11|4|2021

La pregunta que seguramente se hacen todos es quién tiene que hacer el mantenimiento de los edificios escolares en la provincia de Buenos Aires. Hace apenas tres años tuvimos que sufrir una tragedia en una escuela de Moreno cuando las instalaciones defectuosas de la red de gas volaron por los aires y mataron a la vicedirectora del establecimiento y a un auxiliar.

 

No hay día en que en algún distrito, fruto de alguna tormenta, no se suspendan días de clase por goteras en los techos; a esto se suman las reiteradas denuncias de los padres por el estado de los baños o el hacinamiento en las aulas. En 2017, un censo de infraestructura realizado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) dio un saldo del 70% de los edificios con algún problema de infraestructura. Alguien dirá que es mucha plata la que se necesita para poner en condiciones al sistema educativo más grande del país, el que contiene a más del 40% de la matrícula nacional. Sin embargo, la plata está. El problema es de coordinación, competencias y responsabilidades.

 

Vamos por partes. ¿De dónde salen los recursos para la infraestructura escolar bonaerense? En principio son tres, si excluimos todo lo que aportan en forma voluntaria padres y madres como empresas, instituciones intermedias, etc., a través de las cooperadoras escolares. Vamos a referirnos aquí exclusivamente a las que corresponden al Estado. Así, en primer término, existen los fondos que asigna el gobierno provincial a través de la DGCyE y su Dirección Provincial de infraestructura Escolar, la DPIE, en su presupuesto anual. Según un informe realizado por el Observatorio de Calidad Educativa de la Provincia de Buenos Aires, el presupuesto 2020 en materia de infraestructura escolar (prórroga del de 2019) fue de 1.390 millones de pesos, que luego el gobernador incrementó en 2.700 millones, para terminar imputando, en términos reales, 3.500 millones a finales de diciembre 2020.

 

La segunda fuente de financiación es el Fondo de Financiamiento Educativo, originado en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo (2006), que distribuye, a través de la descentralización administrativa, fondos asignados a los municipios con fines educativos. Durante el año 2020, fueron otorgados 12.678 millones a los 135 municipios. Un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (diciembre 2014) estableció que estos fondos son de asignación específica fines educativos: infraestructura, tecnologías, capacitación y calidad educativa.  Para valorizar estas asignaciones, que surgen de un coeficiente que articula matrícula, cantidad de escuelas y población, el distrito de La Plata recibió 450 millones el año pasado. La Matanza, 1.050 millones.

 

La tercera fuente de financiamiento corresponde a los consejos escolares, que reciben recursos por el Fondo Compensador de Mantenimiento de Edificios Escolares de la Provincia de Buenos Aires. En 2020, en forma mensual, estos organismos, cuyas autoridades son electas por la población en los distritos en la misma lista que los intendentes, recibieron 1.074 millones de pesos. Por caso, el Consejo Escolar de La Plata percibió 39 millones en los 12 meses del año pasado.

 

¿Dónde está la plata?

 

¿Por qué, entonces, la infraestructura escolar está tan deteriorada? ¿Dónde están los 16.000 millones de pesos que aportan los tesoros provincial y nacional? ¿Cómo se invirtieron? Si observamos detenidamente estos datos, concluiremos que más del 70% del presupuesto para infraestructura escolar está descentralizado y es administrado por los municipios, vía intendencias o consejos escolares. ¿Por qué no obtenemos los resultados esperados?

 

Aquí aparecen los vacíos normativos. ¿Qué competencias tiene cada jurisdicción? ¿Cómo definir las responsabilidades? ¿Es lo mismo reparar una estufa que reacondicionar los techos de un edificio de 300 metros cuadrados? ¿Cómo definir quién es el responsable de una ampliación de aulas o de una obra para hacer un jardín nuevo? Si consideramos, por ejemplo, al Consejo Escolar de La Plata, los números son incuestionables: con 400 edificios escolares, si el organismo distribuyera esos fondos de manera igualitaria, le corresponderían 8.125 pesos a cada escuela por mes.

 

De lo que se trata, entonces, es de hacer eficiente el gasto y de establecer criterios y competencias para cada jurisdicción. Desde nuestra experiencia, sería necesario establecer por ley (una ley provincial de infraestructura escolar) las responsabilidades de cada jurisdicción. ¿Qué pueden hacer los consejos escolares? Si uno evalúa que los fondos sólo alcanzan para conformar una suerte de “caja chica” para que los directores y las directoras pudieran afrontar gastos para cambiar luminarias que se queman, insumos para higiene, quizás hasta la reparación de una estufa. De este modo, el Consejo Escolar administraría un crédito de cada equipo directivo para gastos menores que, además, podría distribuirse por una cápita por matrícula de cada escuela.

 

El segundo nivel de inversión sería obras medianas de mantenimiento y reparación, a cargo de los municipios. Estos gastos deberían ser afrontados con el Fondo Educativo: reparación de techos, baños, instalaciones eléctricas y de gas, pintura, etc.

 

El tercer nivel corresponde al de obras nuevas, ampliación de edificios o edificios nuevos. Aquí la Provincia debería ser la responsable, ya que una escuela nueva implica todo un procedimiento y una evaluación de las demandas de la región, de los perfiles de formación, de los niveles educativos y de las áreas de vacancia.  ¿Qué necesitamos? ¿Más jardines? ¿Más escuelas secundarias? ¿Más escuelas agrarias? Por supuesto, crear una nueva escuela no implica sólo el edificio; se necesitan la planta docente, los auxiliares y los equipos directivos y ahí es donde interviene, fundamentalmente, la prospectiva educativa.

 

Después de un año de pandemia, necesitamos volver al aula, a escuelas seguras, pero también a escuelas en condiciones.