14|5|2022

Aborto legal, una urgencia sin fecha de votación

08 de septiembre de 2020

08 de septiembre de 2020

Mientras la pandemia profundiza las barreras de acceso a la práctica, sigue sin ver la luz el proyecto que el Gobierno se comprometió a enviar al Congreso.

Uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres en la Argentina es el derecho al aborto legal. Hace pocos días, la organización internacional Human Rights Watch presentó un informe en el que insta al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de manera urgente. El documento, titulado “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, analiza las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 y concluye que el aborto por “causales”, previsto en el artículo 86 del Código Penal, no está funcionando en la Argentina.

 

El documento incluye una serie de recomendaciones para los distintos poderes del Estado, desde el Presidente hasta los gobiernos municipales, el Congreso y los sistemas judiciales. La primera, dirigida al primer mandatario, dice: “Enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que despenalice el aborto en todos los casos y sea regulado de forma tal que respete la autonomía de las personas gestantes”.

 

 

El informe de Human Rights Watch se publica en un contexto en que el Poder Ejecutivo sigue comprometiéndose públicamente y en privado a enviar un proyecto al Congreso Nacional (anunciado por Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias) pero no pone fecha para su efectivización. Los argumentos para retenerlo tienen que ver con el estrés del sistema de salud en plena pandemia, con la imposibilidad de dar el debate en sesiones presenciales y con la falta de movilización callejera, también producto del aislamiento.

 

 

 

En relación con el primer argumento, Tamara Taraciuk, de Humans Right Watch y una de las autoras del informe, sostiene: “Quienes argumentan que legalizar el aborto abrumaría el sistema de salud, que se encuentra estresado por la pandemia, pierden de vista que, en la práctica, no son los abortos los que generan presión en el sistema de salud; de hecho, la OMS recomienda el aborto médico que no requiere hospitalización, siempre y cuando el paciente no registre complicaciones. Por el contrario, son las complicaciones médicas por abortos clandestinos, muchas veces inseguros, las que generan complicaciones médicas y riesgo de vida y, por ello, una mayor presión en el sistema de salud. En ese sentido, nuestro informe señala que, en 2016, casi 40 mil mujeres fueron admitidas en hospitales públicos por una complicación relacionada con un aborto. Es decir que legalizar el aborto en realidad disminuiría la necesidad de acudir a los centros de salud por complicaciones derivadas del aborto y sería una forma de contribuir a alivianar esta carga en el sistema de salud”.

 

 

 

Para la investigación, Human Rights Watch entrevistó a mujeres, profesionales de la salud, activistas y abogadas que coincidieron en que el temor a las consecuencias legales —incluyendo la persecución penal y la estigmatización— hace que las personas gestantes no soliciten abortos y que profesionales de la salud no brinden este servicio, incluso cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 86. En las entrevistas se revelan comportamientos crueles y actos de humillación por parte de médicos y médicas, denegación del acceso o negativa a brindar servicios y violación de la confidencialidad.

 

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos, coincide con Taraciuk. “La pandemia de covid-19 y el confinamiento impuesto para evitar su propagación han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva. Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca”, advierte.

 

 

 

En la sociedad civil, si bien hay acuerdo en que la movilización callejera es fundamental, empieza a ponerse en cuestión no tanto el argumento sobre el timing político, con el que las organizaciones en general coinciden, sino las explicaciones vinculadas con lo sanitario que justificarían la postergación. La situación en el Congreso es complicada en términos de acuerdos, pero este tema no está incluido en las negociaciones más difíciles de hoy más allá de que los proyectos sobre derechos de las mujeres suelen ser un asunto más transversal que partidario.

 

La apuesta del Ejecutivo a tratar el proyecto este año debería empezar a pensarse en los marcos impuestos por la pandemia, si se tienen en cuenta los pronósticos sobre el lejano regreso a la “normalidad”. Su aplazamiento a 2021 está entre las posibilidades, aunque se sabe que en años electorales los acuerdos son todavía más difíciles.

 

Aunque no hay registros oficiales, el portal Latfem relevó por lo menos 16 muertes –todas evitables- de niñas y mujeres como consecuencia de abortos inseguros entre febrero de 2018 y agosto de este año. Mientras se extienden los plazos, la pandemia profundiza la desigualdad y se multiplican las muertes y los obstáculos para quienes necesitan acceder a un aborto.