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Emitieron un documento en el que denuncian “vaciamiento” de ese poder del Estado. Exhortaron al gobierno a cumplir con una lista de reclamos.

Por 16/09/2020 14:14

Magistrados bonaerenses de todos los fueros plantaron bandera ante el gobernador Axel Kicillof. Lo hicieron con una batería de reclamos en la que sobresalen dos: designaciones para bajar la tasa de vacantes en la judicatura y recomposición salarial. Sostienen que por la falta de nombramientos en el tiempo se lleva adelante un “vaciamiento” de ese poder del Estado. El reclamo llega a días de la aprobación de 41 pliegos de jueces y fiscales por parte del vidalismo en el Senado, lo que recrudeció la disputa con el Ejecutivo tras el pedido –desoído– del mandatario de la devolución de esas carpetas para su revisión.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires presentó dos informes en los que muestra la radiografía del estado de situación que atraviesa la justicia bonaerense. En el paper “Justicia incompleta” al que accedió Letra P, se destaca que el poder judicial sufre desde hace años “un serio problema de vacantes” en los cargos de magistradas y magistrados. “Sin embargo –indican en el texto–, esta situación, que no encuentra solución en el sistema de subrogancias, ha venido agravándose en los últimos años”. El informe va en línea con lo solicitado en junio pasado por la Suprema Corte, publicado por este medio.

 

 

Entre las razones “múltiples y convergentes”, señalaron la “ausencia de un presupuesto autárquico del Poder Judicial” junto a “recortes presupuestarios que produjeron un desfasaje con la inflación registrada en los últimos años” que se suma a la “falta de partidas presupuestarias para poner en marcha los cargos creados por ley” y la “acumulación de ternas sin resolver en el Poder Ejecutivo provincial”.

Los jueces destacaron que existen magistrados con decreto de nombramiento que “no pueden asumir por falta de presupuesto” para poner en marcha el órgano para el que fueron designados, la “lentificación del Consejo de la Magistratura, que comenzó a manifestarse en el año 2018 con la modificación de la ley que regula su funcionamiento, y que derivó en que, al día de hoy, se lleve más de un año sin votar ternas ni poner en marcha nuevos concursos (cuya duración estimada es de dos a tres años cada uno)” y “más de 100 cargos que han quedado vacantes recientemente y por los cuales el Ejecutivo aún no ha llamado a concurso”.

Según se establece en el documento, se generaron dos grandes asimetrías: entre los cargos creados por Ley Orgánica y los que realmente existen (más de 156 organismos que no se implementaron ni se concursaron la mayoría de ellos) y las condiciones de los órganos que cuentan con una magistrada o magistrado como titular y los que no lo tienen, que actualmente superan los 600.

NÚMEROS

  • En la Justicia de Paz, se encuentran vacantes 20 cargos, que representan el 17% de la totalidad de los órganos en funcionamiento.
  • En los Tribunales de Trabajo, hay 42 vacantes, sobre 69 tribunales en funcionamiento. Al menos la mitad de los tribunales no se encuentran integrados.
  • Entre las y los agentes fiscales se registran 120 vacantes.

Fuente: Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires

 

“Los elementos consignados muestran claramente que el sistema de justicia planificado por el legislador está alarmantemente lejos de lo previsto, lo que impacta de manera negativa en el derecho a la debida administración de justicia, que la Constitución Nacional le reconoce a la ciudadanía”, sentenció el colectivo de la judicatura provincial.

Ante este escenario, la entidad de magistrados y magistradas exhortó “a las instituciones de los tres Poderes del Estado y del sistema de justicia arbitrar las medidas estructurales necesarias para detener este proceso de vaciamiento del Poder Judicial y garantizar a las ciudadanas y ciudadanos bonaerenses el acceso pleno a la administración de justicia”.

 

 

SALARIOS. En otro de los documentos oficiales a los que accedió Letra P, la magistratura alzó la voz por considerar que se encuentran rezagados en materia de haberes mensuales. Aseguran que están gobernados por una “situación de deterioro salarial que vienen experimentando, de manera progresiva y permanente”.

Dieron seis razones para fundamentar el planteo:

  1. La provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor carga de trabajo del país, ha caído al puesto N°19 entre las 24 jurisdicciones argentinas relevadas mensualmente por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (las provincias y CABA) y se ha perdido cualquier proporcionalidad razonable con los salarios de la justicia Nacional y Federal.
  2. Las recomposiciones salariales percibidas a la fecha no alcanzan a cubrir la inflación real, ni mucho menos saldan lo adeudado de los últimos dos años, que ha sido comprometido en documentos oficiales por el anterior Ejecutivo provincial.
  3. A principios de año se rompió con la política de no otorgar aumentos diferenciados entre empleados y funcionarios y magistrados. Esa decisión distorsiona la pirámide salarial y la debida proporcionalidad entre obligaciones, responsabilidades y retribución.
  4. A lo largo de toda la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el sistema de justicia provincial ha mantenido altísimos niveles de funcionamiento (como lo demuestran las estadísticas publicadas tanto por la SCBA como por la Procuración General). Eso ha sido posible porque las y los funcionarios y magistrados trabajaron con sus equipos telemáticos personales y muchos de los Colegios, Asociaciones y Uniones de magistrados y funcionarios compraron cámaras y equipamiento para poder sostener el teletrabajo. Esa misma situación fue afrontada de manera individual por integrantes del funcionariado y de la magistratura.
  5. No se ha avanzado en la única solución estructural a esta situación, que es la autarquía financiera del Poder Judicial.
  6. Nuestra institución ha planteado una serie de alternativas para resolver esta situación, que el Ejecutivo provincial se comprometió a analizar, sin que existan respuestas hasta el momento.

Las y los funcionarios judiciales consideran que “la degradación de los ingresos de los operadores del sistema ha alcanzado límites preocupantes”. En ese marco, resaltan que es “imprescindible” que se convoque de manera “inmediata” a discutir la manera de “terminar con esta grave afectación de los ingresos familiares y, más grave aún, del principio de Intangibilidad, de rango Constitucional”.