Desde el ángulo político, el diputado Fernando Iglesias no defraudó y apuntó en el mismo sentido.
La cuestión mereció hasta un informe de Chequeado y, más allá de lo que pueda decirse sobre los juicios de quienes contribuyeron, en diversos roles, a un proyecto político que en apenas dos años precipitó al default a un país que había recibido en diciembre de 2015 mayormente desendeudado, cabe preguntarse si el arreglo es todo lo conveniente que parece. La respuesta tentativa es que sí, lo que no obsta que convertir en pagable una deuda que no lo era implicará necesariamente algún esfuerzo para los argentinos.
Lucía Pezzarini, analista de Ecolatina, dijo en diálogo con Letra P que “era una utopía esperar que, con el acuerdo, Argentina no tuviera que hacer nunca ningún esfuerzo, en ningún período. La deuda no se iba a condonar y en algún momento habrá que pagarla”.
“Más allá de eso, el entendimiento es bueno porque extiende mucho los plazos y hace que se paguen amortizaciones grandes recién en 2025, lo que le da al país cuatro años para ordenarse, producir excedentes de dólares y generar la confianza suficiente para volver al mercado” a financiarse, agregó.
“El acuerdo está bien, aunque quedan muchos desafíos a futuro”, cerró.
En una línea similar, el economista Gustavo Reija le dijo a este medio que “nuestra historia económica está plagada de momentos en los que los decisores políticos confundieron objetivos instrumentales con metas de política económica. En este sentido, haber cerrado el acuerdo debe ser visto como un objetivo instrumental que permitirá avanzar en la definición de políticas orientadas al logro de las metas de desarrollo económico con inclusión y equidad”.
Fuente: Ministerio de Economía.
Cabe recordar que hacia abril del año pasado, cuando aún gobernaba Macri y el default era ya inevitable, el mercado especulaba con un reperfilamiento a la uruguaya, sin quita. ¿No decía el macrismo que el país tenía un problema de liquidez y no uno de solvencia? Bueno, eso es justamente lo que atiende el plan que los referentes mencionados critican.
Como se dijo, la quita lograda por el ministro de Economía, Martín Guzmán, recayó básicamente en la tasa de interés, que pasó del 7% en dólares previo a un promedio de 3,07%, en línea con la de países de la región que no tienen los problemas macroeconómicos de la Argentina. Así, la reducción de 45% de valor presente neto (VPN, monto actual hipotético de un flujo de dinero que surge del descuento del costo de oportunidad de recibir los pagos a lo largo del tiempo) implica, según Pezzarini, “solo tomando los bonos ley extranjera, un alivio de 30.000 millones de dólares en el plazo total de la deuda”. La cifra crece a 42.500 millones de dólares si se considera que el mismo modelo se aplicará a los bonos emitidos bajo ley local, explicó el ministro.
En tanto, a diferencia del canje de 2005, que estableció un recorte del capital del 66%, ese recurso fue esta vez casi nulo: cero para los tenedores de bonos reestructurados en ese año –había sido irritante hacerles una segunda poda nominal– y apenas 3% para los títulos de la era Macri. En el Frente de Todos, desde Cristina Kirchner hasta Sergio Massa, pasando, desde ya, por el presidente Fernández, el consenso era que 2005 quedaba demasiado atrás y que el margen para tratar con los acreedores era a través de un modelo como el que se aplicó.
Leandro Ziccarelli, director del Departamento de Research del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB), también ve con buenos ojos el acuerdo, pero explica qué resuelve y qué no.
“El acuerdo da una gran posibilidad de hacer política fiscal, monetaria y cambiaria porque, incluso con muy pocas reservas, despeja completamente el corto plazo del frente externo”. (Leandro Ziccarelli).
“El canje no soluciona el problema de solvencia de la Argentina, porque la relación deuda-PBI prácticamente no cambia. A nivel de solvencia, cuando se mira lo que va a pasar a partir de 2025 y 2026, las cosas se complican de nuevo. Por eso la Argentina tiene que restablecer el financiamiento internacional en el mediano plazo para refinanciar los vencimientos que vengan”, le dijo a Letra P.
“El acuerdo otorga un año de gracia, hasta septiembre del año que viene, porque se va a hacer lo mismo con los bonos emitidos bajo ley local y con el Fondo Monetario Internacional. Eso da una gran posibilidad de hacer política fiscal, monetaria y cambiaria porque, incluso con muy pocas reservas, despeja completamente el corto plazo del frente externo”, señaló.
“Ese es el éxito del canje: haber solucionado el problema de iliquidez de corto plazo y haberlo conseguido del modo más consensuado posible, con un nivel de aceptación que debería llegar al 80 o el 90%, es decir permitiendo llegar a las cláusulas de acción colectiva y no dejar holdouts ni problemas legales para el futuro”, remató.
La mejor forma de entender la verdadera ventaja del entendimiento pasa por comprender que el de la deuda era un problema muy importante de la economía nacional, el que más ruido hacía en el mercado y el que más podía complicar en el corto plazo variables sensibles como el dólar paralelo. Sin embargo, no era el más grave e, incluso, se lo debería considerar una consecuencia de los otros: los desequilibrios fiscal y monetario, la inflación, el estancamiento económico y la incapacidad del aparato productivo para generar dólares genuinos suficientes.
No hay acuerdo ni política financiera que resuelva esos males. El pacto, celebrado por el Gobierno como la oportunidad de un nuevo comienzo, es una condición necesaria para que el país y sus empresas recuperen, en algún momento, el acceso al crédito con una finalidad productiva. En eso radica el verdadero desafío: volver a crecer sostenidamente.
Ante tamaño desafío, las chicanas políticas son, por ahora, apenas cebita.
