El Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años se propone como “un cambio de paradigma”. A diferencia del presentado por el gobierno anterior, que sólo abarcaba a las mujeres, aquí se incluye a la población LGBTI+.
En un documento de 200 páginas, el programa -lo presentaron el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta- propone como eje fundamental “pasar de un abordaje individual a uno integral e interseccional” y establece un presupuesto de 18.000 millones de pesos para los dos años de implementación –entre junio de 2020 y junio de 2022-, unas 11 veces más, de acuerdo con la inflación calculada por el INDEC correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019- que lo que se había adjudicado al plan anterior, presentado por Fabiana Túñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres y luego del Instituto Nacional de las Mujeres. Esto, sin contar que en 2019 la subejecución sobre el original fue del 89,31%, según calcula la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
twitter_tweet
La inclusión de la perspectiva de la diversidad y la relevancia que se otorga a la autonomía económica representan cambios significativos en relación con los planes de las gestiones anteriores.
“Nuestra política no será crear más hogares y refugios, sino impulsar acciones para garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, que les permitan (a las personas en situación de violencia) desarrollar un proyecto de vida autónoma y libre de violencias”, escribe Gómez Alcorta en el prólogo del Plan. La referencia es bastante clara: la propuesta del gobierno anterior contaba con 750 millones de pesos y 600 estaban destinados a la construcción de 36 refugios para víctimas de violencia machista. En el período 2017-2019 se terminaron nueve, aunque ocho habían comenzado a construirse en el gobierno anterior.
twitter_tweet
El documento presentado el viernes reconoce como antecedente aquel plan presentado por Túñez en 2016, aunque lo describe como “un documento de política pública diseñado de manera centralizada por el organismo rector de políticas de género con un perfil eminentemente tecnocrático, es decir, con una mirada focalizada en cuestiones técnicas y con limitado enfoque de las problemáticas más concretas, sólo tangibles a través de un mayor acercamiento a las realidades de todos los días”.
Túñez prefiere no opinar sobre las críticas al plan presentado y llevado adelante, en parte, por su gestión. “La lucha contra el patriarcado no se termina en cuatro años, así que va a tener que formar parte de las políticas públicas por muchos años”, sostiene la creadora de la frase “el feminista menos pensado”, que usó para presentar al expresidente Mauricio Macri como orador en el acto de gobierno por el Día de la Mujer 2018.
Túñez está convencida de que el Ministerio de las Mujeres tomó como base el Plan 2017-2019: “Hay programas nuestros que cambiaron el nombre, como la creación del Programa de Apoyo Económico Urgente, que ya estaba; el de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral, que también ya estaba y me parece muy bien que continúe; el Potenciar Trabajo, que en realidad estaba dentro del programa Ellas Hacen”.
Sobre la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), que retoma y potencia el Registro Único de Casos de Violencia Contra las Mujeres (RUCVM) iniciado por el INDEC en 2019, Túñez dice que “ya lo había dejado firmado como para que el INDEC y el INAM lo llevaran adelante”. “No me queda claro el programa de modernización del 144 -continúa-, porque en realidad el 144 ya había sido modernizado”.
El nuevo plan incluye la creación del Programa Generar (de fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público nacional y subnacional) pero, de acuerdo con la extitular del INAM, este programa también existía, igual que el Articular (de apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad).
twitter_tweet
La mirada de Túñez está puesta sobre el presupuesto porque, aunque admite que fue incrementado, “también es cierto que ahora hay muchos más cargos que cubrir y todavía no queda claro el desglose”.
Lo que puede leerse en el Plan presentado la semana pasada distribuye 205.472.000 pesos para prevención, 17.671.198.000 para asistencia y abordaje integral -incluye obras de obras de refacción, equipamiento y ampliación de hogares, refugios, como la creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país además de la modernización del servicio de la Línea 144 y la transferencia monetaria a través del Programa Acompañar a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia y vulnerabilidad económica-, 85.650.000 para protección y fortalecimiento del acceso a la justicia y 37.680.000 para gestión de la información, transparencia y monitoreo. Estas partidas presupuestarias serán ejecutadas, dice el documento, en forma directa por el ministerio que conduce Gómez Alcorta “o con la participación de otras dependencias de la Administración Pública Nacional, como el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la ANSES, que apoyarán las acciones del MMGyD en relación a la construcción de los Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país y al Programa Acompañar respectivamente”.
Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analiza: “El presupuesto que se propone para el Plan es muy importante, pero no está claro cuánto de ese presupuesto será de gestión directa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y cuánto se gestionará a través de otros organismos. Será fundamental continuar la transparencia presupuestaria que se inició hace algunos años y profundizarla, para permitir el monitoreo y el control de la asignación y ejecución de ese presupuesto”.
De acuerdo con el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, desde el 20 de marzo, se registraron 81 femicidios. Y, en total, desde el 1º de enero hasta el 30 de junio 162 mujeres fueron asesinadas por su condición de género: un promedio de un femicidio cada 27 horas. “Ni Una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República”, dijo el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción, el 10 de diciembre. El 3 de junio de 2015, en las plazas de todo el país, miles de personas reclamaron la puesta en marcha del Plan de Acción contra las violencias por motivos de género que entonces aún no había sido presentado. También pidieron la creación de un registro único de femicidios y el acceso a la justicia sin obstáculos para las víctimas de violencias machistas, entre otros puntos importantes. Hasta ahora, los gobiernos siguen en deuda con las personas que atraviesan situaciones de violencia. Este Plan abre una nueva posibilidad de priorizar en la agenda pública la desigualdad de género. Depende de las funcionarias y de los funcionarios que se cumpla. La sociedad civil está por delante, con los ojos puestos en su puesta en marcha con transparencia y celeridad.