los DNU no manifestó un rechazo a la norma. Oor otro, entendió que Telecom "no ha explicado concretamente de qué manera dichos (supuestos de excepcionalidad que habilitarían la cautelar) afectarían el estado de sus finanzas".

 

"En ese sentido, corresponde recordar que el fin de las medidas cautelares es evitar que durante el tiempo en que tramita el proceso principal, su objeto pueda verse frustrado, por ello es relevante que quien pretende su dictado, acredite el peligro de la pérdida del derecho que intenta proteger", indicó el juez.

 

Según denunciaron usuarios, Telecom aplicó aumentos del orden del 20 por ciento en sus servicios de telefonía celular, cable e internet (Cablevisión - Fibertel). La empresa dejó trascender que esperaba que resolviera la cautelar en su favor para que esos incrementos, 15 puntos superiores a los permitidos, quedaran firmes hasta que se definiera la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de DNU.

 

Movistar, en tanto, inició recursos judiciales similares, pendientes de resolución. La compañía remarcó las facturas un 15 por ciento en enero. El decreto congelaba tarifas hasta fines de diciembre y la resolución con el 5% permitido llegó luego de que se hayan emitido los aumentos que definió la empresa, indicaron en esa compañía. De quedar firme el 5 por ciento, la devolución de lo cobrado de más sería en marzo.

 

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó el lunes que, "como autoridad de aplicación, procedió a intimar a las empresas a que ajusten su facturación de manera inmediata, retrotrayendo los aumentos mal aplicados y reintegrando a los usuarios y usuarias el dinero facturado inmediatamente, e inició los procedimientos administrativos correspondientes para aplicar las sanciones que corresponden".

 

El decreto es muy resistido por toda la industria de telecomunicaciones. Los pequeños prestadores (a los que se les permitió un aumento de hasta 8%) indican que la actualización de los ingresos muy por debajo de los costos y la extensión de la PBU hacen que el negocio sea inviable en muchas localidades del interior.