Hasta que el bloque del Frente de Todos (FdT) no acuerde la decisión de presentarlo, la iniciativa que planteó la diputada nacional Fernanda Vallejos para implementar la capitalización estatal de empresas en crisis no saldrá de su estado embrionario, pero la idea existe y se cocina a fuego lento al calor de los debates que atraviesan al oficialismo sobre los recursos fiscales que puede utilizar para afrontar la crisis económica durante y después de la cuarentena.
Por el principio de irretroactividad de la ley, la idea en desarrollo no busca que el Estado reclame participaciones en las empresas que recibieron subsidios para pagar sueldos desde abril. No está concentrada en la ayuda estatal que reciben actualmente, sino en la que pueden necesitar en un escenario aún peor. Fuentes parlamentarias confiaron a Letra P que estará destinada a compañías de capital nacional que cotizan en Bolsa cuyas acciones afronten una estrepitosa caída desde el comienzo de la pandemia.
Esos activos, analizan en el oficialismo, se depreciaron en más de un 40% desde el comienzo de la cuarentena y esa luz de alarma motoriza parte de los apoyos empresariales que comenzó a acumular la idea que lanzó Vallejos.
Si la pendiente declinante en los valores de las acciones se mantuviera, la iniciativa le permitiría al Estado ayudar financieramente a esas firmas para evitar la quiebra o impedir que sus acciones fueran adquiridas a precio vil por parte de fondos extranjeros. A cambio, el Estado podría capitalizar parte de las acciones compradas, con la posibilidad de que sus dueños pudieran recomprarlas cuando hubiesen salido de la etapa crítica.
El universo de la iniciativa no incluye a pymes, sino que está compuesto por empresas de carácter estratégico para el país, que podrían afrontar una caída aún mayor en la cotización de sus acciones en el marcado. Otro punto que cosecha apoyos dentro del bloque tiene que ver con las restricciones para acceder a los programas estatales. La idea es impedir que empresas que fuguen capitales, evadan impuestos o despidan personal puedan aplicar a esos herramientas.
LOS CASOS EUROPEOS. Un estudio que circula en el bloque del FdT, al que accedió Letra P, analiza algunos casos internacionales. Recuerda que "tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos se han generado marcos normativos que plantean las condiciones para que las medidas de rescate de empresas en problemas económico-financieros incluyan la participación estatal en sus paquetes accionarios".
Uno de los casos paradigmáticos dentro del análisis es el programa de salvataje que impulsa la administración de la canciller alemana, Angela Merkel. Su gobierno "negocia la capitalización del 20% de (la aerolínea) Lufthansa por 9.000 millones de euros y la designación de dos directores, todo bajo el paraguas de un Marco Temporal de Ayuda que el gobierno alemán ha logrado con la aprobación de su Fondo de Estabilización Económica (FSM), un "marco normativo que prevé la recapitalización de las empresas que enfrenten dificultades económicas".
El germano es sólo uno de los casos enumerados por el estudio que circula dentro de la bancada oficialista. También hay paquetes de ayuda en otros países de Europa, como Francia, cuyo gobierno "ha implementado un acuerdo para otorgar préstamos garantizados a Air France-KLM por 7.000 millones de euros y un acuerdo con el Grupo Renault para otorgarle garantías para prestamos por 5.000 millones de euros".
En Italia, rige "un programa de asistencia a las grandes empresas italianas por 9.000 millones de euros". Un tercio de esos fondos (3.000 millones) fue destinado la aerolínea Alitalia, cuyo control ahora está en manos del Estado. También fue dictado un decreto, conocido como "Liquiditá", que refuerza "una facultad que tiene el Estado Italiano de intervenir en toda operación bursatil - financiera en la que capitales no italianos avancen sobre empresas y sectores estratégicos".
LA LEY DE TRUMP. El Congreso de los Estados Unidos sancionó un paquete de ayuda de 2.000 billones de dólares llamado "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" o ley "CARES". Cuenta con cuatro programas destinados a trabajadores, sus familias, pymes, gobiernos estatales y municipales, pero también hay uno destinado a "la preservación de empleos de la industria estadounidense, que provee significativos apoyos financieros a las empresas que mantengan sus niveles de empleo y estén preparadas para volver a la actividad lo más rápido posible".
Tiene dos mecanismos con los que "el gobierno federal puede tomar participación en el paquete accionario de las empresas que reciben asistencia financiera". Uno de ellos permite la transferencia de acciones como garantías para compensar los subsidios públicos que reciben y el otro establece préstamos garantizados para empresas que, a cambio, deben transferir sus acciones para cancelarlos.
