Por tercera vez los gobernadores le mostraron a Alberto Fernández la jeringa de la suspensión de las PASO y nuevamente volvió a gambetearla. Pese al gesto de incluir el proyecto para evitar las primarias en 2021 en el temario de sesiones extraordinarias, no se movieron más fichas. El Presidente no quiere ponerle el cuerpo a una jugada que, aunque puede beneficiarlo desde lo electoral, mide de otra manera desde lo político. El tema se mantiene fuera de su agenda. Con este panorama, en el Congreso son taxativos: si la Casa Rosada no juega, la ley no sale.
En el Gobierno la posición no varía. Abrazan el lenguaje epidemiológico y no cruzan la demanda de los gobernadores con el lente de la conveniencia política. Esto responde también a un cálculo: el rechazo que hoy expresa la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) –pese a que al menos dos de sus gobernadores también demandan suspensión– puede variar, según la óptica del Ejecutivo, si el cuadro de contagios se dispara por el impacto de una segunda ola y un avance lento del plan vacunatorio. Dicho en una línea por voceros de Balcarce 50: “Si en mayo la vacunación no es la que se esperaba, la demanda de suspender las PASO va a ser la agenda de la gente; hoy no lo es. Si pasa eso, la misma oposición va a venir a pedir una sesión especial para eso”.
La primera vez fue a inicios de diciembre, después de la firma del Consenso Fiscal 2020; la segunda, a mediados de ese mes, cuando el diputado por Tucumán Pablo Yedlin, enviado por el gobernador Juan Manzur, presentó el proyecto en representación de una amplia mayoría de las provincias para saltearse las PASO e ir directo a las generales de octubre; la tercera fue la semana pasada, en Chilecito, donde diez mandatarios del norte grande renovaron su deseo de ir en esa dirección. En las tres oportunidades, el Presidente escuchó y nada más. Como un frontón les devolvió dos cosas: que la posición del Gobierno dependerá del cuadro epidemiológico y que la búsqueda de consenso en el Congreso es un partido que tienen que jugar los gobernadores.
Igualmente, en las provincias valoraron positivamente el compromiso que asumió Fernández en la cumbre de La Rioja del miércoles de incorporar el proyecto presentado por Yedlin al temario de extraordinarias, compromiso que cumplió horas después. No esperaban más que eso, al menos en el corto plazo. Ahora llegará el momento de empezar a operar para conseguir el consenso que el Presidente les demanda para sumarse al plan.
Sin embargo, la foto del teatro parlamentario no es la ideal. El kirchnerismo ve en la demanda una agenda del sistema político y no de “la gente”. Sergio Massa no se convence de ir a fondo con la jugada sin la oposición. Un jugador clave del Frente de Todos (FdT) con despacho en el Congreso entiende que los gobernadores pueden ir dando los primeros pasos, pero que, si no llega la decisión política del Ejecutivo, no existe posibilidad de suspender las PASO.
Ahí es donde el escenario se enturbia. La primera vez que Fernández recibió esta idea fue bastante antes del documento que emitieron los gobernadores el 5 de diciembre pasado. Fue en una reunión con una comitiva reducida, con cuatro o cinco mandatarios provinciales, en Olivos. Ahí les expresó lo mismo que viene sosteniendo hasta acá: que hay una traba central que es la provincia de Buenos Aires, donde el FdT no tiene mayoría en el Senado y necesita un aval de JxC para suspender en paralelo las PASO bonaerenses. Sin consenso, el 40% del padrón electoral nacional no sufriría cambios en su esquema. El Ejecutivo cree que entre gobernadores, vía los cambiemistas Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), pueden influir en la interna de macristas y radicales; los gobernadores, por el contrario, pretenden que sea Axel Kicillof quien destrabe la Legislatura bonaerense y que, como en efecto dominó, se allane la suspensión para cargos nacionales.
Con la agenda urgente tomada por las negociaciones para acelerar la llegada de vacunas, en el Gobierno contradicen la idea de que suspender las PASO es una decisión de carácter urgente. Creen que hay tiempo y que las urgencias las marcará la curva de contagios: si se disparan, la idea ganará consenso; si se controlan, no habrá razones para modificar el calendario que ordena la ley vigente. Tampoco descartan un Plan B: la postergación.
