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Meoni salió a dar respuestas parciales sobre el futuro de la ruta fluvial del litoral a partir del pedido de informes de un senador oficialista. Lobby privado.

Por 31/07/2020 12:54

Un simple pero picante “proyecto de comunicación” de un senador oficialista que pidió saber qué está pasando logró quebrar el prolongado mutismo que venía mostrando el Ministerio de Transporte sobre el futuro de la concesión de la hidrovía.

Por falta de repuestas concretas o por un ineficiente manejo comunicacional, la cartera que conduce Mario Meoni mantuvo, en los últimos meses, un llamativo silencio acerca de las medidas que piensa instrumentar para mantener en condiciones el sistema de navegación troncal de Santa Fe a la salida atlántica, por donde sale casi el 80% de las exportaciones agroindustriales.

Privatizada a mediados de los 90, la operación de la autopista fluvial y marítima de 820 kilómetros que enlaza los principales puertos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires está en manos de Hidrovía S.A., el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa, cuyo dueño Gabriel Romero se encuentra involucrado en la causa de los cuadernos. 

 

 

Dicha concesión, que había sido renegociada y prorrogada durante la administración kirchnerista, expira en diez meses y para esta altura del año el Gobierno ya tendría que haber convocado a una licitación internacional para elegir al nuevo concesionario, que debería hacerse cargo en mayo de 2021.

Al ver que eso no se estaba cumpliendo y ante la quietud de Transporte, el senador oficialista Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires) presentó, a mediados de julio, un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo informe qué se había hecho hasta ahora con los pliegos y la licitación para el dragado y mantenimiento de la hidrovía.

Entre otras cuestiones salientes, solicitó que se diera a conocer “la fecha de inicio del proceso licitatorio, la información actualizada de los pliegos aprobados, la ecuación económico-financiera de la futura concesión y el plan de obras con sus respectivos costos, beneficios e impacto ambiental”.

Taiana, que ingresó al Senado en diciembre pasado en remplazo de Cristina Kirchner, destacó en su presentación la falta de cumplimiento de la promesa inicial que el presidente Alberto Fernández les había hecho a las provincias en la jura del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

 “No hay información –advirtió– sobre si se encuentra contemplada la participación del Estado nacional y las provincias ribereñas dentro del marco normativo e institucional de la futura concesión de la vía fluvial”. 

 

 

Lejos de ser una presentación solitaria destinada al archivo, la movida de Taiana tomó mayor relevancia al lograr la adhesión de los legisladores del oficialismo Teresa González (Formosa), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Oscar Parrilli (Neuquén), Beatriz Mirkin (Tucumán), José Uñac (San Juan) y Cristina del Carmen López Valverde (San Juan).

Tras tomar nota del cuestionamiento del Senado, Meoni salió a dar algunas respuestas y a blanquear cuales son los planes que tiene para la futura concesión de la hidrovía.

En dos reuniones virtuales con estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y con directivos de cámaras empresariales e industriales vinculadas con la hidrovía, el titular de Transporte confirmó dos definiciones clave:

 

-La concesión actual que tiene Hidrovía S.A.,  que vence en mayo de 2021, será prorrogada, como mínimo, un año más debido a que no se podrá concluir antes de esa fecha la licitación para seleccionar al nuevo concesionario.
-Para llevar adelante el proceso licitatorio y el control de la concesión, se creará una nueva empresa estatal denominada “Hidrovía Sociedad de Estado” (HSE).

 

Según anticipó Meoni, en los próximos días el presidente Fernández suscribirá el decreto de creación de la HSE, donde el Estado nacional tendrá el 51% de las acciones y las provincias, el 49% restante. 

En el caso de la Nación, los accionistas serán los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo Productivo. En tanto, por el lado provincial, las participaciones corresponderán a las administraciones de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones.

La nueva compañía estatal será la encargada de elaborar los pliegos, llamar a licitación, adjudicar la concesión y actuar como organismo de control de las obras e inversiones previstas para ampliar y mantener el dragado y balizamiento de la vía navegable, que se extenderá al norte de Santa Fe hasta la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. 

Si bien constituyen un avance, los anuncios de Meoni no lograron despejar los interrogantes que sobrevuelan en el sector acerca de los tiempos de implementación y los recursos necesarios para llevar adelante los cambios en juego.

Si bien constituyen un avance, los anuncios de Meoni no lograron despejar los interrogantes que sobrevuelan en el sector acerca de los tiempos de implementación y los recursos necesarios para llevar adelante los cambios en juego.

Uno de los puntos que más ruido genera es si se justifica la creación de una nueva empresa estatal en medio del actual descalabro económico provocado la pandemia que aún no ha encontrado su piso. 

En la práctica, las tareas asignadas a la nueva compañía, cuya puesta en marcha implicará un mayor gasto fiscal, podrían ser realizadas por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, cuyos técnicos y profesionales fueron los que diseñaron y concretaron la privatización en la década del 90.

Otro de los puntos que deja dudas es cómo harán los funcionarios para poner rápidamente en funcionamiento la HSE y no alargar la prórroga prevista para el actual concesionario hasta 2022.

La constitución y formalización de un nuevo organismo estatal implica una sucesión de acciones administrativas y burocráticas que pueden demandar entre ocho y 12 meses de trámites. Tanto la energética Enarsa como las ferroviarias ADIF y SOFSE, que fueron creadas en la década pasada, recién estuvieron en condiciones plenas para poder funcionar casi un año después de haber nacido en los papeles.

Mientras se esperan más precisiones de la iniciativa oficial, los jugadores privados que tallan en la hidrovía comenzaron a desarrollar una sutil jugada de presión para que las autoridades tengan en cuenta sus planteos a la hora de definir el nuevo esquema de concesión.

La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina del Acero, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Unión Industrial Argentina le presentaron a Transporte un trabajo conjunto con las “bases y condiciones” ideales que deberían tenerse en cuenta para la futura licitación.

 

 

Elaborado por la consultora privada Latinoconsult, el estudio de factibilidad técnico económica, que cuenta con más de tres mil páginas y planos, plantea que se puede lograr un “ahorro” del orden del 20% por tonelada transportada con un esquema basado en los siguientes puntos:

 

-Un sistema similar al actual con un concesionario privado a cargo de los trabajos de dragado y señalamiento por un plazo máximo de 15 años y sin financiamiento ni aportes del Estado.
-El cobro de una nueva tarifa de peaje de U$S 2,82 por TRN (Tonelada de Registro Neto), 8% menor a la actual, para financiar todas las obras de profundización y mantenimiento del dragado.
-Un desembolso total de inversiones en ampliación y conservación de la vía navegable de 3.800 millones de dólares.
-La creación de un órgano de control “independiente y autónomo” con participación de la Nación, las provincias y representantes del sector privado.