La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA) envió un informe a los poderes Ejecutivo y Legislativo en el que detalla la cifra de cargos vacantes en la justicia bonaerense “es la más alta registrada históricamente”, lo que “pone en riesgo la prestación del servicio”.
El documento, al que accedió Letra P, indica que “las mayores demoras se producen desde que las ternas son recibidas por el Poder Ejecutivo hasta la remisión de pliego al Senado” y no hace referencia a la cobertura de vacantes de las salas descentralizadas de Casación para el conurbano y el interior de la provincia.
El informe fue firmado en conformidad por todos los integrantes de la Corte, que, en este punto, no tienen disidencias ni objeciones: se expresan juntos y en el mismo sentido.
Las cifras contenidas por el informe solo tienen en cuenta los casilleros vacíos de jueces: no hacen referencia a fiscales ni defensores oficiales, ya que eso es potestad del procurador general, Julio Marcelo Conte Grand.
El segundo Poder Judicial más grande de Sudamérica -solo lo supera el del Estado de San Pablo, Brasil) registra 207 cargos sin cobertura, es decir, el 15,24% de los lugares. Fuentes de la Corte señalaron que “esa cifra es la más alta registrada históricamente”.
La situación no es nueva ni se produjo en la actual gestión de Axel Kicillof, sino que forma parte de la herencia dejada por María Eugenia Vidal, agravada por la pandemia, que obligó a desertar momentáneamente de varias aristas de la gestión habitual de un gobierno en situación de la habitual normalidad.
Supremos bonaerenses. La Corte pide que se subran las vacantes.
El desglose de ese número de sillas vacías indica que 99 cargos están en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura; 33 poseen ternas listas esperando la remisión al Senado; 13 esperan tratamiento en la Cámara de Senadores; dos están aprobados con decreto de designación y 41 vacantes permenecen sin concursar, entre otras situaciones puntuales.
Del total de vacantes, 36 son ocupadas por jueces suplentes. También se registra una situación llamativa que la Corte no pasó por alto: hay 17 magistrados a los que se les tomó juramento anticipado “para paliar mínimamente la grave situación”, pero esos órganos judiciales aun no entraron en funciones.
Los ministros de la Corte pusieron el foco en un sector puntual donde consideran que se produce un freno. “En los últimos tiempos, las mayores demoras se producen desde que las ternas son recibidas por el Poder Ejecutivo hasta la remisión de pliego al Senado”, es decir, en el tramo final de la rosca, donde el gobernador pasa por el último filtro a la terna de aspirantes.
EL OLVIDO. Un aspecto llamativo del informe de la Corte es que no hace mención explícita a lo que ocurre con la puesta en marcha de las salas descentralizadas de Casación provincial. Se trata de un caso paradigmático de morosidad administrativa sin precedentes, ya que, durante el último tramo de la gestión de Daniel Scioli, toda la etapa Vidal y el primer semestre de Kicillof, el Ejecutivo provincial mantiene literalmente cajoneados los pliegos de 53 magistrados que fueron preseleccionados por el Consejo de la Magistratura para integrar el nuevo Tribunal de Casación descentralizado.
Como informó Letra P en varias oportunidades, desde el año 2011 existe un proyecto para descentralizar el máximo tribuna penal de la Provincia, paso previo a la Suprema Corte. Se tomaron los exámenes para jueces, fiscales y defensores; se confeccionaron las ternas y el trámite se estancó, sin mayores precisiones sobre las causas.
El mecanismo fue puesto en práctica mediante la sanción de una ley en 2011 y ratificado en 2017 por el gobierno de Vidal.
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La descentralización fue impulsada por el exministro de Justicia y Seguridad Ricardo Blas Casal, pero es resistido por los actuales jueces de ese cuerpo que tienen sus despachos en La Plata. Uno de los aspectos centrales del proyecto es acercar territorialmente el servicio de justicia a la sociedad.
Según contempla el marco legal vigente, el sistema debe instalarse en las localidades de Mar del Plata, Mercedes y San Martín. En cada una de ellas está prevista la apertura de dos salas integradas por dos magistrados cada una (ante un caso de empate en una votación, se debe recurrir a un juez de la otra sala). A ellos hay que sumarles los fiscales y los defensores oficiales de esa instancia.
Pese a que se han cumplido todos los requisitos administrativos, legales y constitucionales, el gobierno provincial aun no pone en marcha una iniciativa votada transversalmente y por unanimidad por todo el arco político provincial. Ahora, la Suprema Corte tampoco los menciona explícitamente en el informe enviado a los otros dos poderes del Estado.