Entre la pandemia y el banderazo

El conflicto por  Vicentin se desató por "un error de cálculo", ahora el Presidente se encuentra en una encrucijada de la cual depende su futuro político.

El conflicto que se ha abierto entre el Gobierno y el campo muestra fuertes similitudes con el que tuvo lugar 12 años atrás. Cristina Kirchner había ganado las elecciones a fines de 2007 en primera vuelta con 45% y Alberto Fernández lo hizo 12 años después con 48%. Ambos enfrentaron en el semestre siguiente a asumir el gobierno, un conflicto con el campo, que se materializó con protestas en rutas y ciudades. Para Cristina, el desencadenante fue la resolución 125, que aumentaba la alícuota de las retenciones a las exportaciones y ahora lo es el proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.  En los dos casos, el conflicto se desata por “error de cálculo”. 

 

Al comienzos de 2008, el gobierno de Cristina -todavía vivía Néstor Kirchner- no pensó que dicha resolución iba a desatar un conflicto, que puso al borde de la renuncia a la expresidenta en dos momentos. Ahora, el Presidente no calculó que el proyecto de expropiación de dicha empresa podía producir la mayor protesta contra su gobierno tras cumplir seis meses de gobierno, la que ha llegado hasta las mismas puertas de la residencia presidencial, como sucedió también en 2008. 

 

Hasta el presente es curioso como la vicepresidenta, que entonces era la presidenta y el Presidente que era el jefe de Gabinete, reaccionan de manera como hace 12 años no dio resultado. Un “error de cálculo” para el oficialismo en este conflicto ha sido el fallo del juez concursal, Fabián Lorenzetti, contrario a la intervención de la empresa, dispuesta por el Poder Ejecutivo.

 

 

 

El proyecto de expropiación fue presentado por el krchnerismo a través de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora, una legisladora muy cercana a la vicepresidenta. Se da en un contexto, en el cual otra legisladora de La Cámpora, la diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto en la Cámara, para transformar en acciones estatales el monto otorgado como asistencia a todas las empresas que lo han recibido. 

 

Al mismo tiempo, han sido designados profesionales que son militantes K en el directorio de grandes empresas en las cuales el ANSES es accionista. 

 

Contra el proyecto para expropiar Vicentin, se pronunciaron no sólo las entidades del campo, sino también las de la industria y el comercio. La oposición no lideró pero si apoyó el “banderazo” que tuvo lugar el 20 de junio coincidiendo con el Bicentenario del nacimiento de Belgrano, que no fue sólo contra la expropiación de Vicentin sino también en defensa de la propiedad. 

 

En la oposición -política, económica, social y mediática- predomina la percepción de que la intervención a esta empresa es un paso en una estrategia, tendiente a establecer no sólo un estado regulador sino la propiedad estatal sobre medios de producción. Ello se suma a la ofensiva sobre la justicia, que tuvo una nueva expresión en las afirmaciones del Presidente del Consejo de la Magistratura - alineado con los K- de que es necesario ampliar la Corte. 

 

Para el kirchnerismo, se trata de una puja de poder, en la cual el sector privado lo está poniendo a prueba, para impedir sus iniciativas de cambio. De acuerdo a ello, la batalla que se ha iniciado con el campo, pasa a ser decisiva. 

 

En cuanto al Congreso, el oficialismo cuenta con mayoría en el Senado para aprobar la expropiación, pero es incierta la relación de fuerzas para ello en diputados.

 

El Presidente por su parte se encuentra en una encrucijada de la cual puede depender su futuro político. Enfrenta tres alternativas: intentar generar un liderazgo propio -el “Albertismo”- independizándose del kirchnerismo; aceptar la jefatura política de la vicepresidenta, subordinándose a ella, como ha tenido lugar en las ultimas semanas o intentar jugar el rol de “árbitro” de la situación política, mediando entre la oposición y el kirchnerismo y arbitrando en los conflictos políticos, económico y sociales. 

 

 

 

La primera parece descartada por el propio Presidente, porque no quiere un conflicto abierto con la vicepresidenta que lo ha llevado al poder y tiene un fuerte liderazgo. Hasta el momento, parece estar aceptándolo, a costa de resignar el ejercicio de competencias propias. Un ejemplo de esta situación se ha dado ahora, cuando pasó hacer propio el proyecto de expropiación de Vicentin de la senadora Fernández Sagasti, en momentos que la prioridad de la Casa Rosada era cerrar la negociación de la deuda, hoy postergada un mes más, hasta el 24 de julio.

 

No es posible que el Presidente asuma un rol de líder -que las circunstancias le harían difícil- pero sí tiene margen todavía para intentar constituirse en “árbitro” y diferenciarse en el tema Vicentin es una oportunidad para ello, pero todavía no parece estar dispuesto a asumirlo. Es así como ha pasado a sostener que la expropiación es “el plan B” en caso que fracase la solución intermedia propuesta por el gobernador de Santa Fe (Omar Perotti).

 

En conclusión: el conflicto entre el Gobierno y el campo muestra fuertes similitudes con el de 2008 y ambos comparten algún en común: crisis por error de cálculo del liderazgo oficialista; expropiar Vicentin es un proyecto presentado por una legisladora de La Cámpora y para el kirchnerismo, el“banderazo” es el inicio de un conflicto para hacer fracasar su proyecto de poder.

 

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