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En un extenso texto, los legisladores del bloque opositor a Arabela Carreras respaldaron el anuncio del presidente Alberto Fernández.

Redacción 31/07/2020 10:00

El bloque del Frente de Todos de Río Negro expresó pleno apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que será remitido al Congreso de la Nación para reformar la Justicia Federal, tal como el actual presidente Alberto Fernández prometió en campaña, anunció al asumir el 10 de diciembre y ratificó en la apertura de sesiones del pasado 1 de marzo. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la presidenta del bloque María Eugenia Martini, la legisladora y presidenta del Partido Justicialista Alejandra Mas y su par y referente del Partido Kolina, María Inés Grandoso.

La intención del gobierno nacional, que se respalda mediante un proyecto de Comunicación que es autoría del legislador del Frente Grande, Marcelo Mango, es “poner en el debate público la cuestión judicial, para tener un mejor Estado de Derecho, consolidar una justicia independiente regida por las mayores normas de transparencia, que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”.

En sus fundamentos, califican esta reforma como “un hecho trascendente en la historia institucional de nuestro país, ya que no sólo significa el cumplimiento de la palabra empeñada del Presidente de la Nación, sino que también es la decisión de avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la división de poderes, la defensa de los Derechos Humanos y la plena vigencia de las garantías constitucionales”.

El proyecto recuerda que Alberto Fernández dijo ante la Asamblea Legislativa hace cinco meses que “en este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.

En esa ocasión, el mandatario adelantó su propósito de “impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.

La iniciativa parlamentaria que se presentó este jueves en la Legislatura rionegrina asegura que “a poco más de siete meses de haber asumido el cargo, en el contexto de una pandemia mundial que requiere de los mayores esfuerzos, energías y dedicación a los efectos de preservar la vida de las personas, disminuir los riegos y cuidar el trabajo y la producción, el presidente Fernández cumple con la palabra empeñada al poner en marcha el reordenamiento de la Justicia Federal”.

Mango, junto a Martini, Mas y Grandoso, afirman que “los resultados de la encuesta realizada hace un año por la Universidad Católica Argentina pone blanco sobre negro acerca de la credibilidad el Poder Judicial”.

Decía aquel informe que “el Poder Judicial no inspira credibilidad y los niveles de confianza en la Justicia se encuentran en su punto más bajo desde 2010, tras registrar una caída abrupta: sólo el 7% de los argentinos consultados tiene confianza en esta pata del Estado”.

La reforma de la Justicia impulsada por el presidente Alberto Fernández propone crear la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes.

Se ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.

Esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural, se unifican las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías. Se transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente.

Se establece la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo, se fortalece la Justicia Federal en el interior del país y se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público integrado por juristas de reconocimiento técnico indiscutido.

“Por ello proponemos que la Legislatura exprese su beneplácito y total apoyo al Proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que será remitido al Congreso de la Nación”, concluye el proyecto que ingresó este jueves a la Legislatura.