El endurecimiento de controles y la restricción de la circulación en distritos lindantes al partido de Olavarría motivó una presentación ante la Suprema Corte por parte del intendente Ezequiel Galli (PRO). El jefe comunal acusó a nueve municipios de impedir la libre circulación y el acceso al trabajo al prohibir el ingreso de olavarrienses a esas localidades.
Como Letra P había indicado, la detección de casos positivos de Covid-19 en varios distritos del interior bonaerense encendió una luz de alarma en los municipios que no tenían casos positivos. Para evitar contagios reforzaron los controles y limitaron el ingreso de mercadería y de vecinos oriundos de comunas calientes.
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Esa es la situación que padecieron los olavarrienses, ante el aumento de pacientes con coronavirus, y que motivaron una presentación judicial de Galli ante el máximo tribunal bonaerense. En la demanda pide que se declare la existencia de un conflicto externo de poderes y que se suspendan inmediatamente las medidas adoptadas por distintos representantes comunales de la región.
Si bien la presentación no menciona a los intendentes que habrían tomado la decisión, sí detalla cada uno de los municipios que han impuesto restricciones a los olavarrienses. La denuncia, entonces, apunta a Pablo Torres (Laprida), Marcos Pisano (Bolívar), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Alejandro Acerbo (Daireaux), Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Notararigo (Saavedra), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Gustavo Cocconi (Tapalqué).
“Se hizo una acción de conflicto de poderes porque el municipio entiende que los otros municipios tienen un exceso en la atribución en el poder de policía que tienen para controlar a los vecinos de Olavarría que van a trabajar a esos municipios”, señaló mediante un comunicado el subsecretario de Asuntos Legales, Marcelo Fabbi.
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En este sentido, el funcionario indicó que esas decisiones “violan el artículo 14 de la Constitución Nacional en cuanto a la libre circulación, trabajar y ejercer cualquier industria lícita”, por lo que solicitan que “cedan en esa atribución de ejercicio de poder de policía” y que se ajusten a los alcances de los decretos nacionales que “que autorizan con el certificado único habilitante las tareas consideradas esenciales para poder ejercer libremente esos derechos de raigambre constitucional”.
En la denuncia, a la que Letra P tuvo acceso, se le solicita a la Suprema Corte que arbitre los medios para lograr “el inmediato cese del exceso de competencia perpetrado por los municipios requeridos, el cual deviene ilegítimo y, a su vez, impacta en el normal funcionamiento del municipio de Olavarría y en los derechos de sus habitantes”.
Se busca “poner fin inmediato al exceso de competencia por la vía de hecho de parte de los Municipios requeridos, y que se les permita a los ciudadanos del Partido de Olavarría el ingreso y la libre circulación, se les permita trabajar y ejercer toda industria lícita en su territorio”.