En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el presidente Alberto Fernández enfocó el tema de la inseguridad en Santa Fe, puntualmente en Rosario, al anunciar el fortalecimiento de la justicia federal para causas de narcotráfico y lavado de activos en el marco de una reforma judicial de fondo. El anuncio se ajusta a la necesidad del gobernador Omar Perotti en momentos en que la problemática desborda su gestión.
Fernández propuso resolver un punto en el que Santa Fe está rengo desde hace años: la presencia federal en la provincia. Por eso, propuso la apertura de un juzgado, una fiscalía y una defensoría para causas de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas para el departamento de San Lorenzo, una zona caliente y determinante por ser el núcleo del cordón portuario de la región Rosario.
Desde hace años se señala a San Lorenzo como una zona con connivencia criminal, policial y hasta política. Justamente, en diciembre pasado, el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, dispuso la intervención de la Unidad Regional Policial XVII.
Fernández anunció la creación de una sala y una secretaría también para los delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Además, para fortalecer el Ministerio Público Fiscal, se reforzarán cargos de fiscales y asistentes con un coordinador de distrito.
El anuncio se hace eco de las declaraciones del propio Fernández del pasado jueves en el acto por los 208 años de la creación de la bandera, en Rosario. Allí se cargó la responsabilidad de resolver la problemática, en lo que se leyó como un apoyo a la gobernación. "En Rosario la Justicia tiene que hacer más", arremetió a los pies del Monumento a la Bandera.
El presidente respaldó al gobernador santafesino el jueves pasado en Rosario.
Y agregó: “Estoy para solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado en Rosario y en todo Santa Fe. Sé lo que pasa con la policía, sé lo que pasa con la Justicia. Haré lo que haga falta para ver castigados a los responsables de tanto delito", enfatizó.
La ola de crímenes en Rosario -47 desde que comenzó el año hasta el cierre de esta nota- fue vinculada por los especialistas, incluso por el propio ministro de Seguridad, con la disputa territorial y por la conducción de las organizaciones criminales de terceras o cuartas líneas, dado que los cabecillas históricos fueron encarcelados. Además, el Gobierno entiende que la decisión de cortar la connivencia de parte de la policía con las organizaciones con una purga al interior de la fuerza tuvo sus efectos. "Es el inicio de la ruptura del pacto", sostuvo Sain.