Cebados, los radicales le pelean a Macri la capitalización política del banderazo
Alineados bajo la conducción Negri-Cornejo, apuestan a exprimir la bronca del campo y crecer como representantes del ala dura del agro, con propuestas y leyes.
Para el segundo socio de Juntos por el Cambio, el respaldo a Lorenzini es una forma acertada para capitalizar el conflicto. "El entuerto y la confusión la tiene que resolver el Gobierno, porque ellos generaron este problema, pero nosotros buscaremos que se respete la propiedad privada y una forma de hacerlo es respaldando al juez" aseguraron desde el bloque. "Hay varias posiciones técnicas, pero Perotti tiene que entender que no hay espacio para violar la ley. El juez les puso un límite y la gente también y por eso no tienen espacio para hacer intervenciones creativas, porque pueden hacerlo en el marco de la ley", insistió un importante dirigente partidario.
Luego de la movilización, el titular del bloque radical y del Interbloque de Cambiemos, Mario Negri, fue el primero en antagonizar en la Casa Rosada y se puso al frente de una decena de correligionarios que celebraron la protesta. Luego buscó contestarle al Presidente y dijo que "si los DNU equivalen a leyes, el siguiente paso es cerrar el Congreso". Lo hizo seis días después de mantener una reunión con los representantes cordobeses de la Mesa de Enlace, en la localidad de Jesús María, en la que les anticipó el apoyo cerrado de su partido.
La posición final, que podría incluir un documento oficial, será adoptada el próximo jueves, en una reunión virtual con el bloque y con las autoridades provinciales que convocó el diputado y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. También hizo público su apoyo al proyecto de otro radical cordobés del bloque: el diputado Hugo Romero, que presentó este lunes una propuesta para modificar la ley de expropiaciones (21.499), con las firmas de casi todas y todos sus compañeros de bancada. Su principal objetivo es quitarle las cláusulas que hablan de “ocupación temporaria anormal”, porque "constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica".
