27|1|2023

Vuelve un clásico: Gobierno y campo, entre señales de tregua y recelos

10 de junio de 2020

10 de junio de 2020

Sordos ruidos por la rentabilidad y la carga tributaria. ¿A la espera de un superdólar? El Central apagó un conato de incendio. Avellaneda y Reconquista.

El anuncio de la expropiación de la empresa Vicentin supuso una explosión en el corazón del complejo sojero argentino que abrió nuevas grietas entre los distintos segmentos de esa nebulosa que se da en llamar “el campo”. La novedad, que modifica el negocio exportador a través de la irrupción del Estado, se monta a su vez sobre un escenario de tensión creciente, que conjuga quejas renovadas por la rentabilidad de la producción, especulaciones de los actores del mercado sobre una supuesta devaluación, idas y vueltas del Banco Central en torno al acceso a las divisas para importar insumos clave y gestos de descontento en el pago chico de la cerealera en vías de estatización.

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La Comunicación A7030 del Banco Central (BCRA) del 28 de mayo, que impedía el acceso a los dólares al tipo de cambio oficial de aquellos importadores que contaran con divisas fuera del país, causó zozobra en el sector: ¿a qué valores se dispararían los insumos clave, desde las semillas hasta los fertilizantes y los herbicidas, dada la realidad de que las empresas que los proveen son gigantes internacionales que de ninguna manera se atarían a esa restricción?

 

 

Esa evidencia, sumada al riesgo de que la normativa sumara presión sobre los precios de los alimentos, llevó a Miguel Pesce a ensayar una tregua. Así, el martes dio garantías de que la autoridad monetaria “establecerá un mecanismo para el acceso al mercado de cambio de importadores de fertilizantes y fitosanitarios, acorde a las prácticas comerciales, que garantice el flujo normal y habitual de insumos para la actividad agropecuaria”.

 

 

 

La aclaración se produjo en el marco de una reunión en la que participaron el propio Pesce y otras autoridades con representantes de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y, de modo notable, de las cerealeras Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Dreyfus.

 

Estas últimas, sobre todo los jugadores extranjeros del negocio exportador, son los bastiones del rechazo a la expropiación de Vicentin, la que, temen, sea usada por el Estado para intervenir en los precios que se ofrecen a los productores de granos y, de ese modo, acotar sus márgenes de ganancia. Habrá tregua con los insumos… mientras los dólares a $70 aparezcan.

 

 

 

 

La medida y contramedida del BCRA responde a las tensiones que sufre el mercado cambiario, con una pérdida de reservas del orden de los 1.000 millones de dólares en mayo y un incremento brusco de la brecha entre los tipos de cambio paralelos –contado con liquidación, dólar bolsa y el ilegal blue– y el oficial. Ese escenario obligó a un refuerzo del cepo que le permitió al Central en los últimos días realizar compras en el mercado y reducir la brecha, aunque al costo de recalentar la relación, por caso, con los importadores.

 

 

 

Las partes boxean sin guantes. Parte del mercado cree que, en un plazo no demasiado largo, el Gobierno va a tener que ceder y devaluar el peso, lo que explica que la retención de grano sea fuerte. Las estadísticas dan cuenta de un nivel de liquidación de exportaciones superior al del año pasado, pero esa lectura es engañosa: ese incremento surge de los contratos de venta cerrados de apuro antes de la asunción de Alberto Fernández, de modo de evitar el incremento de retenciones que el peronista traía debajo del brazo. Fuera de eso, la liquidación es la mínima posible.

 

La idea de una devaluación crece, especialmente entre los productores, ante la evidencia de márgenes que perciben como muy acotados para su negocio, a despecho de la decisión oficial de no ceder y apostar a más y más restricciones. Al tipo de cambio oficial de alrededor de 70 pesos hay que descontarles las retenciones, mientras que, en los hechos, los insumos no se adquieren de acuerdo con esa misma referencia.

 

“Hay dificultades, listas de precios que van cambiando. Los proveedores de insumos, semillas, glifosato, etcétera, no venden de acuerdo con un dólar de 70 pesos: no son tontos y saben que la demanda es alta, que el área triguera creció y que la perspectiva es buena para la soja”, le dijo a Letra P un referente del sector. “Esos insumos no vienen con un dólar a 110 pesos, como cotiza el dólar bolsa, pero tampoco a 70. Vienen con un dólar que podríamos llamar ‘conversado’”, agregó.

 

 

Si el Gobierno entrega a los acreedores un  cupón extra atado al crecimiento de las exportaciones, ya no tendría ningún incentivo para aflojar el esquema de retenciones.

 

 

Los eslabones más grandes y sofisticados de la cadena sojera, en tanto, prestan atención a un dato que Letra P había anticipado el 24 de mayo y que la agencia Bloomberg confirmó el martes: la posibilidad de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acepte entregar un cupón extra atado al crecimiento de las exportaciones para allanar la solución a la renegociación de la deuda con tenedores extranjeros. Si eso se concretara, el Gobierno ya no tendría ningún incentivo para aflojar el esquema de retenciones, sobre todo a la soja, el producto estrella de la Argentina. La causa es obvia: si un aumento de exportaciones gatilla pagos extra, el mismo, se supone, sería envasado en origen.

 

Atención: la queja por la rentabilidad y un estado de efervescencia latente tampoco permitirían hablar de una carga tributaria mayor. En ese sentido, las manifestaciones contrarias a la estatización de Vicentin que se registraron en las localidades santafesinas de Avellaneda y Reconquista encendieron luces de alerta inesperadas en la Casa Rosada.

 

 

 

En el sector cooperativo y las entidades que representan a los pequeños productores descansa el respaldo a la expropiación. Allí están los damnificados de una práctica comercial habitual en el sector pero que muchas veces se presta a abusos: la compra de grano a los productores sin pago ni fijación de precio inmediatos.

 

Esto se presta a todo tipo de promesas, como un sobreprecio futuro por encima del valor de mercado, en algunos casos en base a especulaciones sobre alteraciones, justamente, del tipo de cambio. El problema es que, de ese modo, Vicentin colgó a unos dos mil productores, a quienes dejó sin sus cosechas y sin el dinero prometido.

 

Fuera de ese mundo, extenso pero atomizado, la desconfianza prima y alcanza en estos días nuevas alturas. Son muchos los que se niegan a que el Estado meta la mano. Más, cuando es gobernado por el peronismo.