¿Hay plan económico?

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo ante representantes del FMI y el Banco Mundial que está “abierto” a discutir reformas estructurales.

Se suele escuchar de parte de referentes políticos de la oposición de Juntos por el Cambio, dirigentes empresarios o economistas del establishment que el problema del gobierno de Alberto Fernández es que “no tiene un plan económico”. Más aún, todos acuerdan en que “lo fundamental es arreglar con los acreedores y pagar la deuda”. Pero insisten en que, una vez terminado ese momento de negociación, el gobierno debe poner en marcha dicho “plan”. 

 

¿Existe o no un plan económico del gobierno? Si existe, ¿es sustancialmente distinto al de Macri? ¿Y del de Cristina? ¿Qué es exactamente lo que reclaman los políticos patronales opositores?

 

Hay un plan en curso 

 

Vamos por partes. Es mentira que “no hay un plan económico”. Este plan existe y se está ejecutando. Más allá del discurso del gobierno, cuando vamos a los hechos, en los hechos los trabajadores, cuentapropistas y demás sectores en situación de precariedad están perdiendo sistemáticamente en sus ingresos mientras, al mismo tiempo, se sostienen las ganancias de los grandes empresarios y se garantiza continuar en el futuro inmediato con los pagos de la deuda externa. 

 

A los jubilados les anularon los incrementos de marzo y junio, que fueron reemplazados por “aumentos por decreto”, muy por debajo de lo que hubiera correspondido con la fórmula de ajuste anterior. Los trabajadores activos tienen todas las paritarias suspendidas, por lo que no recuperan lo perdido en 2020. Y a esto se le suma que muchos sectores, tras el acuerdo entre la UIA, CGT y el gobierno, están viendo reducidos sus salarios 25 por ciento. Agreguemos la oleada de despidos (300.000 aproximadamente) y suspensiones con trabajadores cobrando el 50%, o aún menos, de sus sueldos. 

 

 

 

Los que se quedaron sin ingresos por la cuarentena apenas si tienen como compensación el IFE de 10.000 pesos por grupo familiar. 

 

Del otro lado tenemos a los grandes empresarios. Allí hay subsidios, préstamos a tasa cero y nóminas salariales pagadas por el Estado. Y a esto hay que sumarle los pagos de deuda externa: el gobierno de Fernández, apenas asumió, apartó 4.500 millones de dólares de las reservas y los fue utilizando en estos meses para ir cubriendo distintos vencimientos. 

 

Ahora bien, cómo se condice esto con los grandilocuentes de Alberto Fernández en los que prometió “prohibición de los despidos”, “impuestos a los ricos”, “soberanía alimentaria expropiando Vicentin” y, en general, “priorizar a los jubilados y trabajadores antes que a los acreedores externos”. Nada de todo esto se condijo con la realidad.

 

Los despidos están formalmente “prohibidos”, pero centenares de miles perdieron sus puestos de trabajo, increíblemente con el aval del mismísimo Ministerio de Trabajo. El “impuesto a los ricos” fue anunciado por Alberto Fernández hace más de cien días y sin embargo ni siquiera presentaron el proyecto en el Congreso. La “expropiación de Vicentin” ya está totalmente archivada. Y sobre la deuda externa ya se dice abiertamente que han cedido millones de dólares y que están jugados a cerrar la negociación y empezar a pagar los próximos vencimientos en 2021. 

 

¿Cuál es, entonces, el plan que reclama el establishment? 

 

Las cámaras empresarias nacionales, la elite empresario extranjera que actúa en nuestro país, el propio FMI, insisten con lo mismo que, desde siempre, vienen planteando. Lo que le exigían a Macri, y ahora a Fernández. Que para garantizar la continuidad de las ganancias empresarias, promesa etérea de “futuras inversiones” y para que existan los fondos para pagar los millonarios vencimientos futuros de deuda hay que avanzar en lo que ellos llaman “reformas estructurales”. Estas son: la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal. 

 

Traducido, liquidar definitivamente las jubilaciones, pasando a un régimen de relaciones laborales ultraflexibilizado, y reducir impuestos, con su contrapartida de ajuste del gasto en aproximadamente 20 puntos.  

 

¿Se implementará semejante programa? En una reciente entrevista el ministro Martín Guzmán dijo, ante representantes del FMI y el Banco Mundial, que él está “abierto” a discutir reformas estructurales. La propia CGT, en reuniones con las cámaras patronales, también ha sostenido que la “modernización” de las relaciones laborales es una idea “interesante” y que no hay que “cerrarse” a debatirlas. En los próximos meses comenzará la renegociación de la deuda con el FMI, que insistirá en que su contrapartida a acordar con la Argentina será que el gobierno se comprometa a poner en marcha dichas reformas.
 
Por otro plan económico, para atender a la emergencia

 

Como siempre, el único “límite” al ajuste lo pondrán los trabajadores con sus luchas. Así fue a fines de 2017, donde se obligó a archivar la reforma laboral.

 

Efectivamente, hace falta un nuevo plan económico. Pero es el opuesto, tanto al que se está ejecutando como el que reclama el establishment. Lo que hace falta es un plan de emergencia que ataque las dos pandemias. Donde la plata salga de un impuesto a las grandes riquezas y del no pago de la deuda externa. Para que todo ese dinero vaya directamente a resolver tanto la emergencia sanitaria como las más urgentes necesidades de trabajo, salario y comida para el pueblo trabajador.

 

Javier Milei
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