La pandemia sigue y, con ella, la cuarentena –aunque atenuada , sobre todo fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA– y una actividad económica a mucho menos que media máquina. Así, persiste también la necesidad de que el Gobierno sostenga el gasto extra del rescate para empresas y trabajadores este mes, cuando se espera que el número de casos pegue un estirón considerable. La polémica sobre los efectos de ese derrame generoso de pesos sobre la economía ya está instalada, pero la orden del presidente Alberto Fernández de empezar a hablarle a una sociedad cansada sobre el día después prenuncia una interna dentro del gabinete: técnicos versus políticos.
Es sabido que ni el ministro de Economía, Martín Guzmán, ni el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, son hombres de pensamiento ortodoxo. No obstante, por más que no trasladen de modo automático a la inflación los efectos de la emisión monetaria, saben que, tarde o temprano, esta termina por presionar sobre la cotización del dólar y que esto último puede ser la correa de transmisión para que el índice de precios suba un par de escalones más. De ahí el esfuerzo regulatorio de las últimas semanas para evitar que los tipos de cambio alternativos se despeguen todavía más del oficial, una pelea que está lejos de haber terminado.
Miguel Pesce, presidente del Banco Central.
No sorprende entonces que Guzmán haya planteado en una reciente videoconferencia organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que “el superávit fiscal es una variable crucial (…) para que el plan de la deuda sea sustentable”. Hablar de superávit fiscal equivale a pensar en el fin del financiamiento del Banco Central al Tesoro a través de emisión de moneda.
En tanto, Pesce fue todavía más directo en el último Informe de Política Monetaria del Central. “En los próximos meses, cuando la mayoría de las restricciones a la movilidad de personas y a las actividades productivas se levanten, el BCRA prevé un proceso de reacomodamiento gradual de precios relativos y conducirá sus políticas para que dicho proceso se dé en un entorno de inflación acotada”, dijo. “A medida que se levanten las restricciones a la movilidad de las personas y se reactive la economía, la expansión monetaria se irá absorbiendo. El BCRA actuará con todos sus instrumentos disponibles para absorber los excesos de liquidez y mantener la inflación acotada”, añadió de modo explícito.
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En tanto, en el ala política del Gobierno prima la idea de que la emisión no es inflacionaria per se. Como ejemplo de eso ponen el plan de emisión cero aplicado por Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2018, que sometió a la economía a una etapa larga y severa de recesión sin evitar que la inflación se instalara en torno al 50% anual. Para ese sector, la prioridad es minimizar todo lo posible la caída del producto bruto interno (PBI) del año, que proyecta en el 8 o el 9%, no lejos de los pronósticos privados más pesimistas. Asimismo, una inquietud paralela es evitar en todo lo que sea posible la destrucción de puestos de trabajo.
El análisis de los políticos sobre los efectos inflacionarios de la megaemisión de pesos oscurece un hecho: la serie de golpes devaluatorios que sufrió el peso 2018 y 2019 por motivos que, en ese caso, no fueron monetarios. Esto, como creen los economistas, explica el salto de los precios de esa etapa y constituye un factor peligroso para el orden macroeconómico.
La pregunta de fondo es a quiénes escuchará más Fernández cuando, por fin, llegue el día de la normalización de la economía. Las posibilidades de Guzmán de hacer pesar su mirada se vinculan directamente con el éxito o el fracaso que experimente en su principal batalla, misión que explica su mismo nombramiento en el Palacio de Hacienda: la negociación de la deuda.
La posibilidad de que haya fumata blanca con los acreedores externos crece conforme pasan los días, algo que abriría de inmediato el camino a la normalización de los otros tramos de los compromisos del país que hoy están en default. Ello fortalecería su posición dentro de la interna económica del día después.
El problema es que los modos de aspirar el excedente de pesos se vinculan con medidas de restricción del circulante y de incremento de las tasas de interés que podrían ralentizar el rebote de la economía después de tres años de caída, algo así como la antítesis del plan que Fernández le propuso a la sociedad en la campaña electoral. La interna oficial, en tal caso, se centraría en ese aspecto, lo que constituye un clásico de los gobiernos nacionales de las últimas décadas.
Más allá de eso, en el análisis económico de la coyuntura que se realiza en el mercado prima la convicción de que la ofensiva regulatoria y restrictiva sobre el mercado cambiario no evitará, a la postre, un reacomodamiento de los precios relativos. Si eso ocurre, los argumentos de quienes pretenden aspirar los pesos sobrantes acaso resulten más audibles.
