El anuncio oficial de la intervención del Grupo Vicentin acaparó la atención de una semana en la que se empezaban a cristalizar las tensiones y contrapuntos entre el Gobierno y los movimientos sociales. Por la media oficial que marca una nueva agenda, pasaron casi desapercibidas las lapidarias críticas que Juan Grabois, uno de los principales dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTAP), disparó contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, en una entrevista con el diario La Capital.
"Arroyo es una excelente persona y un pésimo ministro. Él y Bielsa son personas de honestidad a toda prueba pero no están enraizadas con la realidad social y sus experiencias de gestión son malas", disparó sobre los jefes de los ministerios donde tienen puestas sus expectativas y no se privó de acusar al Presidente de falta de conducción.
Detrás de esas críticas está el balance negativo que buena parte de las organizaciones sociales tiene sobre el cumplimiento de los proyectos que le elevaron al Gobierno y amenaza con sacudir la alianza entre el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Grabois y al Movimiento Evita, de Emilio Pérsico.
"No hay ruptura con el Gobierno, pero, pasados seis meses, se reducen nuestras expectativas porque vemos que los proyectos concretos de Tierra Techo y Trabajo que se acuerdan con el Presidente después no se cumplen en los organismos que deben ejecutarlos", dicen en el MTE, donde reconocen que están endureciendo el discurso y que están evaluando medidas de protesta para "apurar medidas".
"La realidad es que nosotros nos encuadramos en el Frente de Todos y aportamos cuadros para avanzar en las áreas que nos involucran, pero no vamos a permanecer inmóviles en la puja distributiva mientras sólo se destinan recursos al sector privado", agitan.
El principal foco de conflicto que derivó en las críticas de Grabois contra Arroyo no es nuevo. De hecho, el dirigente de la UTET fue uno de los primeros en reaccionar contra la compra de alimentos por encima de los precios máximos establecidos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Desde hace meses, reclaman la actualización del Salario Social Complementario, un ingreso fijo de 8.500 pesos que reciben unos 550.000 trabajadores de la Economía Popular, que no se actualiza desde agosto del año pasado. Las organizaciones sociales reclaman que se lleve a 11.500.
"No hay ruptura con el Gobierno, pero, pasados seis meses, se reducen nuestras expectativas porque vemos que los proyectos que se acuerdan con el Presidente después no se cumplen en los organismos que deben ejecutarlos", dicen en el MTE
A eso se suma que más de la mitad de esos "beneficiarios" quedaron afuera del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo que, según las organizaciones, dejó al SSC en el nivel de compra más desde su creación en 2017. Tras los reclamos, la semana pasada, el ministro anunció un aumento de 3.000 pesos que, por lo visto, no cumplió las expectativas de quienes demandan que ese monto se incorpore definitivamente al salario social.
Sin embargo, aunque más silencioso, el mayor enojo es con la jefa del flamante Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, una cartera a la que los movimientos sociales apostaron fuerte, aportando incluso varios funcionarios, como Fernanda Miño. "Se brindó un mapa y un diagnóstico detallado de la situación de los barrios populares y había un acuerdo de que ese iba a ser un eje medular de la incorporación de las cooperativas de trabajo y el desarrollo en el territorio", aseguran.
El proyecto, que en los últimos días fue levantado por varios dirigentes de La Cámpora, está basado en el trabajo del Registro Nacional de Barrios Populares, un censo masivo que se realizó en todo el país y que en 2018 desembocó en la ley de urbanización de barriadas. Las organizaciones le cuestionan a Bielsa la falta de gestión y de ejecución de presupuesto, pero también la exclusión de sus dirigentes de los escasos lanzamientos de planes de vivienda en una cartera reclamada por buena parte de los movimientos.
En paralelo se agudizan los contrapuntos entre las dos organizaciones más potente de la UEP, que se agitan entre "la gestión de lo posible" y las demandas de transformaciones de fondo, dos posiciones que se fueron ahondando durante la crisis por el coronovirus. Un lectura política más fina indicaría que los movimientos sociales también está involucrado en los realineamientos tras las figuras de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner de los espacios que integran el Frente de Todos.
Además del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, las tensiones entre esas organizaciones ganaron un plano más alto aún en las últimas semanas cuando sus principales referentes le acercaron a Fernández sendos proyectos para el día después de la pandemia: Grabois a través del Plan San Martín y Esteban "Gringo" Castro un proyecto integral de producción de la Economía Popular.
Aunque todos juran que los proyectos son compatibles y complementarios, los contrastes entre la autonomía y la institucionalidad son inocultables. Mientras en el MTE se discute la posibilidad de hacer alguna protesta para meter presión en el cumplimiento de los plazos de sus proyectos, uno de los principales referentes del Evita, Fernando "Chino" Navarro, se mostró con el rey de la soja, Gustavo Grobocopatel, hablando de la cultura del encuentro y la agricultura familiar un campo reivindicado por las organizaciones campesinas.
