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Estará con CFK del mismo lado del proceso penal para saber si Mauricio Macri dio las órdenes de espiar ilegalmente.

Por 02/07/2020 16:13

La exgobernadora PRO María Eugenia Vidal fue aceptada como querellante en la causa que tramita en la justicia Federal de Lomas de Zamora, donde se investiga una presunta red de espionaje ilegal con fines políticos desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo era conducido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El juez federal Federico Villena validó la presentación para ser querellante presentada por el abogado de la exmandataria bonaerense, quien cumplirá el mismo rol junto al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el exintendente de La Plata Pablo Bruera y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sin grieta, todos estos querellantes están en condiciones de solicitar medidas de prueba para que se investigue, entre otras cosas, si el expresidente Macri está involucrado o no en esta presunta red de intrusos.

En este expediente próximamente será procesado el actual diputado provincial Alex Campbell, quien fue un de las espadas de Vidal durante su gestión como gobernadora. El actual legislador aparece como uno de los articuladores en el seguimiento personal a Bruera.

 

 

El magistrado también tomó la misma decisión con el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Vila (UCR), a quien también aceptó como querellante. Al otorgarles el rol de querellantes, pueden tener acceso a la investigación así como proponer medidas de prueba.

Hasta el momento, el juez Villena libró 22 órdenes de detención, en su mayoría destinadas a exintegrantes de la AFI, así como también a la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, entre otros.

 

 

CARGA INVERTIDA. Mientras en la justicia federal avanza ese expediente en el que Vidal aparece como víctima, en la justicia bonaerense hay otra investigación donde la exgobernadora aparece junto a su exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, como presuntos espiadores.

Tal como informó Letra P, en el expediente radicado en la Unidad Funcional de Instrucción 15 de La Plata está comprobado que se utilizaron herramientas provistas por el Estado provincial para hurgar en el patrimonio de personas físicas y jurídicas sin orden judicial que las avale.

Por este hecho fueron imputados dos personas como los autores materiales, pero se sospecha que ellas cumplían órdenes de sus inmediatos superiores: Ritondo y Vidal, en orden ascendente.

 

 

La diputada bonaerense Susana González (Frente de Todos) advirtió que el espionaje en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal fue “más grave que lo que pasó a nivel nacional”.

La legisladora provincial, al hablar por El Destape Radio, indicó que en territorio bonaerense “desde la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad no sólo se investigaba a los policías sino a muchas otras personas”.

“Esto es más grave que lo que ocurrió en la AFI -continuó González- ya que se trata de un organismo administrativo cuya función es investigar las faltas del personal policial y se dedicaron a investigar no solo al personal policial”.

 

 

En este sentido, precisó que desde ese organismo se pidieron informes de “46.800 personas de la provincia, incluyendo a jueces, intendentes, empresarios, diputados, senadores e incluso sobre Daniel Scioli”.

“Pidieron oficios a Migraciones para ver quién salía y entraba del país durante los cuatro años del gobierno de Vidal y esto está probado en la causa”, amplió la legisladora.

La diputada afirmó que “esta estructura dependía por supuesto del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y de la gobernadora Vidal”.

 

 

“Pero como la relación entre Ritondo y (Guillermo) Berra no era muy buena, Berra reportaba directamente a Vidal”, manifestó, y opinó que “tanto Berra como (la abogada Rosario) Sardiña son los Susana Martinengo de la provincia, y –dijo– no creemos que se corte allí el hilo de la investigación”.

González también denunció que lo que surgía de estas investigaciones paralelas “terminaba en los medios de comunicación” y, en este sentido, afirmó que “un productor y columnista de Luis Majul es el esposo de una persona que había sido designada miembro del gabinete de Berra en 2017”.

Asimismo, dijo que sufrió una situación personal. Fue en “en agosto de 2018 (cuando) me ‘barretean’ la puerta de mi despacho en Diputados y luego, al pedir las cámaras, dijeron que hubo un corte de luz y que no se pudo filmar”, detalló.

También aseguró que estas presuntas maniobras de espionaje tenían una “pata política, una pata mediática y una pata judicial”, y en este sentido pidió que se investigue la responsabilidad de Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.