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¿Buenos vecinos?: AFIP se activa ante una posible migración fiscal VIP a Uruguay

¿Marketing de Lacalle Pou o riesgo real? Efecto Susana Giménez, picardías y controles en marcha. ¿Mensaje a Argentina o a Brasil? ¿Juicios en puerta?

El último jueves 11, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, cumplió con su vieja promesa de intentar la captación de unos 100.000 nuevos contribuyentes, sobre todo argentinos, y emitió un decreto, el 163/2020, que flexibiliza drásticamente los criterios para que extranjeros accedan a la residencia fiscal en aquel país. La iniciativa es ampliamente interpretada como una invitación a ricos y famosos –y, dadas sus laxas condiciones, hasta personas de clase media– deseosos de tributar en un país con una carga impositiva más baja. Ante esa novedad, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reforzó sus mecanismos de control para evitar abusos que permitan a algunos contribuyentes fingir modificaciones y eludir el pago de sus obligaciones en el país.

 

 

Varios estudios jurídicos y contables salieron de inmediato a a promocionar la posibilidad de un cambio de residencia fiscal entre contribuyentes argentinos que, en algunos casos, justifican la elusión sistemática de sus obligaciones en base a la elevada presión tributaria en el país. Según afirmaron, las consultas se dispararon en las últimas semanas, incluso antes de la espera de la firma del decreto.

 

 

 

Mientras la AFIP agudiza la vista, el Gobierno de Alberto Fernández considera que la medida uruguaya no constituye una amenaza real de descreme fiscal sino, más bien, una operación de marketing destinada a reforzar la fama de Uruguay como refugio seguro para inversores de la región, no solo argentinos sino también brasileños asustados por la crisis institucional que se insinúa en su país. Por esa razón, y a pesar de que la medida es a todas luces poco amistosa, la Cancillería evitó elevar una queja a Montevideo y, ante la consulta de Letra P, se limitó a responder que “no corresponde hablar de las decisiones de países vecinos”.

 

El decreto de Lacalle Pou flexibiliza las condiciones necesarias para que un extranjero acceda a la residencia fiscal en Uruguay: si hasta ahora era necesario que tuviera bienes valuados en Unidades Indexadas (UI) equivalentes a 1,7 millones de dólares, esa cifra se reduce a poco exigentes 380.000 para propietarios de bienes inmuebles. Asimismo, el tiempo de residencia en el país que el “uruguayo fiscal” debe acreditar se achica a apenas 60 días por año, no más que unas buenas vacaciones en Punta del Este.

 

De modo menos vistoso pero tal vez más efectivo, el decreto también establece una reducción de las condiciones para los extranjeros que tengan empresas en Uruguay y creen a partir de julio próximo al menos 15 empleos en blanco. En tal caso, el capital requerido pasa de un equivalente a 5,3 millones de dólares a solo 1,6 millones.

 

Susana Giménez alegó tener residencia (fiscal) en el país vecino para viajar en plena cuarentena. Lo suyo, que contribuyó como disparador del interés de las golondrinas fiscales en medio del cambio de condiciones, fue, sin embargo, propio de una pionera, ya que su trámite fue anterior a la nueva normativa.

 

 

 

Ante la posibilidad de que el ejemplo cunda, la AFIP asegura que no va a permitir migraciones masivas. “La agencia fiscaliza de manera permanente que se cumpla con la normativa vigente. Esto no es un ‘viva la Pepa’”, le dijo a Letra P una fuente del ente que dirige Mercedes Marcó del Pont.

 

“Verificamos que aquellos que pidan el cambio de residencia fiscal efectivamente trasladen sus centros vitales de interés”, esto es el nudo de sus actividades económicas y sus fuentes de ingresos.

 

Por caso, quien alegue su radicación en Uruguay pero siga enviando a sus hijos a escuelas en la Argentina será detectado. Un trámite regular y no abusivo exige que el interesado pueda acreditar una mudanza internacional, permanezca en el exterior al menos un año continuo, efectivamente traslade sus “centros vitales de interés” y descarte intenciones de regresar al país.

 

 

 

Quien busque eludir impuestos a través de picardías debe saber que el atajo puede costarle caro. Por caso, los dueños de inmuebles en el exterior tributan una alícuota de Bienes Personales que duplica la de los radicados en el país.

 

Así las cosas, quienes se precipiten solo van a lograr una doble residencia fiscal, ante lo que el Estado argentino no va a entregar la original en tanto no se verifiquen las condiciones especificadas en la legislación vigente. “Esas personas van a seguir pagando sus impuestos en el país”, añadió la fuente de la AFIP.

 

Más allá de los avisos que promocionan servicios para un cambio de radicación, los especialistas en temas tributarios reconocen off the record en que la movida de Lacalle Pou difícilmente genere una corriente masiva de mudanzas fiscales. Sí, en cambio, podría atraer a empresas grandes, con operaciones en la región, si es que no tienen ya sus sedes fiscales fuera del país, algo que reduce mucho el universo posible.

 

 

Da la impresión de que el decreto de la polémica apunta, más que a recibir grandes contingentes de contribuyentes de cartón, a consolidar la imagen de Uruguay como un destino confiable para las inversiones de Sudamérica.

 

 

“Fuera de eso, no es un trámite simple. Puede haber personas humanas que tengan esa intención, jubilados o que no tengan hijos, pero simular las condiciones requeridas es difícil”, le dijo un consultor a Letra P.

 

Quienes accedan a la doble residencia fiscal podrían verse tentados a judicializar su situación de modo de hacer prevalecer la uruguaya, añadió la fuente, que recordó al respecto la existencia entre ambos países de un tratado sobre doble imposición.

 

Da la impresión de que el decreto de la polémica apunta, más que a recibir grandes contingentes de contribuyentes de cartón, a consolidar la imagen de Uruguay como un destino confiable para las inversiones de Sudamérica.

 

¿Vuelve ese país a las andadas, a su tradición, revertida en años recientes, de "laverap" para buena parte del dinero negro que circula en la región? Difícilmente. En el ránking 2019 de paraísos fiscales de la organización Tax Justice Network, Uruguay ya ni figura y no parece que la innovación con la que Lacalle Pou lustra su chapa de liberal modelo vaya a cambiar ese estado de cosas.

 

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