06|9|2021

Triple descongelamiento

07 de diciembre de 2020

07 de diciembre de 2020

Con la autorización del aumento de tarifas, el Enacom iniciaría la reglamentación del DNU 690. El lobby de los gigantes y qué piden las pequeñas operadoras.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunciaría próximamente los montos que autorizará para las empresas telefónicas a partir de enero de 2021, así como la tarifa para la “prestación básica universal obligatoria” para todos los servicios alcanzados por el DNU 690/2020.

 

Esto marcaría el inicio de la reglamentación del decreto que, como afirman en el Enacom, se hará por partes. Lo primero es definir el “descongelamiento” y la “tarifa social”.

 

La semana pasada, se difundió por distintos medios la realización de una reunión entre ese organismo y los prestadores de telefonía móvil, Movistar, Personal y Claro, que no resultó bien. Las posiciones de cada parte sobre el porcentaje de los aumentos estaban muy alejadas: las compañías pedían el 20% y el Enacom jugó un 5%. Esto generó un gran malestar.

 

Previamente, las empresas ya habían anunciado aumentos a sus clientes, pero esos montos no están convalidados por la autoridad de aplicación. ÑPor estas horas, se rediscutía todo y la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, que analiza los detalles de los próximos anuncios, que serían inminentes, sobre la autorización del descongelamiento.

 

En relación a la “tarifa social”, si bien se habla de los cuatro servicios (telefonía fija y móvil, Internet y TV por cable), distintos actores consultados por Letra P señalan que las discusiones más avanzadas involucraban a la telefonía fija y móvil con datos. En el caso de Internet, el escenario es más complejo por la cantidad y diversidad de jugadores y las discusiones sobre la TV paga venían un poco más atrás. Aunque por ahora nadie se anima a adelantar los detalles de las prestaciones mínimas que se incluirían para cada caso, se habla de una definición que contemplaría el tipo de prestador, la localización geográfica y nivel socioeconómico de los beneficiarios.

 

Fuentes de Telecom dijeron a Letra P que no sería un problema el servicio básico social, porque es algo que ya venían haciendo para paliar los efectos de la pandemia, aunque se preveía que fuera por tiempo limitado. Sostienen que su principal urgencia es la definición sobre el descongelamiento y piden recomponer los precios que, según afirman desde la compañía, están hace casi un año sin actualizar, cuando los niveles de inflación son del 30% desde abril de 2020. “Esperamos tener un sendero de recomposición de nuestros ingresos acorde con los índices de inflación”, aseguraron e indicaron que entienden que no es posible trasladar de una sola vez a los clientes.

 

La definición de servicio público en competencia, la devaluación y la dificultad en el acceso al mercado de cambios genera una situación de incertidumbre para las inversiones de la compañía, sostienen en Telecom.

 

Su desacuerdo con la declaración de servicio público en competencia que estableció el DNU ya había sido expresado a través de la solicitada conjunta con los grandes jugadores de la industria difundida el 25 de agosto de 2020. También se manifestó con la judicialización de la medida por parte de Telecom, Telefónica, Telecentro y DirecTV. Sobre esto, por el momento, no hubo pronunciamiento en la justicia.

 

Por su parte, fuentes de Claro consultadas por este portal también señalaron las dificultades para afrontar las inversiones para 2021 y apuntaron a una gran pérdida nominal de ingresos durante 2020 en un contexto inflacionario y de devaluación donde el componente de costos en dólares es muy alto.

 

Desde la empresa sostuvieron que, para recomponer la situación, es necesario recuperar ingresos por la vía de la segmentación de clientes, es decir, permitir los aumentos en los segmentos premium, a los que no tiene sentido subsidiar. “Hay que buscar salidas distintas para segmentos con mayor capacidad de consumo o servicios premium”, aseguraron.

 

Para esta nota, Letra P intentó también contactar a fuentes de Movistar, pero no hubo respuesta.

 

El presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer, alertó sobre el peligro de reducir la industria a los tres grandes prestadores de telefonía móvil. Le dijo a Letra P que “arreglar” solo con los grandes es olvidar que hay más de 1.000 operadores con licencia para la prestación de servicios de Internet con realidades distintas. “Estamos preocupados, porque se dan situaciones de las que no somos partícipes”, dijo.

 

Graizer contó que Cabase presentó un escrito al Enacom en el que explicaba que hay un entendimiento sobre la “tarifa social", pero que ésta no puede ser única para todo el país. Debe tenerse en cuenta el tamaño, tipo de actor y tecnología de acceso para fijar el precio para la tarifa social.

 

Otra de las demandas planteadas al Enacom en el escrito de Cabase fue que haya un dólar diferencial para toda la cadena de la industria.

 

Desde el sector cooperativo, Ariel Fernández, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), dijo a Letra P que “lo que más nos apremia hoy es el descongelamiento de tarifas. Todo lo que tuvo que ver con la exigencia de la pandemia, que fue el mayor consumo, se vio reflejado en mayores inversiones en equipamiento que está dolarizado. Por lo tanto, el movimiento del dólar afectó fuertemente la estructura de costos con una tarifa congelada”.

 

En torno a la prestación básica universal obligatoria, Fernández explicó que la organización que preside está de acuerdo, pero pide que no se tomen en cuenta los productos que agregan más valor, los de fibra óptica, que son los que más inversión requieren.

 

CATE, la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor) y la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba) enviaron una nota conjunta al Enacom en la que reclamaron una regulación asimétrica para promover el desarrollo local, especialmente en localidades de menos de 100 mil habitantes; comprometer una tarifa social que atienda a los grupos vulnerables, regular con precisión las tarifas must carry-must offer. Además, pedían una regulación que contribuyera a reducir las asimetrías entre operadores y la promoción de medidas de fomento al despliegue de fibra óptica mediante fondos del servicio universal, entre otros aspectos.

 

Si bien las demandas y propuestas difieren según los actores, el apremio sobre el descongelamiento de tarifas es generalizado. El Enacom lo tiene claro. Habrá que ver cómo atiende la complejidad de un sector que involucra a muchos y muy diversos actores.