El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, salió al cruce de los dichos de un sector de la oposición replicados por grandes medios de comunicación sobre la existencia de un plan del gobierno que encabeza Axel Kicillof para la liberación masiva de presos.
“Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos”, dijo el titular de la cartera de Justicia en un hilo de su cuenta de Twitter. Sus dichos llegan luego de que se conociera un audio de la senadora por Cambiemos Felicitas Beccar Varela en el que relataba que el Gobierno orquesta un “plan estratégico” para liberar presos, amenazar jueces, romper relaciones con el Mercosur y expropiar empresas.
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“La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”, remarcó Alak poniendo en el centro de la escena al poder del Estado que ordenó –vía Casación penal– la liberación de personas privadas de su libertad que estén en grupos considerados de riesgo, bajo el argumento de evitar un brote de contagios de Covid-19 intramuros. Es que si eso sucediese, se pondría en riesgo la salud de la población carcelaria y al mismo tiempo se detonaría el sistema sanitario, lo que desde el minuto uno el presidente Alberto Fernández intenta evitar con la aplicación de la cuarentena para el aplanamiento de la curva de contagios.
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En su hilo de la red social, el ministro mandó un mensaje teledirigido a un viejo conocido, el procurador Julio Conte Grand. “Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial”, dijo. Y más: “Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales”.
“Por lo tanto –cerró Alak su comunicado vía red social–, el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad”.
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