Las pymes nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) lanzaron críticas y reclamaron el tratamiento urgente de la prórroga en la Ley de Biocombustibles, que por ahora no se encuentra incluida en el temario de las próximas sesiones extraordinarias del Congreso y apuntaron contra el lobby del sector petrolero para enfriar el debate de la norma.
El "Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina" creado por la ley 26.093 en 2006 vence en mayo y con el acuerdo de los diputados se prorrogaría hasta 2024. El proyecto ya tiene media sanción del Senado, pero no fue tratado en las últimas sesiones de fin de año. Si bien el oficialismo se comprometió a tratarla en Extraordinarias, finalmente no fue incluida. Un dato clave es que la prórroga fue impulsada por la senadora María de los Ángeles Sacnun, muy cercana a la vicepresidente Cristina Fernández. La senadora, junto a otros sectores del arco político como el Interbloque Federal pidieron la incorporación a Extraordinarias, pero hasta ahora no hubo novedades.
Por estas razones, quienes conforman la Cámara “no admiten más demoras porque la prórroga es imprescindible para la continuidad del sector y de los más de 10 mil puestos de trabajo”. En el último tramo del comunicado, pero sin nombrarlo directamente, sugieren la influencia que pudo tener el sector petrolero, que ve como un costo a los biocombustibles. "Esperamos que este atraso no sea funcional hacia aquellos sectores que buscan beneficios económicos, ignorando los fundamentos sobre los que se apoya la ley", señalaron.
Es que la Ley 26.093 establece que un corte del biodiésel del 10% para el gasoil y de 12% para el bioetanol con las naftas. El reclamo de las pymes es acompañado en las sombras por los grandes ingenios azucareros y también por algunos mandatarios de provincias productoras como Tucumán, Santa Fe y Córdoba. Del otro lado, las petroleras afirman que la Ley de Promoción ya logró el objetivo que le dio origen, llevando el corte obligatorio del 5% en 2005 a los actuales valores.
De hecho, las cuatro principales empresas refinadoras del país, entre ellas YPF, le solicitaron en agosto pasado a los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Producción, Matías Kulfas, analizar una nueva norma que permita una desregulación parcial del mercado.
Firme en su demanda, el comunicado de Cepreb sostiene que “el sector necesita operar con previsibilidad, y por otro lado, ha demostrado una influencia positiva en aspectos socioeconómicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas”.