El conflicto entre Mercado Libre y el Sindicato de Camioneros por el bloqueo de un centro de distribución de la firma por una pugna de encuadre sindical tiene un episodio similar en Rosario. Unos 20 trabajadores del Grupo Razzini, una firma de 40 años destacada en la distribución al por mayor y menor de materiales para la construcción, decidió afiliarse al sindicato camionero, pero todo derivó en los empleados despedidos, un bloqueo en el ingreso de la planta, denuncias de amenazas y la advertencia de los dueños de discontinuar la firma.
El trasfondo parece ser la discusión por el encuadre sindical. Mientras la empresa afirma que los operarios están inscriptos correctamente en Uocra y en Empleados de Comercio porque el rubro así lo indica, los trabajadores sostienen que hacen traslados y eso significa ser transportistas, por ende, quieren ser parte de Camioneros, un sindicato de ventajosos beneficios por más que la pata santafesina no responda a la conducción de los Moyano. Los 18 trabajadores dicen que con la afiliación actual no llegan a 20 mil pesos mensuales, pero con Camioneros duplicarían esa cifra.
Por eso es que los trabajadores fueron a golpear las puertas del gremio a mediados de junio. Desde entonces, todo se desmadró. La empresa denunció en Fiscalía que el Sindicato generó un “boicot planificado” con bloqueo de ingreso y egreso de proveedores, clientes y empleados a sus empresas. Además, denunció amenazas y extorsiones “como un mecanismo aceitado para migrar trabajadores al Sindicato de Camioneros en actividades que son ajenas a dicho encuadre”.
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe tiene 22 mil afiliados y es encabezado por Sergio Aladio, quien fue reelecto hasta 2024. Está distanciado de la conducción nacional de los Moyano, quienes pugnan por generar un sindicato en la provincia pero aún no tienen personería jurídica.
El abogado del gremio, Gabriel Navas, aseguró a Letra P que la denuncia por bloqueo a la planta fue desestimada y que no existió tal bloqueo, sino un acampe a metros del ingreso de uno de los corralones y los pasos correspondientes en Trabajo. La firma argumenta que el “piquete continuó y las acciones violentas se sucedieron sin interrupción”, por lo que, vencidas las suspensiones previamente ejecutadas, avanzó con despidos por, presuntamente, ser parte de los hechos comentados.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia ordenó una conciliación obligatoria, pero ya se había tensado demasiado la situación para volver a foja cero. “Por la gravedad de los sucesos ocurridos, con gente denunciada penalmente, cumplir con dicha conciliación obligatoria resultó de cumplimiento imposible”, se excusó la empresa, no acatando la medida. Acá empieza a tallar la cuestión política.
La empresa critica al Ministerio de Trabajo por ser pasivo ante la situación pero se niega a cumplir la conciliación. “A prima fascie parecería que (el ministerio) actuara como vocero y en representación del Sindicato de Camioneros”, dijo en un comunicado. El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo también sumó a la situación y apuntó al gobierno provincial: “Hay una actitud pasiva. Y el gremio puede tener razón en su planteo, pero no puede reclamar con esa violencia. Lo llamativo es que Trabajo llama a conciliación a la firma con un Sindicato que no tiene un solo empleado afiliado. O es ridículo o hay complicidad”.
Para rematar la situación, el Grupo Razzini hizo trascender a clientes, proveedores y la prensa la decisión de avanzar en un proceso de liquidación y cierre definitivo, reconversión de la firma o hasta reinstalación en Paraguay, debido a lo ocurrido. El gremio dice que responde a “una estrategia de presión mediática para hacer responsables a los trabajadores de un supuesto cierre”.
