La intervención de Vicentin por parte del gobierno de Alberto Fernández abrió un manto de unidad en la convulsionada coalición Juntos por el Cambio. A seis meses de la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada, se dejaron las diferencias políticas a un lado para rechazar la medida y alertar por la expropiación de la agroexportadora con sede en Santa Fe. En diálogo con Letra P, el exsenador Federico Pinedo se suma al coro de opositores que rechaza el avance del Gobierno pero admite que la expropiación es una opción legal. Sin embargo, aclara que "no es el camino" y que "aleja inversiones".
"La señal a futuro de que un Gobierno pudiera, por decreto, quitarle la administración a una empresa privada sin sentencia judicial alguna es una tragedia", consideró. "Hoy la Argentina necesita desesperadamente de inversión para salir de la pandemia y para genera empleo", agregó y subrayó que "así es muy difícil invertir en un país que se mueve con esas reglas".
Si bien hubo unanimidad en Cambiemos para rechazar la intervención del Estado en Vicentin, hay grises en torno a cómo enfrentar al Gobierno por esa medida. Nuevamente, el concepto elegido por las principales espadas opositoras es comparar a la Argentina con Venezuela. De todas formas, no todo los referentes de Juntos por el Cambio coinciden en esa caracterización: mientras el macrismo habla de un "modelo chavista" donde el Presidente es "escribano" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el sector díscolo simplemente se ajusta a cuestionar la medida.
En el fondo, el criterio común que recorre todos los campamentos opositores es el cuestionamiento de la intervención del Estado en la economía y el mercado, un concepto que que Cambiemos defiende y con el que se identifica. Tanto el PRO, como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica han votado históricamente en contra de las estatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Pinedo esquiva los extremos y admite que la expropiación es un instrumento "legal", pero cuestiona que el Gobierno no cumplió los pasos legales para avanzar con esa medida y también consideró que la intervención "es una señal dramática porque no toma en cuenta a la Justicia". "La expropiación, que es legal, es una muy mala señal y la intervención por decreto es absolutamente contraria al Artículo 17 de la Constitución", destacó.
"La expropiación es cuando el Congreso dice que una cosa tiene utilidad para el conjunto de la sociedad y entonces se decide la expropiación, el Estado paga el valor de la empresa que expropia y recién ahí se la queda el Estado. Pero eso no pasó. Acá lo que tenemos es un decreto del Presidente, sin ley del Congreso sin intervención del juez, pasando por encima de un concurso judicial, no es una hipótesis es una tremenda realidad", completó en diálogo con La Nación +.
"Si queremos rescatar empresas importantes, hagámoslo. Eso relativamente común en el mundo, pero no se puede generar este hecho que indica que la Argentina es un país que un día el Presidente se levanta y se queda con el manejo de tu empresa", fundamentó.
"El Estado como acreedor importante puede acordar con los demás acreedores y diseñar una salida en el juzgado. En ese contexto podría capitalizar sus acrecencias", cerró.
