Con más poder de fuego, grandes fondos plantean al Gobierno un dilema de hierro

El texto, que se cuida de mantener abierto el canal de las negociaciones, señala la presunta capacidad de bloqueo de los firmantes –y de un grupo de tenedores a los que no identifica– a cualquier acuerdo por fuera de su aceptación. 

“Colectivamente, los titulares de apoyo tienen el 32% de los Bonos de Canje y el 36% de los Bonos Globales en circulación. Al combinar estas cifras con otros titulares que han comprometido su apoyo a la propuesta conjunta pero no pueden ser nombrados por razones institucionales, los partidarios de la Propuesta Conjunta representan el 60% de los Bonos de Canje pendientes y el 51% de los Bonos Globales pendientes”, indica al respecto.

“Confiamos en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una mayor y más sostenida inversión en los sectores clave para el crecimiento de la Argentina, incluidos los agronegocios, la energía, la minería, la infraestructura y tecnología de la información, y un futuro económico brillante y sostenible para los argentinos”, endulza.

Entre los 30 fondos firmantes aparece, claro, BlackRock, acusado por las autoridades de haber cartelizado a otros para presionar a la Argentina más allá de sus posibilidades de pago.

El Gobierno considera insustentable la contraoferta de los acreedores. Así, se ha mostrado dispuesto a revisar, a pedido de aquellos, las condiciones legales de su última oferta, pero no las económicas. 

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Una de las condiciones jurídicas importantes está dada por la posibilidad de que el Gobierno realice reasignaciones de series de bonos una vez que se conozcan los niveles de aceptación, de modo de dejar fuera del canje las que impidan la conformación de las mayorías requeridas por las cláusulas de acción colectivas (CAC) que impiden el inicio de litigios en tribunales extranjeros. Las autoridades ya han cedido en parte al ofrecer la aplicación de umbrales mínimos de aceptación, pero los fondos pretenden que toda la idea, destinada a avanzar en base a minicanjes reiterados -la llaman “estrategia Pac-Man”-, sea totalmente desechada.

Las CAC de los bonos del canje de 2005 son más restrictivas que las de los bonos emitidos a partir de 2016. La Argentina quería inicialmente que todos los nuevos títulos se rigieran por las segundas, mientras que los acreedores pretendían lo opuesto. Finalmente, la oferta nacional reconoce a cada tipo de bonos, los llamados K (Kirchner) y los M (Macri), sus indentures (condiciones legales) originales.

Los fondos, asimismo, buscan mejorar la oferta económica nacional, algo que para los más grandes implica minimizar las pérdidas que les causó haber entrado al mercado confiando en la estrategia del gobierno anterior. Sus pérdidas han sido fuertes porque compraron a valores cercanos a la par, al revés que otros, como Greylock Capital, del financista Hans Humes, que vieron la inminencia de un default en septiembre del año pasado recién salieron entonces a comprar a bajo precio en previsión de un canje que les termine reconociendo mejores paridades. Humes ya aceptó la propuesta del Gobierno y se irritó al ver cómo otros fondos con los que compartía el grupo ACC desandaron ese compromiso para marchar detrás de la postura dura de BlackRock, el gigante de Larry Finkque administra 7,3 billones de dólares en activos.

El renovado desafío pone a Fernández y a Guzmán ante la disyuntiva de ceder nuevamente o arriesgarse a la caída de una negociación en la que basan buena parte de la estrategia económica futura, que debe seguir con la normalización de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo ley argentina, con la normalización de las variables macroeconómicas y cambiarias y, en definitiva, con una reactivación pospandemia lo más robusta posible en 2021.

El Gobierno le explicó a la contraparte que si las tratativas naufragaran y pasara entonces a negociar con el Fondo, al que el país le debe 45.000 millones de dólares, cualquier oferta futura a los acreedores privados tendría menos resto y sería más desventajosa para estos.

Por último, explican que todos los cálculos de VPN se basan en variables subjetivas. En efecto, la oferta nacional se cifra en 53,5 bajo el supuesto de que la exit yield, esto es la tasa de la deuda argentina posterior a un canje exitoso, sea del 10%. Sin embargo, los fondos, especialmente los más importantes, son considerados market makers, es decir que con sus acciones moldean en buena medida el mercado de deuda emergente. En ese sentido, una exit yield del 10% no deja de ser un supuesto caprichoso y, en verdad, la única certeza es que, si hay acuerdo, podría establecerse más abajo, incluso en un 7,5% en dólares. 

Así, cálculos privados indican que, si a una tasa supuesta del 10% la oferta oficial se corresponde con un VPN de 53,5 centavos por dólar, a una del 9% sería de 57, a una del 8% una de 60 y a una del 7,5%, una de 62.

En ese sentido, en el Palacio de Hacienda por el momento siguen hablando de una oferta inmodificable en lo financiero y creen que los acreedores finalmente entenderán que es mejor para ellos aceptar los 53,5 centavos que se les ofrecen antes que dar por tierra con toda la negociación y ver cómo sus acreencias defaulteadas se desploman en el mercado hasta niveles del orden del 25%, lo que solo seduciría a fondos buitres interesados en litigar para cobrar el 100% dentro de varios años.