El viernes 31 con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. El lunes 3 con la canciller de Alemania, Angela Merkel. Este martes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El miércoles con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La gira de Alberto Fernández por Europa tiene, entre otros objetivos, uno urgente: conseguir votos decisivos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr una refinanciación ventajosa de la deuda acumulada en el bienio final del gobierno de Mauricio Macri. ¿Pero de cuántos votos se trata exactamente?
De acuerdo con la página oficial del propio FMI, los cuatro países incluidos en el viaje presidencial suman el 14,293% de los votos en el Directorio, una cifra de por sí insuficiente, pero imprescindible para la construcción de una mayoría.
Los votos en el Fondo se distribuyen de acuerdo con el monto que aportan sus diferentes estados miembros, lo que conforma la masa de dinero prestable del organismo. La Argentina, que aporta poco (0,66%) y vota en consecuencia, tiene acorralado aproximadamente el 60% de dicha capacidad, lo que constituye, además de una pesada carga para el país, un dolor de cabeza que Kristalina Georgieva ha heredado de Christine Lagarde.
El mencionado 14,293% de los votos cuenta con Alemania como principal titular dentro de ese paquete, con una cuota equivalente al 5,32% de los sufragios.
En tanto, Francia tiene un peso del 4,03%, Italia del 3,023% y España, del 1,92%.
La tarea de sumar es ardua. Estados Unidos es el mayor miembro del club, con una cuota del 16,52%, insuficiente para imponer sus puntos de vista pero no para bloquear los que lo contradigan.
A distancia, lo siguen Japón con el 6,15% y China con el 6,09%. Alemania, país ya mencionado, es la cuarta potencia dentro del FMI.
Se supone que el acercamiento con el gobierno de Donald Trump permitirá contar con esos votos cuando la propuesta llegue formalmente, tras pasar por un proceso de negociaciones, al Directorio. China es otro potencial aliado. Japón siempre es un hueso duro de roer, lo mismo que Alemania, aunque esta vez Merkel ya haya dado algo más que una esperanza cuando el lunes dijo: “Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación fácil y por eso es importante que pensemos desde Alemania, desde Europa, cómo podemos apoyarla y ayudarla”.
El aval del FMI, sin embargo, solo llegará, si llega, después de una compleja negociación. La postura argentina, planteada por el representante nacional Sergio Chodos, busca liberar todo el mandato de Fernández de la obligación de realizarle pagos al organismo, el mayor acreedor del país.
El Presidente renunció, ni bien comenzó su mandato el último 10 de diciembre, a recibir el último tramo del Stand-by negociado por Macri en 2018. De esa forma, el monto que recibió el país no llegó a los 56.700 millones de dólares previstos inicialmente sino a 44.500 millones.
Los reembolsos deberían comenzar a realizarse este mismo año, por 5.600 millones de dólares, cifra que saltaría por encima de los 20.000 millones en 2021 y 2022, para culminar en 2023. Ese es el cronograma del que Fernández busca desembarazarse.
El fracaso del megapaquete se mide en que el país no ha logrado con él restaurar la confianza de los acreedores y volver al mercado voluntario de deuda. Así las cosas y con un riesgo país al filo de los 2.000 puntos, la Argentina no podría rollear esos vencimientos y debería hacerles frente con recursos propios de los que, a todas luces, carece.
Fuente: Raba Bursátil.
Otro problema para la Argentina y otro elemento a negociar está dado por cuál será el enfoque que el FMI dará a la extensión de plazos. A priori, el organismo podría encuadrarla en un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que se destina a países con problemas de balance de pagos estructurales pero que, al disponer fechas límite de reembolso de hasta diez años, conlleva condicionalidades severas en términos de reformas estructurales como la previsional y la laboral, asuntos en los que Fernández no pretende avanzar de un modo directo.
Así, para el Gobierno sería ideal que esa refinanciación de vencimientos siguiera en el marco del Stand-by vigente, con lo que evitaría exponerse a esos extremos, políticamente espinosos.
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