En un comunicado de prosa afinada pero mensaje concreto, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) protestó la decisión del Gobierno de poner el mismo nivel de retenciones al campo que a los que le dan valor agregado a la soja. Además, le marcaron la cancha a los productores, evidenciando detalles de la primarización del negocio de los cultivos sin procesar y el impacto negativo en precios y el ingreso de dólares. Una guerra de sojeros que venía dándose en silencio y que separa, de algún modo, al campo más cercano al gobierno de Alberto Fernández -los exportadores de aceite y harinas- y los productores de las entidades que integran la Mesa de Enlace.
“El Decreto 230/2020 publicado en el día de la fecha, eleva las alícuotas de derechos no solo para la soja sino también para la harina y el aceite de soja castigando, a través de un impuesto al valor agregado de exportación, la industrialización, el empleo y la mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador nacional y líder mundial en estos productos procesados”, dice CIARA. Y agrega que “el Gobierno ha establecido derechos de exportación inferiores, que las materias primas, para la harina de trigo, de maíz, maní procesado, pescados procesados entre otros, apostando a generar empleo y mayores exportaciones de productos industrializados. Es por ello que proponemos que el Gobierno aplique un tratamiento impositivo igualitario para poder recuperar la fortaleza de la industrialización de soja en nuestro país”.
Basterra con Enlace, en la negociación por retenciones.
Cuando el Ministerio de Agricultura que conduce Luis Basterra inició el diálogo para subir tres puntos las retenciones a la soja, para llevarlas hasta un 33%, hubo lobby aceitero para lograr esta diferencia, pero eso quedó en la nada. De allí en más, empezó a haber cruces de mensajes entre industriales y campo primario. “El proceso de primarización de la soja, que implicó que su venta como poroto sin procesamiento al exterior creciera el año pasado un 140% -según datos del INDEC- atenta contra el desarrollo del empleo, la industrialización en el país y deprime los precios locales a los productores, por lo que reduce la exportación de productos con mayor valor agregado y consiguientemente el mayor ingreso de divisas. Actualmente, la industria tiene una capacidad ociosa del 43%”, siguió la entidad.
Idigoras (CIARA), en el centro, junto a Pelegrina, de Sociedad Rural.
CIARA, que mantiene nexos fluidos con el Gobierno, aclaró que “entiende que el Gobierno está enfrentando el desafío de lograr una deuda externa sostenible, pero estamos convencidos que se debe hacer con una lógica de construcción y defensa de la industria nacional. Los países competidores celebran esta medida porque podrán desplazar a la Argentina de mercados compradores, instalar fábricas de molienda en otros países, así como se profundizara las exportaciones de poroto de soja sin procesar”.