Si el debate sobre la creación de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas evidenció las históricas diferencias que tiene el radicalismo, la intervención provisoria y posible expropiación de la cerealera Vicentin ordenó a todas sus líneas internas detrás de la posición más conservadora. A diferencia de sus pares del PRO, que mantienen discusiones internas sobre el posicionamiento que deben adoptar, sus aliados de la UCR coinciden en mantener un frente "sin fisuras" para defender al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, como la única forma de garantizar "el respeto a la propiedad privada" y "la "institucionalidad".
El magistrado está en el ojo de la tormenta desde el viernes, cuando suspendió la intervención, aceptó a los funcionarios nacionales como "veedores" y recibió una presentación de la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que contiene una propuesta alternativa impulsada por el gobernador de esa provincia, Omar Perotti: promueve una administración compartida con la Nación con participación de representantes de los acreedores.
Para el segundo socio de Juntos por el Cambio, el respaldo a Lorenzini es una forma acertada para capitalizar el conflicto. "El entuerto y la confusión la tiene que resolver el Gobierno, porque ellos generaron este problema, pero nosotros buscaremos que se respete la propiedad privada y una forma de hacerlo es respaldando al juez" aseguraron desde el bloque. "Hay varias posiciones técnicas, pero Perotti tiene que entender que no hay espacio para violar la ley. El juez les puso un límite y la gente también y por eso no tienen espacio para hacer intervenciones creativas, porque pueden hacerlo en el marco de la ley", insistió un importante dirigente partidario.
La confirmación de ese camino se la endilgan al presidente Alberto Fernández. El sábado opinó que el juez "tuvo más en cuenta los microclimas de la zona que los criterios de Justicia" y sostuvo que si no acepta las propuestas, deberá avanzar en la expropiación. Consideró que el magistrado es "un juez concursal" y que "hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes".
Luego de la movilización, el titular del bloque radical y del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri, fue el primero en antagonizar en la Casa Rosada y se puso al frente de una decena de correligionarios que celebraron la protesta. Luego buscó contestarle al Presidente y dijo que "si los DNU equivalen a leyes, el siguiente paso es cerrar el Congreso". Lo hizo seis días después de mantener una reunión con los representantes cordobeses de la Mesa de Enlace, en la localidad de Jesús María, en la que les anticipó el apoyo cerrado de su partido.
La posición final, que podría incluir un documento oficial, será adoptada el próximo jueves, en una reunión virtual con el bloque y con las autoridades provinciales que convocó el diputado y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. También hizo público su apoyo al proyecto de otro radical cordobés del bloque: el diputado Hugo Romero, que presentó este lunes una propuesta para modificar la ley de expropiaciones (21.499), con las firmas de casi todas y todos sus compañeros de bancada. Su principal objetivo es quitarle las cláusulas que hablan de “ocupación temporaria anormal”, porque "constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica".
Si la propuesta prospera, regiría para el futuro. Su impacto legal es nulo para el caso Vicentin, pero forma parte de los gestos políticos que la UCR buscará sembrar para congraciarse con los protagonistas del "banderazo", realizado este sábado por sectores autoconvocados de la pampa húmeda, como el espacio Campo Más Ciudad, que contó con el apoyo de gran parte de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace y el activo respaldo de Cambiemos.
