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El Gobierno ordenó revisar las transferencias hechas en los últimos tres meses de la gestión de Cambiemos. El decreto se publicó en medio de los tironeos por los fondos de coparticipación.
Redacción 17/02/2020 10:39

La disputa por los inmuebles que la Nación cedió a la Capital en los últimos tres meses de la presidencia de Mauricio Macri volvió a tensionar la relación entre el gobierno de Alberto Fernández y la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Este lunes el gobierno nacional estableció por decreto que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) deberá "revisar" en no más de 60 días la "legalidad" de los procesos por los cuales el Estado nacional transfirió inmuebles a la ciudad de Buenos Aires entre diciembre del 2015 y diciembre 2019.

La lupa estará puesta especialmente sobre 31 escrituras, firmadas entre el 19 de septiembre y el 10 de diciembre de 2019, por un total de casi $16.000 millones.

 

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También la administración de Fernández derogó una norma que facultaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a "dar en pago" bienes en desuso para "cancelar deudas y afrontar compromisos financieros" del Estado nacional con las provincias o la ciudad de Buenos Aires.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que le medida tomada por Macri “desnaturaliza la función asignada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”.

Desde el entorno de Larreta aseguran que se trata de "una estrategia" del gobierno nacional para "tener alineado a Horacio y que no se les rebele", según argumentaron al diario La Nación. En Balcarce 50, lo niegan rotundamente. 

Esta avanzada de la gestión del Frente de Todos se conoce en medio de la disputa por la reducción de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que el gobierno de Alberto Fernández se encamina a concretar.

Mientras que en la Casa Rosada analizan recortar entre el 1% y el 1,1%, en la Jefatura de Gobierno sostienen que la poda que no puede estar por encima del 0,5%. La brecha es enorme.

Tal como publicó Letra P, la discusión ronda los 18.000 millones de pesos. Explicado de otra manera: el Gobierno propone que la quita sea de al menos un punto, lo que equivaldría a 36.000 millones, y en la Jefatura de Gobierno argumentan que esa cifra sería "letal" y proponen reducirla a la mitad.