La sesión en la que se sancionó la modificación a la ley que pone tope a las reelecciones en la provincia de Buenos Aires dejó en evidencia un acuerdo político entre un sector del PRO y los integrantes del bloque Avanza Libertad que lideran José Luis Espert y Carolina Piparo. Es que los libertarios Nahuel Sotelo y Constanza Moragues Santos negociaron en la medianoche de este miércoles acompañar con sus votos para que la iniciativa que les permite a los intendentes volver a presentarse en 2023 se discutiera en el recinto. Si bien después votaron en contra del documento, sus manos levantadas fueron clave para alcanzar los dos tercios necesarios para tratar el proyecto sobre tablas y, en definitiva, para que siete peronistas, 27 radicales y una docena de jefes comunales del PRO tengan ahora la chances de ir por otro mandato pese a haber sido reelegidos en 2019.
El legislador y la legisladora que ingresaron a la Cámara este año en representación de la Tercera sección electoral fueron parte de los 68 votos que aportó un sector de Juntos y un sector del Frente de Todos para habilitar el tratamiento del proyecto del senador del PRO Juan Pablo Allan, quien contó con el respaldo de su par del peronismo republicano Joaquín de la Torre y la cúpula de los jefes comunales del PRO, como Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). La maniobra, acordada unas horas antes, sorprendió a quienes intentaban bloquear los cambios en la ley sancionada en 2016, sobre todo a los espacios que responden a María Eugenia Vidal y a Sergio Massa.
Tanto los siete integrantes del vidalismo como los 12 del massismo buscaron sin éxito hasta último momento sumar voluntades para voltear el tratamiento del proyecto. Tal como dio cuenta Letra P, esperaban llegar a los 31 votos necesarios para bloquear la avanzada del intendentismo, que necesitaban dos tercios para ingresarlo sobre tablas y para ello contaban con la totalidad del bloque Avanza Libertad. De haberlo logrado, la iniciativa tendría que haber sido enviada a las distintas comisiones para su estudio, lo que hubiera dilatado, y acaso hecho caer, la sanción de la ley.
El único de los libertarios que votó en contra del tratamiento y del proyecto fue el jefe del bloque, Guillermo Castello. “Estamos viendo que el Frente de Todos y parte de Juntos por el Cambio se han asociado para burlar una buena ley que ponía fin a los mandatos eternos. La voluntad popular también tiene límites porque, si no tenemos una reedición de lo que está pasando en Venezuela”, dijo Castello.
En tanto, el PRO logró acercar posiciones con Sotelo y Moragues Santos gracias a la estrategia que montaron los dueños de los votos amarillos, a través de algunas de sus espadas legislativas y quienes operan para el diputado nacional de Juntos Diego Santilli. Si bien estos dos últimos sectores defienden puntualmente el artículo primero que modifica el reglamento de la ley que firmó Vidal, que pone un artículo cerrojo, el proyecto en sí habilita a que los intendentes que fueron electos en 2015 y reelectos en 2019 puedan competir por otro periodo en 2023.
El artículo primero del proyecto recientemente aprobado también es clave ya que indica que “intendentes y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, y aclara que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”. “Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”, precisa la ley.