El caso de Patricia Rindel, del Partido Justicialista en Corrientes, quien disputa la banca que dejó la senadora provincial Nancy Sand para asumir como diputada nacional en 2019, tuvo un principio de final en contra cuando la semana pasada asumió el también justicialista Rubén Bassi. Con la consigna “sale mujer, entra mujer”, Rindel y muchas otras referentes reclamaban que no se violara el cupo femenino. El jueves pasado asumió Bassi y el senado correntino quedó conformado por 11 hombres y cuatro mujeres, por debajo del 30% que establece la ley de cupo femenino vigente en la provincia. A pesar de que hace poco tiempo el PJ correntino incorporó la paridad en su carta orgánica, “a la hora de tomar una decisión consecuente no lo hicieron”, sostiene Rindel, que además presidió la Junta Electoral del PJ de su provincia durante 12 años. “No se trata de nombres ni de espacios políticos, ni de internas, sino de cupo.”
La trastienda de esta decisión, sin embargo, tendría que ver con una disputa entre los Bassi: Rubén (el flamante senador provincial) y Gerardo (exintendente de Goya, hoy a cargo del Centro de Referencia Corrientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). En la distribución de cargos, el PJ habría beneficiado al exintendente y el candidato a senador reclamaba su parte, por lo que, finalmente, asumirá la banca de Sand gracias al apoyo de las senadoras y los senadores de Eco Cambiemos y el rechazo de su propio partido. “En Corrientes, la dirigencia política atrasa, en géneros, en indicadores y en el respeto a las leyes”, dice Rindel.
Corrientes no es una excepción. Tampoco Entre Ríos, Tierra del Fuego, San Juan, San Luis, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, La Rioja y La Pampa tienen leyes de paridad. En algunas, inclusive, la cuota es de menos del 30%, como Entre Ríos, donde el cupo para las mujeres es del 25%.
La situación del país en términos de leyes de acción afirmativa y en muchos otros aspectos es sumamente desigual. Por eso, a principios de 2019, nació el colectivo Ojo Paritario, integrado por organizaciones de la sociedad civil y representantes de la política y la academia, con el objetivo de “observar, monitorear y controlar el cumplimiento de la ley nacional 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política en Argentina” y la aplicación de leyes de cuotas de género y de paridad tanto en el ámbito provincial como municipal.
La realidad en las cámaras nacionales incluye un amparo aún no resuelto por la banca de Andrés Larroque, ahora ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, en lugar de Fernanda Raverta: aunque la ley no es retroactiva, Natalia Souto, dirigente de Barrios de Pie y referente de Somos (el espacio de Victoria Donda y Daniel Menéndez), considera que ella tiene que asumir como diputada y no el conceal de Pergamino Lisandro Bormioli, dirigente de Kolina. Para Souto, “no se está respetando el espíritu de la Ley de Paridad”.
En la actualidad, las mujeres ocupan el 38% de las bancas de la Cámara baja y el 40% del Senado. Son minoría en las presidencias de los bloques y son segregadas en las comisiones que deciden sobre temas económicos o institucionales, como las de Presupuesto y Asuntos Constitucionales.
Cristina Álvarez Rodríguez, diputada y secretaria parlamentaria del Frente de Todos, propuso en estos días incorporar dos artículos a la Ley 27.412 de Paridad, de 2017: “El primer artículo deja claro que, ante una situación de reemplazos en la Cámara, tiene que asumir una mujer hasta alcanzar el 50%. Una vez alcanzada la paridad, sí se volverán a realizar los reemplazos según lo que dice el texto de la 27.412: mujer-mujer y varón-varón. Y el segundo artículo incorpora la Ley de Identidad de Género para darle mayor jerarquía a ese criterio, que ya está presente en el decreto reglamentario”, explica.
Álvarez Roxdríguez, en videoconferencia con Letra P.
Para María Inés Tula, politóloga, investigadora del Conicet, especialista en temas de representación política de las mujeres y referente de Ojo Paritario, “el proyecto tiene que ver con una interpretación de las acciones afirmativas y la paridad. Y de cómo los distintos órganos del Estado contribuyen a que eso se haga efectivo. Es una manera más de contribuir, ya que no podemos manejar a los partidos, no podemos obligarlos a que pongan mujeres en los encabezamientos de lista, no manejamos la competencia de esos distritos porque no sabemos si se presentan muchos o pocos partidos y tampoco la competitividad. Es decir, no sabemos si todos los votos van dirigidos a dos partidos o a muchos partidos. Entonces, la única manera que tenemos de generar un equilibrio es diciendo 'hasta que no haya un 50% de mujeres en la Cámara de Diputados, las renovaciones tienen que ser para las mujeres'”.
Frente a cada situación de vacancia, hoy, se esgrimen argumentos políticos y judiciales para esquivar que se llegue al 50% de mujeres en el Congreso. Álvarez Rodríguez amplía: “Las resistencias que hemos tenido son de los espacios políticos y también de las interpretaciones judiciales, es decir que no tienen partido. Por eso, el proyecto que presentamos con Máximo Kirchner fue firmado por todos los bloques integrantes de la cámara, menos la izquierda, porque es un tema transversal. El patriarcado no es de ningún partido, está en todos”.
La falta de representación de las mujeres en los espacios de decisión no es un tema exclusivo de las cámaras legislativas. De hecho, el Congreso está más avanzado que muchos otros espacios. “Hay ámbitos que son todavía complejos a la hora de tener acciones paritarias”, sostiene la secretaria parlamentaria del Frente de Todos. “Por eso -agrega-, lo de Diputados como representantes del pueblo en la nación es ejemplificador”.
