”Sos la primera persona que firma el consentimiento informado de una Interrupción Voluntaria del Embarazo en este equipo”, le dijo una trabajadora de la salud de la Unidad Sanitaria Martín de Fierro de Moreno a una mujer, el pasado 25 de enero a las 8 de la mañana, un día después que entrara en vigencia la ley. La anécdota agrega que la emoción fue compartida. El distrito es, junto a muchos otros municipios bonaerenses, uno de los lugares donde la implementación de la ley 27.610 se está desarrollando sin obstáculos. Sin embargo, en otros la obstrucción es un capítulo que formaba parte del horizonte de posibilidades cuando el pasado 30 de diciembre el Senado de la nación aprobó la normativa. Con un escenario tan amplio como heterogéneo el gobierno bonaerense desplegó la puesta en marcha de distintas estrategias para que la norma se cumpla en un territorio donde más de 85 municipios no cuentan con hospitales provinciales y la realización de la práctica queda atada a las posiciones de los líderes locales con respecto al tema.
El sistema de salud público es la puerta más importante con la que cuenta el Estado para garantizar el acceso a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Al sistema hay que sumarle la voluntad política, el equipo de profesionales dispuesto a realizar la práctica, las capacitaciones y los insumos.
En algunos municipios la puesta en marcha no es un problema. “Venimos trabajando con el marco legal anterior, por causales, hace mucho tiempo”, señala a Letra P Nadia Furtado, jefa del Programa de Salud Sexual del municipio de Moreno, quien agrega que, en el distrito, 20 de las 40 unidades sanitarias están acompañando a mujeres que requieren abortos voluntarios. Una situación similar se da en Quilmes. Desde el municipio indican que la instrumentación de la IVE fue “una continuidad a las consejerías de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se viene sosteniendo desde hace un año”. En este municipio de la Tercera sección se cuadriplicó la cantidad de centros que atienden la práctica.
Bahía Blanca es otro ejemplo de las decenas de distritos que ya le dan cumplimiento a la ley. “Estamos en plena conformación de una mesa donde participa la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, los directores de los hospitales públicos, obstetras y gente de región sanitaria”, indicó a este portal el secretario de Salud, Pablo Acrogliano, quien señaló que los puntos sobre los que más se va a trabajar es "objetores de conciencia”. “Hay que afinar los circuitos como para que quien requiera atención no quede dando vueltas”, dijo el funcionario.
En estos tres casos hay dos puntos en común: las intendentas Mariel Fernández y Mayra Mendoza (Frente de Todos), respectivamente, y el bahiense Héctor Gay (PRO) siempre estuvieron de acuerdo con legalizar el aborto. La voluntad política para darle cumplimiento estaba dada antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Además, en los tres distritos existen hospitales provinciales, la pata sanitaria que en el territorio bonaerense garantiza el cumplimiento de la práctica.
Garantías
Este panorama no se repite en todos los municipios. 85 de los 135 distritos no cuentan con efectores provinciales. La atención sanitaria está en manos de hospitales municipales y centros de salud barriales dependientes de la órbita local. A eso hay que sumarle la resistencia de algunos jefes comunales celestes.
La directora provincial de Equidad de Género y Salud de la cartera sanitaria bonaerense, Sabrina Balaña, destaca que la Guía de Implementación de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una herramienta importante para garantizar el cumplimiento de la ley. “Es una referencia para todos los equipos de salud y también de respaldo. En muchos municipios sin efector provincial los equipos suele tener inconvenientes y necesitan respaldo institucional para evitar represalias, sobre todo cuando no lo encuentran en el municipio”, indica. Balaña destaca que si bien en muchos municipios el instrumento tuvo buena recepción reconoce que, en otros, hay resistencias. Por eso, pone énfasis en la importancia de la guía, por ahora, la primera publicada en todo el territorio nacional.
Es que son muchos los intendentes que a los largos de estos años de debates se mostraron contrarios a la norma. Algunos, incluso, delegan abiertamente la responsabilidad del cumplimiento en la provincia.
Fuentes del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual provincial, señalaron a Letra P que la “la ILE se garantizó en distritos obstructores porque el sistema sanitario de la provincia está organizado por regiones". La práctica se realiza en el distrito más cercano.
Por ejemplo, en Moreno, en centros de atención periféricos se reciben mujeres de José C. Paz, San Miguel, Merlo e Ituzaingó. En estos momentos, desde la cartera que conduce Estela Díaz se está tratando de avanzar con la atención primaria en los distritos, responsabilidad directa de los municipios, para garantizar el cumplimiento de la ley aun en aquellas administraciones conducidas por jefes comunales que rechazan la ley.
Balaña reconoce que es "más sencillo” trabajar en municipios donde hay hospitales provinciales “por la gobernanza directa que tiene el Ministerio y porque todos los directores y directoras se han puesto a disposición entendiendo que es una política pública de la provincia y que hay una ley que tenemos garantizar”.
Consultada sobre el enfoque para las instituciones privadas, destaca la “capacitación por región sanitaria” y pone énfasis en un acuerdo sellado con Ioma para garantizar el cumplimiento de la guía. “Para alcanzar el mismo estándar de calidad de atención que el sector público, la alianza con Ioma es estratégica”, define.
En términos de cifras, según Balaña actualmente en el 90% de los hospitales provinciales se realiza la práctica y que el 92% de las mujeres consultan en el primer trimestre lo que implica menos internaciones o asistencia en el hospital. Sin embargo, en diciembre del 2020 en 40 administraciones todavía no tenían definido el equipo para cumplir con la ley, “muchos del interior de la provincia sin efectores provinciales”. Es decir, en un 29,6% no hay ningún centro sanitario en el municipio que responda a la demanda. “Uno de los primeros objetivos es abordar esos municipios”, detalla la directora de Equidad de Género y Salud, teniendo en cuenta, sobre todo, las “situaciones donde directamente se obstruye la implementación”.
Finalmente, Balaña detalla que el Ministerio de Salud cuenta con una herramienta para monitorear qué municipio está practicando interrupciones. “Una de las primeras cosas que hicimos el año pasado fue comprar misoprostol, que lo distribuimos en todos los efectores públicos de la provincia, y en paralelo creamos un registro de su uso y de las interrupciones”, indica. Ese registro permite visualizar qué municipio no está desarrollando prácticas, un incumplimiento que, enfatiza la funcionaria, "puede traer consecuencias legales".
