Intervención y expropiación

Vicentin: cautela de acopiadores, gremio y sindicatura tras el anuncio de Fernández

La intención del Gobierno de quedarse con la cerealera generó sensaciones encontradas: garantías por trabajo y deudas, pero dudas en la gestión del Estado.

“Vicentin se compró todos los números, esperemos que la decisión de expropiar sea la más correcta”. Esa frase resume la sensación de los actores implicados en el default de la cerealera tras los anuncios del presidente Alberto Fernández de avanzar sobre la compañía. En general, hubo un efecto que combinó sorpresa con cautela, no tanto por la intervención sino por el avance en la expropiación de la firma a través de YPF Agro que, de concretarse, cambiaría el escenario del mercado de granos.

 

El Presidente hizo hincapié en la “tranquilidad” que generará para los trabajadores de la firma y a los productores afectados. Consultados por Letra P, a la tranquilidad mencionada se le suma algo de incertidumbre porque una empresa semejante quede en manos del Estado.

 

Por el lado del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea), el secretario general, Pablo Reguera, festejó que una posible estatización garantizaría mantener los puestos de trabajo y el convenio colectivo. “La visión del ministro de Trabajo, (Claudio) Moroni, fue siempre ayudar a los trabajadores. Lo dijo frente a los directores de Vicentin y a nosotros”. Pero también puso una alerta a las expectativas: “Más allá de la garantía de los trabajadores, lo que nos interesa es que tenga una visión amplia de empresario, y no que solo genere recursos, sino que se mantenga. Se necesitan inversiones continuas en la empresa, porque, de lo contrario, en tres años es hojalata”.

 

 

 

 

El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, sostuvo a Letra P que “hay sensaciones encontradas”. Por un lado, “probablemente sea un alivio para los acopiadores, productores y corredores, que estábamos tremendamente preocupados”, aunque “se crea un cierto nivel de intranquilidad con este esquema que el Estado maneje la principal compañía exportadora de granos de capitales argentinos”.

 

“Es prematuro hablar, hay muchas cosas que no se saben. La historia nos dice que la administración del Estado es un problema, aunque no es una regla. Solo menciono precauciones por el pasado. Quizás la inversión financiera la realiza YPF que ya es otra cosa”, sostuvo para descansar en la confianza de la empresa mixta.

 

A todo esto, sigue su camino el concurso preventivo con poco más de 2.600 acreedores entre comerciales y financieros, por un total de casi 100.000 millones de pesos. El mismo seguirá su curso por más que esté intervenida la firma, según explicó Baravalle & Granados, el estudio que asesora a la sindicatura del proceso concursal.

 

Lo que cambia desde mañana son los once miembros del directorio, desplazado por la intervención del DNU. Así, los Padoán, Nardelli y Buyatti, entre otros, darán un paso al costado para que el interventor, Gabriel Delgado, nombre representantes que se harán cargo de los negocios de Vicentin SAIC. “Hay cierto signo de interrogante porque no es frecuente que una empresa concursada sea intervenida y, probablemente, expropiada”. Y resaltó que en caso de concretarse la expropiación de las acciones, será el Estado el que deba hacer la propuesta a los acreedores.

 

La comitiva oficial en el vuelo que los regresó a la Argentina. 
La comitiva oficial en el vuelo que los regresó a la Argentina. 

También te puede interesar