La desaparición forzada y el gatillo fácil. Dos de los escenarios más temidos por cualquier gestión de gobierno que se autodefina “nacional y popular” o “progresista” sacuden la gestión del gobernador Axel Kicillof y, particularmente, la de su ministro de Seguridad, el militar Sergio Berni. Facundo Astudillo Castro (22) y Lucas Nahuel Verón (18) no se conocieron nunca. El primero es de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires, y el segundo, del conurbano. A ambos jóvenes, integrantes de hogares trabajadores, los une un destino trágico que tiene a la violencia institucional y a la Bonaerense como denominadores común. Esos hechos son solo una muestra: según la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi), en Buenos Aires hubo un caso de gatillo fácil cada seis días en lo que va de la cuarentena, cuatro meses, aunque investigaciones en curso indican que ese número crecería al doble.
El 6 de marzo, en la Escuela de Policía Juan Vucetich y junto a los ministros Berni y Sabina Frederic (Seguridad, de la Nación), Kicillof definió a la fuerza que quiere: “Necesitamos que cumplan con su vocación y su deber. Eso es un compromiso de este gobernador. Necesitamos de su eficacia, una Policía decente y humanizada. Con una vocación profundamente democrática. Estamos aquí porque nos puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que tener compromiso con ese pueblo”.
En un acto por el Día de la Independencia en La Matanza, parado frente a sus efectivos Berni pronunció un encendido discurso. La tropa “solo tiene que conocer la gloria que surge de las acciones y la generosidad de dar la vida en el cumplimiento del deber”, dijo. Horas después, en la noche de ese mismo 9 de Julio, integrantes de la fuerza asesinaron a Lucas Nahuel Verón cuando regresaba de festejar su cumpleaños a bordo de una moto junto a un amigo. Recibió un tiro que le atravesó el pecho. Murió en el acto. Por el asesinato, dos efectivos están detenidos. La Comisión Provincial por la Memoria afirma que es una claro episodio de gatillo fácil.
Lo sucedido con Verón encaja en el comportamiento de la fuerza. Desde el 30 de marzo, cuando fue decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta la fecha –cuatro meses–, en territorio bonaerense hubo 27 casos de gatillo fácil que terminaron en asesinatos. De esos, 5 fueron cometidos por policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dos, por efectivos de fuerzas federales; 1 por uniformados de Gendarmería y los restantes 19, por integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detalló a Letra P la militante de la Correpi María del Carmen Verdú. Es decir, un caso cada 6,3 días si se toman sólo los cometidos por uniformados bonaerenses.
Pero en Correpi presumen que la cifra sería, en realidad, del doble. Lo infieren a partir de casos que tienen en estudio y sobre los cuales avanzan más lento de lo habitual debido al contexto de pandemia. “Damos un caso por confirmado una vez que pudimos ver el expediente y entrevistarnos con familiares y conocidos de las víctimas”, explica a este medio de Verdú sobre la rigurosidad del trabajo hormiga de la Coordinadora.
“Es necesario un cambio profundo en las políticas de seguridad, no podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos en democracia.” (Adolfo Pérez Esquivel)
En 2016, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) comenzó un registro propio de casos. Desde aquel momento hasta el 30 junio pasado se reportaron 545 víctimas; es decir, una muerte cada 72 horas. El presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, reiteró la necesidad de “un cambio profundo en las políticas de seguridad” para evitar que “se sigan violando los derechos humanos en democracia”.
Un informe de Izquierda Diario, que también realiza un conteo pormenorizado de los casos de gatillo fácil en Buenos Aires, indica que en junio hubo un muerto cada 40 horas a manos de uniformados de la Bonaerense.
DÓNDE ESTÁ FACUNDO. El 30 de abril, Astudillo Castro salió de su casa ubicada en la localidad de Pedro Luro. Iba a encontrarse con su novia pero nunca llegó. Desapareció luego de ser detenido en un control policial por violar la cuarentena. El caso comenzó a ser investigada en la justicia provincial pero ante la inconsistencia de la causa y las sospechas sobre la policía, el 10 de julio pasó al fuero federal y se recaratuló como “desaparición forzada”. Ya bajo el mando de la fuerza que comanda Frederic, fue allanada una subcomisaría de la localidad Mayor Buratovich. La familia del joven y su abogado patrocinante señalan que esa ventana de tiempo, de al menos 70 días, pudo haber sido usada para borrar pruebas.
INSEGURIDAD FOR EXPORT. La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para dar con el paradero del joven. En la misiva, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también pide llevar adelante una investigación independiente y brindar medidas cautelares para la protección a los testigos que declararon en la causa y cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.
Esta acción de la ONU es una respuesta al pedido realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de punta de lanza del mecanismo local de prevención de la tortura en Buenos Aires.
Varios días antes que la causa pasara a manos de la justicia federal, se encendieron las luces de alarma en la cartera de Seguridad nacional. La cronología de trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas federales comenzaron cuando aún estaba la policía y justicia bonaerense con los pies en el plato.
El 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del ministerio encabezado por Frederic tomó conocimiento de la desaparición. Este sistema pone recursos a disposición de los fiscales a cargo de las investigaciones.
Ese mismo día se retransmitió el caso a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) del ministerio, una herramienta que permite comunicar en tiempo real a todas las policías provinciales de país y otras agencias gubernamentales la desaparición de una persona.
El 8 de julio, con la intervención de la justicia federal, la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) fue incorporada como auxiliar de la justicia. También se pidió a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Gendarmería Nacional Argentina que dispongan de sus recursos para acompañar las tareas de búsqueda. Ese día la PFA secuestró elementos de interés para la causa en la subcomisaria de Mayor Buratovich.
El 13 de julio se desplegaron recursos humanos y tecnológicos para la búsqueda. Y se trazó una planificación interfuerzas que contó con la participación de agentes de PFA de Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tandil, Pinamar, Chascomús, Dolores, Azul y Bahía Blanca. Estas delegaciones federales dispusieron oficiales, suboficiales, agentes, móviles, unidades de bomberos, perros y drones para realizar la cobertura territorial. Astudillo Castro sigue desaparecido.
BERAZATEGUI. El martes 16 de junio, efectivos policiales mataron a balazos a un joven de 22 años que los amenazaba con un cuchillo. Para la fiscal se trató de un caso de “legítima defensa”.
QUIMES. El lunes 22 de junio, dos policías de civil asesinaron al mecánico Fernando Matías Ezequiel Leguizamón, de 31 años. Lo confundieron con un ladrón de autos. La víctima viajaba en su vehículo junto a su esposa, testigo del asesinato.
CHASCOMÚS. Raúl Dávila estaba detenido en la comisaría Primera chascomusense acusado de un delito menor y excarcelable cuando, el 27 de junio, se desató un incendio. Murió a causa de las quemaduras sufridas. Los policías de servicio en la seccional deberán explicar por qué no pudieron salvarlo.
MAR DEL PLATA. En un confuso episodio, el 5 de julio el panadero Brandon Romero (18) murió de tres disparos de un arma policial. Iba en bicicleta y tras caer baleado fue arrollado por un automovilista que escapó del lugar. La madre de la víctima contó que su hijo trabajaba y no tenía antecedentes penales.
