APROBADO

El juez pesadilla (para el PRO)

El Senado designó a Alejo Ramos Padilla en el juzgado electoral bonaerense. Investigó el espionaje amarillo y frenó tarifazos. Hereda la causa aportes truchos.

El año electoral comienza a sacudirse la modorra y una de las primeras acciones tuvieron epicentro en el Senado de la Nación, el búnker de la jefa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kichner. Este jueves, la Cámara alta aprobó la designación de Alejo Ramos Padilla en el estratégico y poderoso Juzgado Federal 1 de La Plata, donde tramitan causas por delitos de lesa humanidad y es el órgano judicial encargado de controlar el proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión político del kirchnerismo.

 

El pliego de Ramos Padilla contaba con dictamen de comisión desde fines del año pasado y fue incluido por el Poder Ejecutivo entre los temas habilitados para ser discutidos en sesiones extraordinarias.

 

Como Letra P informó a fines de 2020, el Jefe de Estado envió el pliego de Ramos Padilla al Senado. El magistrado subrogaba el Juzgado Federal de Dolores, donde tramita la causa del espionaje ilegal de la AFI de Mauricio Macri. También fue quien frenó temporalmente los tarifazos del gobierno amarillo.

 

Uno de los jueces más incómodos para el macrismo, se convirtió este jueves finalmente en el titular del estratégico juzgado. Ese trono judicial estaba oficialmente vacante desde la muerte de Manuel Blanco y fue ocupado, provisoriamente, primero por María Romilda Servini y luego por el macrista Juan Manuel Culotta, quien controló las legislativas de 2017 pero, por diferencias salariales, dejó el cargo y volvió a su despacho oficial en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

 

Hasta hoy, el cargo era ocupado interinamente por el juez PRO friendly  Adolfo Gabino Ziulu, quien avaló todos los tarifazos en la provincia de Buenos Aires decretados por el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal.

 

Santo vestido

La salida de Ramos Padilla de su cargo en Dolores abre una serie de interrogantes en el futuro de una causa sensible para los planetas políticos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. En esa jurisdicción se investiga un aparato paraestatal de espionaje ilegal montado por el macrismo, apalancado en periodistas y magistrados pero ejecutado por espías orgánicos e inorgánicos, para husmear en la vida pública y privada de adversarios políticos, sociales y gremiales del gobierno pasado. En ese expediente, parte del actual oficialismo ve una herramienta de comunicación para horadar mediática y judicialmente a una parte de la alianza opositora.

 

El plan inicial era conseguir un reemplazante para Dolores que siguiera con la hipótesis o plataforma fáctica de investigación desplegada por Ramos Padilla y las querellas. Por el momento, no hay nombres firmes para ese cargo, en el corto plazo.

 

Es un legajo sensible para la política monitoreado de cerca por la oposición y el oficialismo, que se muestra en sintonía fina con el rumbo de la pesquisa. El canmbio de juez puede significar una alteración en el rumbo del expediente donde fueron procesados exfuncionarios de la AFI macrista.

 

Pesada herencia

Ramos Padilla tendrá una pesada herencia en su despacho. En ese juzgado está radicada una de las causas por los presuntos aportantes truchos de Cambiemos, en 2015 y 2017, el expediente generado tras una investigación periodística que no ha avanzado con el paso de los años pese a las pruebas presentadas. El escándalo le costó el puesto a la por entonces titular de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, a quien Vidal echó cinco días después de nombrarla -hasta enconces, había trabajado muy cerca de la mandataria en su condición de secretaria de Legal y Técnica de la Provincia-.

 

El juzgado en cuestión fue un botín preciado para el kirchnerismo. En el proceso de selección, varios se anotaron para el examen, pero quedaron en el camino, como informó Letra P en 2018. El macrismo intentó colonizarlo con un alfil propio que no encontró, pero tiene un aliado en el juez Ziulu.

 

El control de las elecciones en la provincia de Buenos Aires es clave para las fuerzas políticas que pelearán por escaños legislativos y servirán de ensayo para la contienda de 2023, donde el oficialismo pondrá en juego la presidencia de la Nación y la gobernación bonaerense, los dos casilleros centrales en el TEG político criollo. No tener aceitada la maquinaria electoral y el control sobre el padrón puede generar dolores de cabeza.

 

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