X

Renuncias y un fallo judicial en contra mediante, el Ministerio de Obras Públicas abrió un plazo de 90 días para negociar un acuerdo con los concesionarios.

Por 04/09/2020 14:30

La ofensiva que venía desplegando el Gobierno para anular los PPP viales se topó con una traba judicial que obliga ahora al Ministerio de Obras Públicas a buscar un “plan B” para desactivar las cuestionadas concesiones de las rutas y autopistas heredadas de la gestión macrista.

Un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal frenó la intención inicial de la Casa Rosada de rescindir en forma unilateral los contratos y ejecutar los casi 600 millones de dólares de las garantías constituidas por los concesionarios privados.

Como anticipó en exclusivo Letra P la semana pasada, la postura extrema de dar de baja las concesiones alegando el incumplimiento del cierre financiero y la falta de obras había generado el alejamiento de tres funcionarios clave de Obras Públicas que no estaban de acuerdo con esa línea: el Jefe de Gabinete, Gerardo Otero; el gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad, Gerardo Tarchinale, y el titular del área de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Juan Manuel Prada.

Tras la salida de esos funcionarios que venían negociando con los concesionarios; el ministro Gabriel Katopodis se reunió el lunes en forma virtual con las empresas para decirles que se abría un plazo de 90 días para tratar de acordar una solución consensuada y que rápidamente iban a ser convocadas por los nuevos interlocutores oficiales.

 

Ex. Gerardo Otero, el jefe de Gabinete de Katopodis que renunció al calor de la puja por los PPP.

 

UNA AYUDITA DE TRIBUNALES. Mientras esperaban ese llamado, los concesionarios viales recibieron una noticia por demás alentadora del ámbito judicial que refuerza sus argumentos legales y aleja la posibilidad de que pierdan la mayor parte de las garantías contractuales que tuvieron que presentar por las exigencias licitatorias.

En la causa iniciada por el consorcio integrado por Helport, Panedile, Eleprint y Copasa, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que el Gobierno tiene que restituirles a las empresas los montos de las garantías contractuales correspondientes al “Cierre Financiero” y las “Obras Principales” del Corredor Vial F que abarca la autopista Rosario-Córdoba y distintos tramos de las rutas nacionales 9 y 33.

El fallo de los jueces Luis Márquez, María Claudia Caputi y José Luis López Castiñeira avala los principales puntos que sostienen las empresas para defender sus posiciones y rechazar las acusaciones oficiales sobre los supuestos incumplimientos contractuales.

El fallo de los jueces Luis Márquez, María Claudia Caputi y José Luis López Castiñeira le permite al grupo encabezado por la constructora del grupo Eurnekian y Panedile recuperar cerca de 40 millones de dólares de garantías bancarias que no podrán ser ejecutadas por el Estado en caso de una rescisión unilateral.

Al hacer lugar en forma parcial a la apelación que había presentado el consorcio, los camaristas ordenaron “la suspensión de la obligación de mantenimiento de las Garantías de Cierre Financiero y de Obras Principales” y la “devolución de las mismas por un plazo de seis meses”. En tanto, en lo que respecta a las garantías por los “Servicios Principales” de la concesión, el fallo establece que deberán mantenerse vigentes tal como indican el contrato y las reglas licitatorias.

Para los próximos días, se aguarda una resolución similar en la causa que el mismo consorcio Eurnekian-Panedile lleva adelante por la devolución de las garantías del Corredor Vial E, que agrupa la autopista Campana-Rosario y distintos tramos de las rutas nacionales 11, 34 y 193.

Mientras tanto, los restantes concesionarios que operan los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC), B (Green y el grupo chino CCA), C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil) también decidieron alistar a sus abogados para que se presenten en los tribunales con el fin de obtener el mismo paraguas legal que ponga a salvo las garantías.

Más allá del tema de las garantías, el fallo avala los principales puntos que sostienen las empresas para defender sus posiciones y rechazar las acusaciones oficiales sobre los supuestos incumplimientos contractuales.

Entre otras cuestiones salientes, los camaristas destacaron “la suspensión de las garantías se encuentra justificada ante la imposibilidad de las empresas de obtener financiación conforme las previsiones contractuales (Cierre Financiero) y la consecuente inexistencia de la realización de obras y la falta de perspectiva de inicio en su ejecución (Obras Principales), motivadas por razones de fuerza mayor generadas por la situación económica financiera por la que atraviesa el país”.

Además, advirtieron que “las circunstancias relativas a la situación económica del país (aumento significativo del riesgo país, fuerte devaluación, endeudamiento, restricciones cambiarias, ley de emergencia económica y dictados de los decretos 596/2019 y 609/2019) ameritan la alegación de un evento de fuerza mayor que contempla el derecho de las empresas a suspender el cumplimiento de las obligaciones de Cierre Financiero y la ejecución de las Obras Principales”.

 

 

PPPRO. Las concesiones viales que están en juego habían arrancado en 2018 y contemplaban un amplio programa de obras y mejoras de 6.000 millones de dólares que iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y luego repagadas con títulos de deuda del Estado.

Golpeados por la crisis cambiaria y económica de mediados de ese año, los concesionarios no pudieron conseguir los financiamientos que habían comprometido. Para no asumir el costo político de darles de baja, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decidió mantener en pie las concesiones con varias prórrogas y addendas que estiraron los plazos y las obligaciones de las empresas hasta los últimos meses de este año.

Las concesiones viales que están en juego habían arrancado en 2018 y contemplaban un amplio programa de obras y mejoras de 6.000 millones de dólares que iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias.

La disputa por las garantías se agudizó a fines de mayo, cuando las autoridades de Obras Públicas intimaron a los concesionarios para que actualizaran y aumentasen los avales y seguros de cierre financiero en un plazo de 30 días.

A la semana siguiente de haber enviado las intimaciones, la cartera de Katopodis salió a anunciar que los PPP iban camino a la rescisión. Ante eso, las empresas acusaron al Gobierno de moverse con mala fe y de actuar de manera contradictoria al exigir la renovación de las garantías para mantener vigentes del contrato y al mismo tiempo declarar que ya estaba tomada la decisión de terminar con las concesiones.

Después de las renuncias de la semana pasada y el fallo a favor que obtuvo uno de los concesionarios, el Ministerio de Obras Públicas adoptó dos medidas que aliviaron un poco la tensión y reflotaron la chance de llegar a una salida no traumática.

Por un lado, aceptó recortar a la mitad el monto de las garantías en línea con lo estipulan los contratos ante una prolongada situación de default y aumento extraordinario del riesgo país. Por otro, incrementó el monto de los subsidios tarifarios que reciben los concesionarios por la denominada “Contraprestación por Disponibilidad” (CPD), la “colectora” con la cual el Gobierno compensa los últimos aumentos de los peajes que no fueron trasladados a los usuarios.