10|4|2021

Los celestes no se resignan y hacen foquismo judicial contra la IVE

26 de enero de 2021

El excarapintada Gómez Centurión, alfil celeste en tribunales.

26 de enero de 2021

Los sectores conservadores van a la Justicia. Piden inconstitucionalidad y abren causas contra el Presidente y verdes de ambas cámaras.

Anunciada por senadoras y senadores celestes durante el debate por la legalización del aborto, la estrategia de quienes se oponen a la práctica arrancó aun antes de la puesta en vigencia de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Postaborto.

 

La que abrió el fuego, por ahora sin éxito, fue la exsenadora y actual diputada provincial y presidenta del Partido Renovador salteño Cristina Fiore Viñuales, quien antes de la aprobación de la ley en el Senado, denunció al Ministerio de Salud de la Nación y pidió que se evaluara la inconstitucionalidad del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

 

En la presentación –realizada junto con otros militantes en contra del aborto- solicitaba que se declare “que la existencia del ser humano comienza desde el momento de su concepción". Después de la promulgación de la norma, el grupo amplió la denuncia solicitando una “acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar suspensiva. El titular del Juzgado Federal Nº1 de Salta, Julio Leonardo Bavio habilitó la feria judicial para rechazar el recurso colectivo y lo calificó como “improcedente”. Sin embargo, el juez no menciona el pedido de inconstitucionalidad. Sobre las cautelares, es posible que se integren a una demanda patrocinada por Rodolfo Barra, exministro de Justicia de Carlos Menem, exjuez de la “mayoría automática”, fervoroso militante celeste y expositor en todos los debates en el Congreso.

 

Es que horas después de la sanción en el Senado y con la copa de sidra en la mano, ya circulaba en grupos de WhatsApp celestes, un modelo de presentación judicial para pedir la inconstitucionalidad de la 27.610.

 

El titular del Frente Nos Juan José Gómez Centurión anunció en Twitter el 15 de enero la presentación de una demanda contra la ley. El exoficial del Ejército Argentino, exdirector general de la Dirección de Aduanas y exvicepresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, firmó la acción judicial junto con Néstor Adrián Sequeiros -constituyente en la reforma de 1994 y referente del entonces Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN)- y a Ignacio Abel Uriburu, el abogado patrocinante, quien en su biografía de Twitter se presenta con la sigla "A.M.D.G", que significa "Ad Maiorem Dei Gloriam", el lema de la Compañía de Jesús.

 

 

La Fundación Más Vida, impulsora de los escraches a legisladores verdes como Facundo Suárez Lastra, Laura Russo y Alejandro García y litigante permanente en contra de los derechos sexuales y reproductivos, fue un poco más allá: presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, por los delitos de “genocidio” y “cohecho”, luego de la promulgación de la ley. Para Más Vida se justifica la utilización de la figura de genocidio porque, dice la demanda, el Estado “está impulsando el exterminio generalizado y sistemático de seres humanos inocentes categorizados como no deseados, mediante el crimen del aborto, investido ahora de legalidad”.

 

 

La acusación de cohecho se basa en los dichos de la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez: antes de la votación sostuvo que varios legisladores habían cambiado su voto a “último momento” por “presiones intolerables” del Presidente. La denuncia pide la intervención de los dispositivos digitales de los senadores que votaron a favor de la IVE para determinar si existieron comunicaciones entre esos senadores y Fernández y algún “ofrecimiento o dádiva” por parte del Poder Ejecutivo y se hace extensiva a los 131 diputados y 38 senadores que aprobaron la ley “además de todo aquel responsable en esta acción”.

 

Además de las demandas contra el Presidente y las y los legisladores nacionales, Más Vida presentó, previsiblemente, una acción de amparo para solicitar la inconstitucionalidad de la ley del aborto.

 

En la provincia de Córdoba, la recientemente fundada Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género –su titular, Adriana Rearte es conocida porque lideró a policías y esposas de policías cuando en 2013 algunos efectivos se autoacuartelaron para reclamar mejora en las condiciones laborales- presentó en los tribunales federales de San Francisco, la primera acción judicial en esa provincia para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610. Rearte, como Más Vida, denunció penalmente al Presidente y a integrantes de ambas cámaras que votaron a favor de la ley por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia supone, por ejemplo, que a partir de la vigencia de la ley de IVE, una mujer “se implante un gameto, conciba, lo fecunde por 14 semanas, cobre beneficio económico por ser concebido y luego decida abortar porque ya no desea continuar el embarazo”, entre otras conspiraciones.

 

El sanjuanino Marcelo Orrego (Juntos por el Cambio) anunció su decisión de presentar junto con otros legisladores de ese espacio un proyecto para declarar la "inconstitucionalidad" de la ley de IVE. La iniciativa lleva también las firmas de los diputados nacionales del PRO Gustavo Hein, Dina Rezinovsky, Juan Aicega, Francisco Sánchez, Domingo Amaya, David Schlereth, Soher El Sukaria y Osmar Monaldi; Ruben Manzi y Laura Castets de la Coalición Cívica y las radicales Lidia Ascarate y Estela Regidor.

 

Preocupación cero

Ni el Gobierno ni las abogadas feministas están preocupadas por la estrategia judicial de los sectores conservadores. Coinciden en que estas movidas eran esperables y se preparan para dar la batalla en los Tribunales, si fuera necesario. Especialistas en derecho constitucional descartan que estos pedidos avancen ya que el artículo 73 inciso 23 de la Constitución, en tanto prevé la cobertura social en casos de maternidad, no supone una protección de la vida fetal desde la concepción, sino que busca asegurar la protección de la mujer embarazada, algo que ya fue interpretado en ese sentido por la Corte Suprema en el fallo F.A.L.

 

Quienes perdieron la votación argumentan que en la reforma constitucional de 1994 la Argentina ratificó tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción. Sin embargo, en un fallo de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal que interpreta la Convención, asegura: “Es posible concluir de las palabras ‘en general’ que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta”, por lo que se debe ponderar con otros, como los derechos de las mujeres, a la igualdad y la autonomía.

 

Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, no se mostró sorprendida por las demandas: “Es común que quien pierda quiera judicializar. Nosotros somos signatarios como país de diversos convenios, tratados y pactos de derechos humanos y todos los organismos internacionales nos recomiendan la legalización del aborto". 

 

Mientras los celestes siguen con su estrategia de amparos judiciales, la interrupción voluntaria del embarazo rige desde el 24 de enero en todo el país y su vigencia no requiere ningún tipo de adhesión provincial o reglamentación.