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Ultimátum de la federación de comerciantes al jefe de Gobierno para que las grandes cadenas no vendan ropa. La batalla por la indumentaria en el conurbano.

“Esto es terminal: si no podemos abrir, pídanles a ellos que no vendan lo que no nos dejan vender a nosotros”. Más como un ultimátum que como un pedido, representantes de la Federación del Comercio y la Industria (Fecoba) tiraron sobre la mesa, en una reunión con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, una inequidad que consideran una provocación: que los grandes supermercados vendan, en territorio porteño, indumentaria y calzado, dos de los rubros que están vedados para abrir sus locales y hasta de vender con sistema take away. Una pelea similar, un poco más silenciosa y con permisos especiales, se libra también en territorio bonaerense.

 

 

El conflicto tiene una magnitud especial en la Ciudad, un área carente de actividad fabril y centrada casi un 100% en la actividad comercial. En esa reunión, de la que participaron, además, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, y el subsecretario Pyme, Christian Bauab, el gobierno se comprometió a armar una mesa y resolver la cuestión de fondo en pocas horas. Allí mismo, el presidente de Fecoba, Fabián Castillo, pidió exenciones impositivas, condonaciones de ABL y créditos blandos del Banco Ciudad para paliar los efectos de un cierre de persianas que supera los dos meses.

 

Santilli, Larreta y Felipe Miguel, tres visiones sobre la apertura en comercios. 

 

El asunto es un emergente de la pandemia, que pone a Larreta entre la espada y la pared: definir una limitación de venta con los súper, los grandes pagadores de impuestos y recaudadores de IVA de la Ciudad, o enfrentarse al impacto social que tendría una protesta masiva de comerciantes independientes en las principales arterias comerciales del distrito, entre ellas, las avenidas Córdoba, Corrientes y Santa Fe.

La vuelta atrás en la flexibilización paulatina de la cuarentena reavivó la interna entre quienes promueven continuar con la apertura y quienes, amparados en la cuestión sanitaria, dudan de abrir la economía. En la Jefatura de Gobierno de Parque Patricios hay dos bandos: los aperturistas, encabezados por Santilli, y los conservadores, liderados por el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Ese cruce de visiones se intensificó en las horas previas a la conferencia conjunta de Alberto Fernández, el jefe de Gobierno y el gobernador Axel Kicillof. Por pedido del dueto Quirós-Miguel, Larreta retrocedió y en la Ciudad más de 10 mil comercios barriales, que desde el 12 de mayo habían regresado a la actividad con los protocolos correspondientes, tuvieron que bajar las persianas hasta nuevo aviso. Además, hay fuego cruzado por las zonas habilitadas para mantener comercios abiertos: hay barrios de la Ciudad que quedaron afuera y tienen más caudal de gente que, por ejemplo, el centro comercial de Tribunales, que está activo a pesar de la baja circulación de personas producto del aislamiento obligatorio.

 

Muchos intendentes están ordenando que los súper no vendas textiles. La Plata, un caso. 

 

Santilli y Giusti perdieron la batalla. Incluso, la Jefatura de Gabinete porteña quiso avanzar un paso más y puso sobre la mesa la opción de eliminar el servicio de retiro en sucursal (take away) de las actividades esenciales. Otra vez, Rodríguez Larreta tuvo que vestirse de árbitro para calmar a la tropa y optó por mantener el esquema para comercios del rubro gastronómico. Pero esa decisión recrudeció con el rubro de indumentaria y calzado, que reclama el mismo trato e insiste con sus protocolos sanitarios para abrir sus locales.

En la reunión con el Gobierno porteño, los comerciantes apuntaron contra los supermercados, pero también se barajó la posibilidad de trabajar, en un futuro, bajo un esquema de declaración jurada en el que comerciante y cliente firmen un acuerdo. El vendedor aclara que abre bajo estándares sanitarios y el comprador firma la conformidad y promete no elevar ninguna denuncia si existiere la posibilidad de contagio. Es una opción extrema, pero el larretismo la tiene bajo estudio. Nuevamente, la pelota la tiene el jefe de Gobierno.

 

 

En la provincia de Buenos Aires, las intendencias están cruzadas por el mismo conflicto. Algunos municipios, como Luján, Morón, La Plata y Bahía Blanca, ya les ordenaron a los grandes supermercados que no pongan a la venta textiles, calzado y hasta ropa de cama. Los más extremos también prohibieron juguetes, dado que las jugueterías en territorio bonaerense no tienen la autorización para abrir.

Pasó algo paradójico en las últimas horas: desde la Cámara Argentina del Juguete, llamaron a los súper, únicas bocas de expendio, avisando que ya estaban produciendo con normalidad y que entregaban. “Tengan paciencia, porque a algunos ya no nos están dejando vender”, les respondieron.

En el caso de otras localidades de la tercera sección, las intendencias recibieron pedidos para que puedan trabajar con retiro por local de indumentaria, juguetes y otros rubros cerrados. El problema en el conurbano que, en pocas cuadras, cuando cambia la jurisdicción, hay jefes comunales que están “dejando hacer”. Ante la imposibilidad de conseguir autorizaciones, se deciden por no clausurar locales que abren. Es que la presión de casi tres meses de cortinas bajas se impone.