X

Por 26/06/2020 18:18

Sorpresiva para algunos y esperada por otros, la denuncia penal presentada por el interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros ex funcionarios y reguladores macristas generó reacciones dispares entre los empresarios del sector.

Tras haberle anticipado su jugada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el interventor del Enargas le pidió a la justicia que investigue si las autoridades energéticas del anterior gobierno incurrieron en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública” cuando a principios de 2018 aprobaron un nuevo esquema de tarifas dolarizadas para el servicio de gas natural.

Para las petroleras, la movida de Bernal forma parte de la ofensiva contra las principales figuras de la administración de Mauricio Macri que llevan adelante los que están encolumnados con la vicepresidenta Cristina Kirchner

Basicamente, la denuncia de Bernal plantea que Aranguren y los exdirectivos del Enargas intervinieron de manera ilegal para favorecer a las productoras de gas con una deliberada concertación de precios que se trasladó a las tarifas finales y provocó un perjuicio económico al Estado y a los usuarios de 561 millones de dólares.

Para las petroleras (YPF, Total Austral, PAE, Tecpetrol CGC y Pampa Energía, que concentran el 80% de la producción local), la movida de Bernal forma parte de la ofensiva contra las principales figuras de la administración de Mauricio Macri que llevan adelante los que están encolumnados con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria y que consiste en diseminar todas las denuncias posibles en juzgados federales.

Consideran que, más allá del ruido político y mediático que se ha generado, la presentación del interventor del Enargas tiene pocas chances de avanzar si los funcionarios judiciales hacen bien su trabajo y evalúan correctamente lo planteado.

Según la interpretación de las petroleras, los precios y tarifas a partir de 2018 quedaron enmarcados en el “período de transición” que sobrevino tras la expiración de la ley de emergencia económica y de ninguna manera se trató de un “acuerdo ruinoso” concertado contra los usuarios.

Además, destacan un dato más que llamativo y paradójico: para sostener su denuncia, Bernal –que es destacado defensor del intervencionismo y la participación estatal— se aferra a la ley 24.076 de la época de Carlos Menem, que permitió la privatización y estableció el marco regulatorio del negocio gasífero. Lo hace al plantear que los funcionarios macristas no permitieron “la desregulación del precio del gas y la libre negociación privada entre la oferta y la demanda”.

 


Por su parte, para las empresas distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Ecogas, Camuzzi, Gasnor, Litoral Gas y Gasnea), la denuncia del órgano de control no ayuda a aliviar las tensiones y los problemas que existen en el sector.

Si bien no aparecen afectadas, las operadoras del servicio de gas creen que el paso dado por la intervención del ente regulador podría complicar las negociaciones que están pendientes con las petroleras por dos cuestiones relevantes.

Si bien no aparecen afectadas, las operadoras del servicio de gas creen que el paso dado por la intervención del ente regulador podría complicar las negociaciones que están pendientes con las petroleras por dos cuestiones relevantes.

La primera tiene que ver con los atrasos en los pagos que acumulan las distribuidoras con las productoras por los volúmenes de gas consumidos desde el 20 marzo, cuando se impuso el aislamiento social por el coronavirus. La fuerte caída registrada en el cobro de las facturas llevó a las distribuidoras a cancelar solo un parte del total del gas recibido.

La segunda cuestión a resolver es la vinculada con el nuevo precio de gas para los usuarios residenciales y las pymes que debe regir a partir del primer día de julio.

Pese a que Kulfas ya anticipó que se va a prorrogar por tercera vez en el año el valor del gas que las petroleras venden a las distribuidoras, todavía no se sabe cuando se formalizará esa medida, que requiere la aceptación escrita y voluntaria de las dos partes.

Para el ministro de Desarrollo Productivo, la denuncia de Bernal –que tuvo entre otros autores al exfiscal y exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra—resultó bastante inoportuna. Apareció justo en medio de la compleja negociación que mantiene con las productoras para que acepten seguir facturando el mismo precio a las distribuidoras a cambio de una nueva versión del denominado “Plan Gas”.

El esquema en juego prevé el pago de un “subsidio estímulo” para que las petroleras reciban una suma adicional a la abonada por las distribuidoras con el fin de elevar el precio final de gas a un valor que oscilaría entre los 3,30 y 3,50 dólares por MBTU.

Las empresas que accedan a ese aporte estatal complementario deberán preservar sus planteles operativos y llevar adelante un programa específico de inversiones para revertir la caída registrada en la producción de gas por el impacto de la pandemia.

 

 

INFORME DE GESTIÓN. Unos días antes de llevar la denuncia a los tribunales, Bernal presentó otro extenso documento oficial que puso sobre el tapete varios aspectos referidos a las tareas y los tiempos de la intervención. Se trata del “informe de los primeros tres meses de gestión” elevado al titular de Desarrollo Productivo, en el cual se precisa que la intervención debe revisar “todo lo actuado desde el 13 de enero de 2016 hasta el 16 de marzo de 2020.

Según ese informe, al equipo a cargo de la intervención le asignaron tres funciones clave:

 

-La revisión de todo lo actuado en materia tarifaria lo que concierne al proceso de renegociación contractual que culminó con la revisión tarifaria integral (RTI).
-La revisión de los ajustes tarifarios acordados y los incorporados luego de la RTI.
-La revisión de los concursos de selección de los miembros del Directorio.

 

Agregó que encontraron un ente regulador que, entre otros elementos negativos, presentaba: fallas de diseño en la estructura de las unidades organizativas, una reducción de actividades regulatorias, falta de capacitación de los recursos humanos y una carencia de modernización de los instrumentos y herramientas de trabajo.

Tras justificar la contratación de la contratación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) para la realización de las auditorías técnicas y económicas de las distribuidoras, el informe plantea que el plazo fijado hasta el 31 de diciembre resulta escaso.

"Una auditoría y revisión de las características y magnitud de lo descripto debería efectuarse durante el transcurso de, como mínimo, uno o dos años”, destacó el análisis remitido a la oficina de Kulfas que pide pista para extender la intervención del Enargas hasta 2022.